Ejercer autoridad siempre ha envanecido al ser humano, hasta llevarle a extremos de instituir el autoritarismo y el culto a la personalidad. Cuando el verdadero sentido que debe perseguir el ejercicio del poder y la autoridad en el servicio público, desde cualquier posición, sea electiva o designada, es coadyuvar a construir el presente de los pueblos para que las generaciones venideras tengan un futuro asegurado. Sin embargo, los políticos, al utilizar la política y la autoridad, su prioridad no siempre es el servicio público.

La filosofía de las leyes fundamentales, expresadas y recogidas en sendas constituciones cuyos principios declaran los derechos y deberes de los ciudadanos y autoridades, como el modo de su organización y los fines del estado; son conceptos básicos, que deben  mantenerse estables, como base de solidez y sustento jurídico de una nación para dar seguridad al desarrollo de las actividades económicas productivas. Aunque el problema no está solo ahí.

Es también al orientar las acciones de un gobierno a limitados propósitos partidistas o doctrinarios que sólo arrastran a sostener sistemas en permanente crisis. Estas, son las principales causas que conducen al enfrentamiento dentro de las sociedades, sometidas al juego del poder político, en nombre de soberanías poco entendidas o mal interpretadas y de ideales que se suponen deberían favorecer los intereses populares. Es decir, el ejercicio de la política, en el sistema actual, sin duda, da lugar para que se confundan los intereses personales o partidistas, de tipo ideológico o dogmático con los de todo un pueblo o una nación, a través de favorecer resultados de una democracia ficticia.

Sin duda, la solución pasa por estructurar una nueva organización administrativa del estado que debe tener a la economía como ciencia y al derecho como obligaciones y deberes, entre sus fines como estado y, no como medios para perseguir metas ajenas a las de lograr la prosperidad integral de la sociedad. Es decir, sólo ese contexto de la administración del Estado, permitirá alcanzar el denominador común que identifique los intereses entre los individuos y grupos con los de la sociedad, al llegar a obtener las condiciones ideales para cumplir los propósitos de la autoridad pública, cuyo objetivo colectivo entre todos los ciudadanos y el Estado es lograr el bienestar de la población.

En esa dirección, las funciones del Estado deberán ser autónomas, al tener formas independientes para elegir o nombrar a sus miembros, como tampoco se fiscalizarán entre si; pero responden ante la obediencia de la Ley y al control directo del poder soberano del pueblo, en el ejercicio de la democracia participativa a través del voto como práctica de los derechos de las libertades civiles o públicas. De este modo, no sólo se llegará a conseguir un balance apropiado y una verdadera separación de poderes que les permita cumplir sus propias responsabilidades, al igual que a los gobernantes y los ciudadanos; si bien, en el orden imperativo de un principio universal nadie está sobre la Ley. Al efecto, estarán bajo la lupa de vigilancia y resguardo de la población.

De la misma manera, se corregirá también el manejo de la Economía, que desde la visión de los políticos está sujeta a los vaivenes de la política –luchas internas por mantener o alcanzar el poder político–, que va en perjuicio del desarrollo económico de las naciones, cuyas consecuencias la sufren los pueblos, abocados a ser sólo los testigos de su propia historia.

En reemplazo de esas viejas estructuras políticas para administrar la economía del Estado; cabe implementar esta nueva organización del Estado, que comprenderá un sistema administrativo de tipo económico, donde cada institución/empresa, estará regida por directorios integrados por representantes de la sociedad organizada y, vigilada por todos los ciudadanos. En el contexto de prácticas integradas al desarrollo de una democracia participativa: donde los pueblos pasan a ser los protagonistas de su propia historia.

Esta nueva administración del Estado, constituida sobre la base de la prosperidad integral de las naciones a través de la aplicación científica de las ciencias económicas, estará representada/conducida por quienes no sólo tienen el conocimiento, sino el deber de servicio hacia esos intereses nacionales; es una diferente perspectiva de asociación profesional de servicios; bien que, por principio con alternabilidad.

Por tanto, en el ámbito de la administración del estado o actividades de gobierno, todas las medidas o acciones, deben ser consideradas como materia económica, aunque parezcan de tipo sociales o de otra índole; pues su origen y consecuencia es económica. Es decir, dentro de las sociedades de economía de mercado, la política económica debe crear una estabilidad real, que permita cumplir la finalidad colectiva entre los deberes de la autoridad o gobierno y los intereses de la sociedad.

En definitiva, el objetivo primordial para lograr el desarrollo económico es reemplazar esa vieja organización política –de practicas erróneas que reparten la pobreza–, por esta nueva estructura, de un régimen de gestión económica -Estado/empresa–, con el objeto de poder eliminar una dependencia crónica de los impuestos –que reducen inversiones y capacidad adquisitiva del salario– y, pasar a financiar sus servicios y demás actividades con la rentabilidad de sus propias inversiones productivas.

Esta es materia complementaria de la tercera vía, que como solución, ofrece la propuesta del libro titulado: Economía Siglo 21: Capital de Asociación de Mercado.

Fuente: www.lavanguardia.es/