En la antesala del inicio de un eventual año preelectoral, ante un repunte de la inflación y de la devaluación, el gobierno anuncia el “retorno”

de controles de precios y la prórroga por dos años de la inamovilidad laboral (más que retorno, como lo hemos dicho en análisis anteriores y a contracorriente de analistas y periodistas que cubren la fuente económica, nunca se habían ido!!!).

La actuación de la SUNDDE como ya se ha hecho costumbre -a pesar de su pausa eventualmente enmarcada en un intento por hacer ver una supuesta apertura económica desordenada y no como parte de un modelo país-, ocurre en fechas decembrinas cuando las personas y hogares observan una mayor presión y estrés sobre sus presupuestos. En este sentido, la SUNDDE ha aplicado una especie de patrón estacional de sus controles de precios y eventuales fiscalizaciones, aún cuando la SUNDDE haya publicado y luego retirado de las redes sociales una lista de precios sobre una serie de productos “priorizados” o regulados y luego ratificado por la fracción oficialista de la Asamblea Nacional.

Llama la atención la prórroga de la inamovilidad laboral justo en un periodo de supuesta expansión económica y de expectativas de crecimiento económico para el año 2023. Este tipo de carga regulatoria impone barreras a la entrada y desincentivos a la expansión de las operaciones y de personal -prima facie-. Rigidiza el mercado laboral justamente en un periodo de supuesta expansión económica.

Sin embargo, si se considera que sueldos y salarios han perdido peso relativo sobre las estructuras de costos, dicha regulación no hace sino otorgar un “derecho” a favor de la persona empleada -léase empleada como la persona que se encuentra actualmente trabajando en detrimento de quien no lo está ya que rigidiza el mercado laboral para eventuales nuevas contrataciones-, que dada la depauperación del salario, no comprometería reducciones de personal buscando ahorro de costos y ajustes de nivel operativo sino compartiendo con el empleado parte de dichos ahorros.

Adicionalmente, si el sueldo se encuentra muy depauperado, tampoco tendría porque representar una barrera insalvable a la contratación, a pesar que obviamente pinza márgenes y compromete ciertamente hasta cierto nivel la restricción de participación de las empresas.

Aún así, podríamos pensar que las empresas racionales -entre otras, caracterizadas como maximizadoras de beneficio- podrían anticipar los costos de negociación de retiro o “despido/renuncia” de los trabajadores lo que incidiría en la demanda de trabajo a la baja afectando negativamente el nivel de sueldos y salarios en el mercado - efecto contraproducente de una regulación de orientación populista-. De hecho, frente a problemas de asimetría de información ex ante del tipo Selección Adversa respecto a la calidad del trabajador -no sólo en lo que a su cualificación técnica se refiere sino a su capacidad de inserción corporativa, que puede representar información privada del trabajador-, el sobrecosto que impone la regulación de inamovilidad puede terminar expulsando a los buenos empleados del mercado laboral que no estarían dispuestos a trabajar por sueldos inferiores a su productividad (un problema tipo “Market for Lemons”, ver Akerlof). Otro de los efectos perniciosos es la eventual desinformalización de la actividad económica por sobrecargas regulatorias y fiscales.

Obviamente existe un costo social de sacrificio de eficiencia en favor de proteger a un grupo reducido y determinado de trabajadores -eventualmente, aquellos poco productivos y “conflictivos”-. Si adicionalmente consideramos que en Venezuela el nivel de empleo formal es muy bajo, dicha política luciría contraproducente.

Así las cosas, un control de precios que “no aplico salvo que lo requiera políticamente” -especialmente ante ausencia de justificación motivada, el debido proceso de diseño regulatorio y una defensa de los derechos de propiedad- y una política de inamovilidad que podría resultar prácticamente inocua cuando no contraproducente; lejos de representar una viveza criolla buscando “lo mejor de los dos mundos” a conveniencia, lo que significa es una total ausencia de un modelo de país y de instituciones robustas alineadas con el progreso.