A propósito del 56° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado

presentó este 3 de julio un nuevo informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Esta nueva actualización abarcó el período comprendido entre el 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024 y se centró en los últimos acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a un medio ambiente sano, género y personas LGBTIQ+, el espacio cívico y el estado de derecho, así como en el grado de aplicación de las recomendaciones formuladas en informes anteriores.

El Alto Comisionado lamentó la expulsión de su Oficina en Venezuela

El 15 de febrero de 2024, el Gobierno venezolano decidió suspender la Carta de Entendimiento con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y solicitó al personal del ACNUDH abandonar el país en un plazo de 72 horas. En su nuevo informe el ACNUDH ha lamentado este hecho.

La expulsión de la Oficina en el terreno tiene un impacto negativo en el trabajo de monitoreo y asistencia en derechos humanos en Venezuela, dificultando la capacidad de recopilación de datos independientes sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en el país. Además, se traduce, una vez más, en la falta de intención real por parte del gobierno de cooperar con el organismo, y su intención de eludir el escrutinio y la rendición de cuentas por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) resaltamos la urgente necesidad de que se restablezca la oficina del Alto Comisionado con pleno mandato.

El Alto Comisionado documentó un aumento de la persecución y la criminalización en Venezuela

Entre el 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024 el ACNUDH documentó:

• 30 casos de amenazas y hostigamiento
• Un intento de secuestro
• 2 casos de agresiones físicas
• 38 casos de detenciones arbitrarias
• 13 casos de otras formas de criminalización de actores de la sociedad civil, incluidos periodistas, sindicalistas, dirigentes campesinos y otras voces consideradas críticas.
• En 64 casos, funcionarios del Estado han estigmatizado, a través de diversos medios de comunicación, a actores de la sociedad civil.
• Despidos de dirigentes sindicales y sindicalistas de su lugar de trabajo, aparentemente en relación con su participación en protestas o por denunciar las condiciones de trabajo.
• A través del plan Furia Bolivariana documentó casos de vandalismo por actores no identificados contra sedes de partidos de oposición en al menos siete estados diferentes, así como contra oficinas de organizaciones de la sociedad civil
• 10 nuevos casos de cierre de emisoras de radio.
• 50 bloqueos de páginas web sin notificación de suspensión por diferentes operadores de telecomunicaciones de propiedad pública y privada.
• Continuaron los debates sobre el proyecto de Ley de Control, Regularización, Actuación y Financiación de Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Situación que preocupa al ACNUDH debido a las posibles restricciones al derecho a la libertad de asociación que podrían afectar a la capacidad de la sociedad civil para llevar a cabo su labor y repercutir en la vida de los beneficiarios de la ayuda humanitaria prestada por estas organizaciones.
• Múltiples denuncias de restricciones al registro de organizaciones no gubernamentales o a sus actos jurídicos. El ACNUDH documentó al menos 15 organizaciones de derechos humanos afectadas.
• Continuó aplicándose la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia para criminalizar y deslegitimar la labor de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otras personas. Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH documentó los casos de 12 personas que fueron acusadas o procesadas en virtud de esta legislación.
• El Ministerio Público abrió investigaciones penales contra varias personas implicadas en la organización de las elecciones primarias.
• El Tribunal Supremo de Justicia dictó la sentencia 122/2023 en la que se suspendían los efectos de las fases del proceso de las elecciones primarias.
• 15 miembros de cinco partidos políticos de oposición diferentes fueron detenidos arbitrariamente durante una reunión sindical, 11 de estas detenciones podrían equivaler a desapariciones forzadas.
• 7 inhabilitaciones políticas y la constante injerencia del Tribunal Supremo de Justicia en los partidos políticos.
• La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia suspendió las elecciones de junta directiva en la Universidad de Carabobo y en la Universidad de los Andes.

Desde Cepaz alertamos que los patrones documentados por el Alto Comisionado constituyen una política de Estado basada en la persecución y criminalización para  mantenerse indefinidamente en el poder, y que esto se desarrolla a través de un complejo sistema represivo sofisticado y planificado, que combina mecanismos blandos y duros de represión, y que se agudiza en contextos electorales como el que atraviesa actualmente el país.

Los casos de Rocío San Miguel y Javier Tarazona son un asunto de preocupación para el Alto Comisionado

La situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela sigue siendo alarmante, con casos emblemáticos que destacan las dificultades para que enfrentan las personas defensoras en el país. Dos de estos casos son los de Rocío San Miguel y Javier Tarazona, cuya situación ha sido motivo de gran preocupación para el ACNUDH.

Rocío San Miguel, fue detenida arbitrariamente y durante días su paradero fue desconocido. Esto constituye una grave violación de los derechos humanos. Según la información recibida por el ACNUDH, Rocío San Miguel continúa detenida y no ha tenido acceso a una defensa legal de su elección, lo que agrava aún más su situación. La falta de acceso a un abogado defensor de confianza vulnera sus derechos a un juicio justo y a la debida defensa.

Entre tanto, Javier Tarazona, lleva detenido desde 2021 bajo acusaciones de incitación al odio, traición a la patria y terrorismo. Su detención prolongada y las condiciones de su encarcelamiento han suscitado preocupación continua por parte del ACNUDH, especialmente debido al deterioro de su salud. De acuerdo con información del ACNUDH desde la primera apertura de juicio el 16 de agosto de 2022, el proceso judicial de Tarazona ha sido marcado por numerosas irregularidades. Se han realizado y aplazado aproximadamente 48 audiencias, lo que refleja un patrón de retrasos y obstrucción en el acceso a la justicia. A pesar de tres reaperturas del juicio, su caso sigue pendiente de resolución, prolongando innecesariamente su situación de encarcelamiento.

La situación de Rocío San Miguel y Javier Tarazona subraya la necesidad urgente de que el Estado venezolano garantice el respeto a los derechos humanos, el acceso a una justicia imparcial y la protección de aquellos que defienden los derechos fundamentales en el país.

Se necesita un espacio libre y abierto para el debate y para que se lleve un proceso electoral totalmente participativo

La preservación de un espacio cívico libre y abierto es esencial para garantizar procesos electorales transparentes, inclusivos y participativos en Venezuela. El ACNUDH en esta nueva actualización ha instado a las autoridades venezolanas a adoptar medidas que aseguren la transparencia y participación plena en los próximos comicios del 28 de julio, subrayando la importancia de restablecer la confianza entre la ciudadanía y sus instituciones.

Aún más, el ACNUDH ha lamentado el creciente cierre del espacio cívico en Venezuela. Las restricciones impuestas a la libertad de expresión, asociación y reunión han dificultado la participación efectiva de la sociedad civil en el debate público y en los procesos electorales. Para el ACNUDH las venideras elecciones presidenciales y las elecciones legislativas y regionales del año 2025  son una oportunidad clave para reflejar la voluntad de la ciudadanía, por lo que instó al Estado a generar  un ambiente libre y abierto para el debate y para que se lleve un proceso electoral totalmente participativo en línea con los estándares internacionales.

Las recomendaciones de las Naciones Unidas continúan sin ser cumplidas

La situación de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo crítica, la nueva actualización de la Oficina del Alto Comisionado da cuenta de ello. A pesar de las reiteradas recomendaciones formuladas por dicha Oficina, el Estado venezolano no ha cumplido con las medidas necesarias para mejorar las condiciones de derechos humanos en el país, por ello, el ACNUDH ha vuelto a hacer un llamamiento al Estado venezolano para que tome acciones concretas para el cumplimiento de las recomendaciones del pasado y las nuevas recomendaciones, de las cuales destacamos: la promoción de un espacio pluralista y propicio para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, el establecimiento de garantías para la libertad de asociación de todos los actores de la sociedad civil, y la liberación plena de todas las personas detenidas arbitrariamente.