A lo largo de un buen periodo de tiempo ha sido titular en la fuente económica declaraciones realizadas por representantes del sector productivo

agrícola del rubro maíz, por medio de las cuales asoman cierta dificultad en sus operaciones e incluso diferencias con la agroindustria respecto al precio de adquisición de dicha materia prima.

En este orden de ideas, FEDEAGRO precisó que “habría una recuperación del 25% en la superficie del maíz” y del arroz, destacando que respecto al sector en general, la producción agropecuaria del 2022 “fue muy buena, pero a nivel de ingresos y pagos a los productores estuvo muy bajo”. También confesó que ya la cosecha comenzó hace una semana y “los rendimientos por hectáreas van en mejoría”, siendo esto una noticia positiva, ya que seguiría aumentando (las negrillas son nuestras).

En ese sentido, el presidente de FEDEAGRO, según reporta el portal FEDECAMARAS radio, habría afirmado que se requiere “que el gobierno cree una agricultura de contrato ya que no pueden volver a sembrar a ciegas y que les coloquen precios sin respetar el costo” (las negrillas son nuestras).

De cara al 2022-2023, el representante gremial aseguró que “se produciría alrededor del 50% de las necesidades de los venezolanos respecto al rubro maíz, una vez que se encontraban abasteciendo alrededor de un 20 o 15%” de las necesidades domésticas hace años y ya irían repostando el 50% y “lo que constituiría una franca recuperación”.

Agregó que el país no está generando insumos y el 70 o 75% debe comprarse en el extranjero.

Finalmente manifestaría que el sector primario es un sector que sin crédito bancario no va a crecer por lo tanto se espera tener dichos créditos para que el año 2023 sea similar al año 2022. 

Por su parte el presidente de FEDECAMARAS Portuguesa habría señalado que en cuanto al maíz, se habría concretado una oferta de 1 millón de toneladas a nivel nacional, lo que representaría el 25% de la demanda interna, según cifras del Ministerio de Alimentación, por lo cual el estado Portuguesa se encontraría aportando unas 550.000 toneladas.

El alto representante de FEDECAMARAS Portuguesa habría asegurado que “adquirir ese millón de toneladas no significaba un problema para la industria, puesto que tendria que ir al mercado internacional a conseguir el otro 75%, y que lamentablemente en el momento de la cosecha, el precio internacional estaba en unos $474 por tonelada, llegó a subir inclusive a $502 por tonelada y, sin embargo, el sector agrícola estaba solicitando $450 por tonelada de maíz, lo que resultaría por debajo del precio de importación” (las negrillas son nuestras).

Asimismo, agregó que gran parte de los productores agrícolas “no están en la capacidad de guardar el producto”, ya que pasadas 72 horas luego de la cosecha tienen que entregarlo (las negrillas son nuestras).

Varios temas resaltan de las declaraciones realizadas por representantes del sector agrícola, sin embargo dos destacan especialmente: primero, que los precios que se estarían pagando por el maíz en el mercado nacional “no respetarían los costos y se encontraría por debajo de los precios de importación de dicho rubro”; y segundo, “el volumen de la producción se encontraría en aumento”.

Primero, por un lado, respecto a “precios que no cubren los costos”, habría que contar con mayor información relacionada con cuáles serían los costos que, eventual o supuestamente, no estarían siendo reconocidos en el mercado doméstico a la hora de determinarse el precio del maíz (o más precisamente el precio pagado por los demandantes de dicho insumo en el país).

La teoría económica suele reconocer situaciones en el corto plazo en las cuales, por ejemplo producto de cierto oportunismo ex post a haberse incurrido en ciertos costos hundidos, sólo se reconozcan los costos evitables o incrementales a la hora de formar o fijar precios por parte de la contraparte o comprador. Sin embargo, en el “largo plazo”, siendo recurrente y anticipable dicha determinación oportunista de los precios, los productores de dicho rubro dejarían de producirlo.

Por el otro lado, en el caso que exista la posibilidad de importar el rubro, el precio de paridad de importación podría representar un upperbound para el oferente del producto, especialmente si nos estamos refiriendo a un commodity y no existe poder de marca ni diferencias de rendimiento/productividad en dicho insumo. Sin embargo, el hecho que un precio doméstico se encuentre por debajo del precio internacional podría ser indicio de poder de mercado por parte de los compradores, siendo que la oferta del rubro doméstico podría resultar poco elástica y no contaría con el mercado internacional como una opción alternativa para buscar demandantes.

Segundo, cuando suele asomarse la posibilidad de un abuso de un poder de mercado significativo -en el caso que nos ocupa, como comprador o eventualmente monopsonista- cabría pensar en un test que tenga por subyacente las cantidades demandadas (eventual generación de pérdida de peso muerto aguas abajo en el mercado de consumo final). Basándonos en el hecho que una empresa monopólica restringiría su oferta final de productos, se esperaría que hiciese lo mismo en su demanda de insumos aguas arriba.

Sin embargo, lo anunciado por representantes del sector agro en el país apuntaría a una expansión de los volúmenes cosechados. Aún así, método lógicamente hablando dicho test de un abuso de una eventual posición dominante por parte de un demandante aguas abajo o producto de una cartelizacion aguas abajo suele controlar el resto de variables salvo el precio. Es así como, ante un escenario de eventual expansión o recuperación de la demanda final de los productos derivados del maíz, podría producirse un ejercicio de una eventual posición dominante monopsónica aún aumento la demanda del insumo aún cuando a niveles inferiores para proveer en el mercado del producto final aguas abajo cantidades eficientes o socialmente deseables (este es un tema empírico que habría que contrastar).

Dicho lo anterior, las eventuales inquietudes o temas relacionados con el poder de compra se refieren a cómo las empresas aguas abajo pueden afectar los términos de intercambio con los proveedores aguas arriba. La literatura especializada reconoce dos situaciones: por un lado, cuando existe poder monosópnico o se ostenta y abusa de una posición dominante como comprador, y por el otro lado, cuando existe poder de negociación por parte del comprador. Si bien ambas se diferencian en su naturaleza y definición, en términos de su incidencia sobre la eficiencia de los mercados pueden no diferir, necesariamente, en forma sustancial (es decir, aún cuando respondiendo a naturalezas distintas pueden producirse, en ambos casos, situaciones donde se lesionan a los consumidores finales aguas abajo).

Sin embargo, en el caso de poder de negociación por parte del comprador, éste puede resultar socialmente deseable en la medida que exista poder de mercado sustantivo aguas arriba y cuando en ausencia del primero, los proveedores ejercerían su posición dominante en detrimento del bienestar social. En este caso particular, el poder de negociación aguas abajo puede resultar un poder compensatorio que puede permitir aumento de la oferta tanto aguas arriba como aguas abajo.

Si bien por definición el poder de negociación incidiría primeramente sobre la regla de reparto del valor del bien sobre las partes, sin tener que incidir necesariamente sobre el resultado o nivel de oferta final en el mercado de consumo final aguas abajo; pude llevar a algunos resultados no deseados socialmente hablando.

El poder de negociación aguas abajo por parte de un comprador hacia su proveedor de materia prima podría, en ciertos casos, resultar contraproducente para los mercados, el bienestar social y en consumidor final aguas abajo cuando tal poder de negociación arroja resultados infructuosos en las negociaciones y no se concretan los intercambios o contratos, así como cuando se utiliza para capturar cuasi-rentas lesionando incentivos para la inversión a futuro.

Todo lo anterior es susceptible de constatación empírica y exige un análisis económico detallado.

Finalmente y no por ello menos importante, en materia de políticas públicas, el Estado debería procurar coadyuvar a la existencia y a la profundidad de mercados que resultan en eficiencias y reducen costos que finalmente terminan incidiendo sobre los precios finales hacia los consumidores finales. Nos referimos, en este caso particular, al mercado crediticio. La existencia de un mercado de intermediación financiera especializado en el manejo de información, reducción de asimetrías de información, capaz de realizar pooling y diversificación de riesgos, puede, por un lado, evitar comportamientos oportunistas por parte de eventuales financiamientos por parte de los compradores hacia los proveedores de materias primas, y por el otro lado, reduciría costos asociados a riesgos que son gestionados por los intermediadores financieros (partiendo de algunas aseveraciones que realizan los productores primarios, como sería la dificultad de contar con financiamiento propio y el acceso a las pocas alternarias de financiamiento).