El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles que el país ofertará, a través de bolsas locales, hasta el 10 %

de las acciones de varias empresas públicas, incluidas compañías petroleras, de telecomunicaciones y gasíferas. 

El presidente de la Republica habría señalado: “Usted se podrá convertir en inversionista de (Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela) CANTV, de Movilnet (Telefonía móvil), de la petroquímica, de todas las empresas mixtas del petróleo, de las empresas de gas, de las empresas de Guayana (sector minero, forestal, aluminio y servicios)”.

En anuncio e intención de privatizar empresas públicas podría ser una buena señal, en la medida que constituya un reconocimiento de que el Estado y el Gobierno deben concentrarse en sus funciones naturales y exclusivas, entre otras, proveer instituciones y políticas en favor del crecimiento económico, así como coadyuvar a la oferta de bienes públicos.

La teoría económica y la evidencia empírica muestran que la provisión de bienes privados de consumo privado debe estar en manos privadas. Lo anterior significa, entre otras alternativas, que la propiedad de las empresas que proveen bienes privados -incluso ponderando la existencia de externalidades- debe ser privada.

Una acepción que suele aplicar a la privatización es la privatización de la gestión de las empresas. Por ejemplo, por medio de mecanismos de subastas y licitaciones -e incluso mecanismos de beauty contest- puede otorgarse la procura -procurement- de la gestión de las empresas de propiedad pública.

¿Resulta suficiente el anuncio y la propuesta realizada por el Gobierno venezolano de privatizar un 10% de las empresas públicas?

Primero habría que señalar que las expectativas de inversionistas privados respecto a inversiones y a la adquisición de paquetes accionarios depende crucialmente del desempeño futuro de las empresas. 

En este sentido, la Junta Directiva y el cuerpo gerencial de la empresa por un lado, y el marco institucional y macroeconómico por el otro, determinan, respectivamente, las decisiones estratégicas que la empresa tomará y el entorno donde la empresa se desempeñará.

El mal desempeño de las empresas en manos del Estado y del Gobierno constituye evidencia de un enorme problema Agente-Principal, donde ni siquiera está claro quiénes son los “verdaderos” propietarios, mucho menos cuáles son los objetivos y metas de las empresas. De hecho, su mal manejo y déficits recurrentes son evidencia de la ausencia de mecanismos que puedan solucionar el problema de Agencia. Incluso en el entendido que se tenga claro quiénes son los verdaderos “propietarios”, por ejemplo en el caso que se alegue que es el “pueblo”; el colapso de los servicios, la precariedad de los servicios y la gestión, la desconexión de usuarios, mercados negros de productos y servicios, déficits financieros, etc., evidencian mal manejo de la gestión y la directiva aún teniendo por mandato, supuestamente, el paradigma de un Estado Benevolente que procure maximizar el bienestar social o si se quiere el bienestar del consumidor sujeto a la viabilidad de la empresa (no constituye un principio de buenas prácticas dentro de un sector específico pensar que puede o debe ser subsidiado por medio de los impuestos, especialmente si son servicios y productos altamente valorados por los usuarios o consumidores. Debe, entre otras alternativas aplicarse un principio de de-coupling de objetivos de eficiencia y equidad).

Una oferta de entre el 5 y 10% de las acciones de empresas en manos públicas no parece garantizar poder contar con la vía para disciplinar y eventualmente determinar la configuración de la Directiva y la gerencia de las empresas. Peor aun, un porcentaje de acciones de este nivel en manos privadas no deja nada claro cuál es la función de la empresa y a cuáles accionistas se debe la misma.

En este sentido, luce insuficiente la oferta realizada por el Ejecutivo Nacional. 

El Ejecutivo Nacional insiste en que “necesitamos capital para el desarrollo de todas las empresas públicas, necesitamos tecnología, necesitamos nuevos mercados y vamos a avanzar (…) buenas noticias para el futuro de la economía del país”.

En este sentido, segundo, la inversión en activos específicos por parte de estos eventuales inversionistas -suponga que se les pide aportar activos específicos además de recursos líquidos-, que impliquen cantidades ingentes de inversiones sin la posibilidad de manejar su propiedad y las decisiones respecto a su uso, carece de incentivos.

Tercero, sin el anuncio de un mecanismo de procurement que implique una gestión privada de las empresas públicas, donde la rentabilidad de la empresa sea el objetivo primordial, difícilmente inversionistas privados estarán interesados. Incluso, podríamos pensar en un mecanismo de procurement diseñado por un Estado Benevolente que garantice una rentabilidad razonable a los inversionistas -pero incluso esta alternativa exige, como comentaremos más adelante, libertad tarifaria para adaptarse a las condiciones del mercado-. En ausencia de ello, la inversión en empresas públicas constituiría una promesa de pérdida de dinero (estamos obviando un proceso de privatización como el ocurrido en Rusia post URSS con el interés de asignar empresas públicas a allegados al poder o con intenciones de blanqueo de capitales. Tampoco estamos considerando el caso, como pudo haber ocurrido al inicio del mercado libre de divisas, cuando el Ejecutivo Nacional todavía asignaba dólares preferenciales y a su vez llamaba a privados a formar parte de una oferta libre de divisas, con la duda de si no ocurrió que parte de las divisas asignadas iban a dicho mercado para simular su existencia).

Cuarto, sin un entorno macroeconómico estable y un marco institucional mínimo coherente, las empresas públicas no lucen una buena oferta para inversionistas privados que buscan retribución por sus inversiones producto de la gestión eficiente de las empresas.

La inestabilidad macroeconómica, la elevada y recurrente inflación y el colapso del poder de compra de los venezolanos hacen difícil la gestión de las empresas en Venezuela. Lo anterior cobra especial relevancia en el caso de servicios de red no transables como los servicios de telecomunicaciones y los servicios audiovisuales por vínculo físico. Una constreñida demanda interna en sectores y mercados caracterizados por enormes inversiones dificultan el diseño de estrategias de Pricing así como estructuras tarifarias -incluso basadas en principios de Ramsey-que rentabilicen las inversiones (no hemos dicho que es imposible, sino que lo complica).

Asimismo, un marco institucional débil, donde los derechos de propiedad y la libertad económica no cuentan con instituciones independientes que las protejan particularmente del abuso y de los excesos del poder público puede constituir la primera barrera para concretar dicha privatización. No es un tema menor. Sin garantía de libertad económica, tarifaria, protección de los derechos de propiedad y las inversiones frente a gobiernos de corte populista; los riesgos son extremadamente elevados.

Cada caso exige un análisis específico debido a las características idiosincráticas de cada sector, no es lo mismo lanzar una oferta pública de una empresa de telecomunicaciones en un régimen vigente de concurrencia, que ofrecer la única empresa petroquímica, petrolera o de refinamiento y comercialización de petróleo y sus derivados del país. Muchas de las empresas respecto a las cuales se asoman privatizaciones -¿parciales?- son empresas que no han contado a lo largo de los últimos años con las inversiones en mantenimiento y en una renovación tecnológica requerida, dificultando su reactivación y operaciones. Los requerimientos de inversión son específicos en cada caso, pero en general requieren estimaciones de montos muy relevantes, por lo que cabe preguntarse si un 5% de venta de acciones implica montos relevantes en este sentido.

Falta mucha información respecto a los anuncios realizados y la fecha de eventual lanzamiento de la oferta es inminente. Amanecerá y veremos.