La brecha entre el tipo de cambio oficial y el no oficial genera distorsiones indeseadas para la economía,

es decir que le implica un costo en términos de eficiencia y bienestar a la sociedad venezolana y a los mercados domésticos.

Producto de un elevado riesgo regulatorio o incluso falta de institutos jurídicos en favor de una economía de mercado robusta, los empresarios podrían preocuparse ante eventuales sanciones producto de fijar precios a un tipo de cambio distinto al oficial (aun cuando estos constituyan costos incrementales, evitables o de reposición).

Supongamos que los empresarios siendo aversos al riesgo e incluso neutrales al riesgo podrían evitar elevados costos y riesgos “regulatorios” esperados por lo que pudieran decidir fijar sus precios al tipo de cambio oficial lo que implica pinzar sus márgenes o asumir un costo de reposición superior al que podrían considerar en un eventual e hipotético escenario de passthrough completo de los costos hacia los precios. Lo anterior se traduce en un desincentivo a la oferta lo que atenta en contra del abastecimiento de productos, independientemente que existan consumidores con disponibilidades a pagar para soportar el passthrough de los costos de reposición. Este constituye una fuente de ineficiencias en los mercados en el país.

Adicionalmente, parece oportuno aclarar un punto. Supongamos que existen empresarios con acceso al tipo de cambio oficial, lo que implicaría que en materia de una eventual formación de precios vía Cost-plus, no les afectaría la brecha cambiaria. Sin embargo, respecto a sus competidores que no tengan acceso al dólar oficial sino al tipo de cambio paralelo, habrán ganado una ventaja competitiva artificial.

Esta ventaja competitiva es vinculante -“binding”- en la medida que quienes tengan acceso a un tipo de cambio oficial compitan basado en su ventaja en costos y en la medida que pince márgenes a los competidores. En un extremo podría estar expulsándose del mercado a competidores más eficientes que los que gozarían de acceso al dólar oficial en la medida que la brecha sea significativa y de peso significativo en la estructura de costos (caso de importadores o retailer, etc.). Esta constituiría otra fuente de ineficiencias sociales.

De hecho, por más que las empresas inflen otros conceptos de costos para cubrir la brecha cambiaria y finalmente suban sus precios, por un lado, el passthrough es parcial -dependerá de la elasticidad de la demanda y de la oferta- y por el otro lado, dicho passthrough podría simplemente no ser admitido por el mercado ni siquiera parcialmente (si la demanda es extremadamente elástica), lo que implica que dicha carga va contra el margen del oferente totalmente. En un extremo de mercados homogéneos e incluso diferenciados verticalmente  en calidad, quienes disfrutan de dicha ventaja artificial podría quedarse con el mercado.

Constituye un error creer que cualquier sobre-costo no posee incidencia en la oferta si no se deja al mercado reflejar costos incrementales como los de reposición.