De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la trata de personas es una “lacra mundial perpetrada por la delincuencia organizada”,

cuyas víctimas aumentan cada año, “a distancias cada vez más largas, con mayor violencia, durante períodos más prolongados y con fines de obtener mayores lucros”.

Los desafíos que implica este flagelo y sus manifestaciones relacionadas, como la esclavitud moderna y la explotación sexual y laboral, dentro y fuera de Venezuela, fueron materia de análisis en el VI Seminario sobre Trata de Personas, evento realizado recientemente en la sede de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Caracas.

Integrantes del Centro de Derechos Humanos (CDH) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UCAB, junto con abogadas, especialistas y representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, presentaron 10 ponencias en las que expusieron perspectivas sobre cómo se enfoca en la actualidad este fenómeno y sus implicaciones locales e internacionales, en un contexto de flujos migratorios que no cesan.

En la apertura del seminario, la directora del CDH UCAB, Carla Serrano, subrayó que el centro académico, además de formar e investigar en áreas como derecho a la participación, libertad de expresión, sistemas internacionales de protección y justicia transicional, “tiene declarada su línea de investigación en esclavitud moderna», así como en protección de personas refugiadas y migrantes.

“Quisiera destacar el estar entretejidos academia y organizaciones no gubernamentales. Lo ideal hubiera sido tener aquí a representantes del Estado para conversar, dialogar y discutir este tema porque es un flagelo que nos interpela a todos. Solos no vamos a encontrar la solución ni la ruta de salida para mitigar los efectos de un fenómeno tan complicado como este”, dijo Serrano.

Trata de personas y esclavitud moderna: lazos perversos

La coordinadora de la oficina del CDH UCAB en Guayana, Eumelis Moya, alertó en su intervención sobre la naturalización de distorsiones que normalizan las formas de esclavitud moderna, en un contexto de crisis multidimensional como el venezolano.

“La disolución de normas ha comenzado a gestar un sistema de vida particular sobre el que hay que trabajar”, precisó Moya.

De acuerdo con el CDH UCAB, las rutas de la esclavitud moderna en Venezuela incluyen vías interestatales, en los estados Bolívar, Anzoátegui y Nueva Esparta, entidades en las que factores como la minería y el turismo, con dinámicas particulares, facilitan el desarrollo y crecimiento de redes de explotación laboral y sexual, así como la atracción de niños, niñas y adolescentes, mujeres y cabezas de familia, vulnerables y con necesidades que los hacen blanco fácil de esta situación.

“La anomia, la falta de regulación y control social, permite que prácticas abusivas se perpetúen sin consecuencias. Hay impunidad generalizada, corrupción, y hace falta una legislación sobre la trata de personas. Llegó la hora de proponer normas y avanzar hacia nuevos paradigmas», acotó Moya.

En su reporte de 2024, el CDH UCAB detalló que las rutas internacionales del tráfico de personas incluyen entidades como Bolívar, con tránsito hacia Brasil y Guyana; Táchira, Zulia, Apure y Amazonas, con salida hacia Colombia y conexiones posteriores, así como Delta Amacuro, Sucre y Falcón hacia Trinidad y Tobago, Curazao y Aruba.

La urgencia de una ley contra la trata
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) califica la trata de personas como un crimen de delincuencia organizada. La agencia de la ONU advierte en sus reportes que “las respuestas de la justicia penal son insuficientes para hacer frente a este delito».

En Venezuela, de acuerdo con la abogada y profesora de la UCAB, Desireé Vitale, existen leyes que, con enfoque de género, incluyen tipos penales relacionados con la trata de personas y formas de explotación, como la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Contra la Delincuencia Organizada y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. No obstante, se necesita una regulación única del delito, según refirió la especialista.

“La creación de una regulación única permitiría consolidar las disposiciones existentes sobre la trata de personas, simplificando su interpretación y aplicación en el sistema judicial. Esto es crucial para asegurar que todos los casos sean tratados de manera consistente y justa», acotó Vitale en su ponencia.

La UNODC señala que las redes delictivas organizadas impulsan la explotación, entre otros factores, mediante las “lagunas legales” para facilitar la trata fronteriza a gran escala.
En este sentido, la profesora e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB, María Gabriela Cuevas, afirmó que “no hay casos de aplicación de la norma que permitan decir que se están haciendo bien las cosas».

“Son delitos que involucran a distintos tipos de personas. No se está identificando como delincuentes a las personas responsables. Preocupa la penalización de víctimas devenidas en victimarios. No hay investigaciones ni protocolos», agregó Cuevas.

Resignación y banalización incrementan riesgos 
La coordinadora de documentación de la ONG Caleidoscopio Humano, Nataly Carvajal, subrayó las narrativas normalizadoras que aumentan los riesgos vinculados con la trata de personas en el contexto venezolano, incluida la realidad de la diáspora.

La politóloga detalló que la resignación y la banalización, junto con la justificación por la crisis económica y social, así como la estigmatización y la desinformación, en medio de la desconfianza en las instituciones, generan un círculo vicioso que conlleva impunidad y revictimización.

“En un entorno donde la violencia y la criminalidad son frecuentes, los delitos de trata y explotación se perciben como parte de la norma», acotó Carvajal.
Para la integrante de Caleidoscopio Humano, la falta de conciencia y educación en materia de DD. HH., en un contexto de migración irregular masiva, aumenta los riesgos y desafíos vinculados con la trata de personas.

“Debemos educar en materia de Derechos Humanos. Las víctimas y la sociedad no reconocen los delitos como violaciones graves y, por ejemplo, vemos cómo aumentan las vulneraciones. Es importante cambiar las narrativas de normalización de la violencia para poder llegar a más comunidades, educar y evitar más víctimas de este flagelo», agregó Carvajal.

A propósito del VI Seminario sobre Trata de Personas, el CDH-UCAB, en conjunto con las ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Mulier, Éxodo y la Cátedra Libre Estudios de la Mujer “Teresa de la Parra», organizaron la proyección de la serie documental “El portal. La historia oculta de Zona Divas” (2024), basada en una investigación periodística colaborativa que involucró a medios de comunicación independientes de Venezuela y México, y que refleja parte del funcionamiento de las redes transnacionales de trata de personas.

La periodista Sheyla Urdaneta, integrante de El Pitazo, medio de comunicación independiente venezolano que participó en la investigación sobre Zona Divas en México, destacó en el seminario la importancia de las historias de las víctimas de trata de personas.

“Contar lo que sucede con las víctimas es importante. El asesinato de Kenni Finol (venezolana), en 2018, fue el punto de partida de la investigación», comentó Urdaneta.

Migración venezolana: un coctel que alimenta la trata de personas 
De acuerdo con cifras que la organización Cepaz presentó en el seminario, basadas en seguimiento propio y de organizaciones internacionales, hasta el año 2021, 7 de cada 10 víctimas de trata en el Caribe eran venezolanas, lo que indica un patrón sistemático.

“Las víctimas venezolanas son blancos sistemáticos en contextos de frontera, precariedad o migración irregular», precisó la coordinadora de Cepaz y profesora e investigadora asociada al CDH-UCAB, Beatriz Borges.

De acuerdo con la UNODC, a los flujos migratorios hay que añadir las estafas en línea, a cargo de redes transnacionales de trata de personas que se benefician de las víctimas en la virtualidad, para ejecutar actividades delictivas y tráfico de droga.

“Las migraciones están marcadas por múltiples formas de violencia. ¿Cómo están respondiendo los Estados? No se trata solo de sancionar los delitos, sino de trabajar en el apoyo y acompañamiento de las víctimas. Los Estados tienen obligaciones claras en un marco jurídico global», apuntó Borges.

Entretanto, la abogada Selene Soto, exintegrante de la ONG Cofavic, destacó que el contexto migratorio exacerba las violencias y vulnerabilidades vinculadas con la trata de personas. “Políticas migratorias neutrales, que no tienen enfoque de género y que constituyen barreras para la regularización, por ejemplo, se convierten en causa de vulnerabilidad. Por eso la importancia del acceso a la información en el contexto migratorio, como parte del derecho general a la libertad de expresión y como deber de los Estados en cuanto a la transparencia activa», dijo Soto.

Casi 5.000 venezolanas rescatadas de redes de trata en cinco años
Para finalizar el seminario, la abogada Estefanía Mendoza, especialista en violencia de género, integrante de la ONG Mulier, presentó cifras que dimensionan la situación vinculada con la trata de personas en Venezuela.

Según el seguimiento de la organización, 4.761 mujeres, niñas y adolescentes venezolanas constituyen la cantidad de víctimas rescatadas de redes de trata, entre 2019 y 2023, en distintos países.

Solo en 2023 unas 1.395 venezolanas, 80 de ellas niñas y adolescentes, fueron rescatadas de redes de trata de personas. “Venezuela, en el contexto de la emergencia humanitaria compleja, es un escenario ideal para el fenómeno de la trata», advirtió Mendoza.

De acuerdo con datos de la oficina de la ONU, en su Informe Mundial sobre Trata de Personas en 2024, 77% de las víctimas son mujeres, niñas y niños.

En resolución de la Asamblea General de la ONU, de diciembre de 2013, se estableció el 30 de julio como fecha en la que se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, en el marco de las medidas para mejorar la coordinación de la lucha contra ese crimen.

Fuente: Comunicaciones UCAB)