En días pasados la Academia Nacional de Ciencias Económicas y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales presentaron a la opinión pública nacional un documento conjunto titulado "Venezuela ante la crisis" (www.ance.org.ve), en el que se analizan los efectos de la actual crisis global sobre Venezuela y se concluye que será la reducción abrupta de los precios petroleros lo que mayor repercusión tendrá sobre su economía. Sin embargo, se plantea allí que la implementación de una serie de políticas públicas y acciones gubernamentales agravarán notablemente esas consecuencias.

Así, el debilitamiento financiero de Pdvsa producido por el financiamiento masivo de gasto público, por la importación y distribución de alimentos y por la compra de empresas ajenas a su actividad medular, ha resentido notablemente nuestra principal industria. Adicionalmente, el uso de más de 30 millardos de dólares de las reservas internacionales del BCV para financiar gasto público, en vez de utilizar esos recursos para la formación de un fondo de estabilización macroeconómica que busque protegernos contra una caída de los precios de petróleo, como la que se produjo, ha incrementado la vulnerabilidad de la economía a shocks externos.

La elevada sobrevaluación de la moneda debido a la fijación del tipo de cambio oficial por más de 4 años, a pesar de padecerse una inflación interna muy superior a la de nuestros principales socios comerciales, ha minado la capacidad competitiva del aparato productivo local y ha puesto a depender al país del suministro externo.

Estos hechos, combinados con el acoso sistemático a la empresa privada, el desgaste de la infraestructura física, la decadencia moral cada vez más arraigada, la corrupción y la inseguridad desenfrenada, la ausencia de un Estado de Derecho debido a las repetidas violaciones de la Constitución y las leyes, el irrespeto frecuente de derechos fundamentales como el de la propiedad, y la gran inseguridad jurídica, exacerbada por la ausencia de independencia de los poderes públicos, crean un clima de incertidumbre y de gran adversidad que desmejora la calidad de vida, desestimula la inversión y pone a la nación en situación muy vulnerable para afrontar circunstancias externas adversas.

Consideran las Academias que se hace imperativo un cambio de rumbo en la conducción del país, y recomiendan la implementación de un plan de desarrollo nacional integral y sustentable que tenga como objetivo fundamental la erradicación de la pobreza, la inclusión social y la superación del ser humano. Este plan tiene que fundamentarse en un acuerdo social que le dé permanencia en el tiempo, conforme a los valores superiores del ordenamiento jurídico, y dentro del marco constitucional del sistema económico armónico que postula la convergencia del esfuerzo privado y del poder del Estado.

En la consecución de ese acuerdo social la intervención activa del Estado es fundamental para el establecimiento de unas reglas de juego claras, creíbles y permanentes, así como para la creación y preservación de un ambiente en el que se asegure la independencia de los poderes públicos, la democracia, la libertad y los derechos de los ciudadanos. Sólo así podrá fomentarse la inversión reproductiva que asegure la diversificación económica y la generación de múltiples fuentes de empleo permanente y bien remunerado, condición fundamental para lograr el abatimiento de la pobreza, el control de la inflación y la consecución de altas y sostenidas tasas de crecimiento.