Las primeras horas tras la evasión de William Frank Niehous, vicepresidente en Venezuela de la empresa estadounidense Owens Illinois, estuvieron marcadas por la incredulidad.

No hubo operativo, ni negociación final, ni gesto humanitario de sus captores. Hubo un descuido. Y él lo aprovechó.

Ocurrió en una zona rural del estado Bolívar, en las cercanías de Maripa, donde llevaba meses confinado en el hato El Dividive. En medio de una cadena de errores de sus vigilantes, Niehous logró salir del encierro y deambular por la sabana hasta cruzarse con dos funcionarios de la Policía Técnica Judicial que investigaban un caso de abigeato.

La escena quedó grabada en testimonios: de entre la vegetación apareció un hombre irreconocible. Alto, extremadamente delgado, con el cabello rubio crecido hasta los hombros, barba descuidada y la ropa colgándole del cuerpo. Caminaba con torpeza, como si cada paso fuera un esfuerzo aprendido de nuevo.

Levantó las manos antes de hablar.

Tenía miedo.

—Soy Niehous. No disparen.

Los funcionarios tardaron segundos en entender lo que tenían enfrente. No era un fugitivo cualquiera. Era el alto ejecutivo de una de las principales empresas industriales del país, desaparecido desde hacía más de tres años.

Su cuerpo hablaba: desnutrición, piel castigada, mirada alerta. Pero estaba vivo.

Y había logrado lo improbable: escapar.

El secuestro que quiso ser político

El 27 de febrero de 1976, siete hombres armados irrumpieron en la quinta Betchirro, en Prados del Este. El procedimiento fue rápido y sin margen de error. Neutralizaron a Niehous, a su esposa Donna y a la empleada doméstica con éter. Todo ocurrió frente a sus hijos.

Al día siguiente, la familia abandonó el país sin respuestas.

El mensaje de los captores llegó pronto: no se trataba —según ellos— de dinero. “No cobraremos rescate. Será ejecutado. Lo consideramos enemigo de Venezuela”. La etiqueta era política. El empresario fue presentado como agente extranjero, presuntamente vinculado a intereses que intervenían en los asuntos internos del país.

La acción fue atribuida al Comando Revolucionario, brazo armado de la Liga Socialista, en la llamada “Operación Argimiro Gabaldón”.

Era la retórica de la época. Pero la realidad sería otra.

El cautiverio fragmentado

Durante más de tres años, Niehous fue movido como una pieza en tránsito permanente. No hubo un solo sitio, sino una red de escondites.

En el hato El Dividive, cerca de Maripa, permaneció más de un año. Allí vivía en condiciones mínimas: espacios reducidos, vigilancia constante y una rutina marcada por el aislamiento. Sus captores insistían en discursos políticos, como si el encierro también buscara convencer.

Niehous resistió como pudo. Escribía. Llevaba un diario. Anotaba fechas, pensamientos, fragmentos de realidad que le permitieran sostener la noción del tiempo. Todo en inglés.

Pero incluso ese registro dejó vacíos.

¿Por qué prolongar el secuestro?
¿Quién decidía?
¿Para qué?

El nombre que conecta pasado y poder

La investigación avanzó con fisuras. La captura de Iván Padilla Bravo abrió una línea de delaciones bajo tortura que permitió identificar a varios integrantes del grupo.

Entre ellos, un nombre que hoy resuena con fuerza: Jorge Antonio Rodríguez, dirigente de la Liga Socialista y señalado como figura clave en la estructura que ejecutó el secuestro.

Fue detenido el 23 de julio de 1976.

Dos días después, estaba muerto.

Murió bajo custodia del Estado, tras ser sometido a torturas en los calabozos de la policía política. La autopsia confirmó hemorragias internas producto de los golpes. Tres funcionarios fueron condenados por ese hecho.

Pero la historia no terminó allí.

Rodríguez es el padre de Delcy Rodríguez, hoy una de las figuras centrales del poder en Venezuela, y de Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional.

Ese vínculo no es un detalle biográfico.

Es una línea directa entre aquel episodio y el poder contemporáneo.

Los nombres que regresaron

El expediente del caso no se cerró con la fuga de Niehous ni con la muerte de Jorge Rodríguez. Otros nombres quedaron registrados en investigaciones, testimonios y publicaciones posteriores.

Pero esos nombres no se disolvieron en el tiempo. Por el contrario, varios de ellos reaparecieron años después en el corazón del poder, junto al presidente Hugo Chávez Frías.

Los implicados y sus cargos en el poder

• Fernando Soto Rojas: señalado como participante; llegó a ser diputado y presidente de la Asamblea Nacional.
• Carlos Lanz Rodríguez: implicado en el caso; Perteneció al Partido de la Revolución Venezolana (PRV) y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), grupos guerrilleros de izquierda venezolanos ocupó cargos estratégicos en la administración chavista y presidió CVG Alcasa. El 8 de agosto de 2020 desapareció, fue visto por última vez en su casa en Maracay. El 5 de julio de 2022 su esposa, Maxiorisol «Mayi» Cumare, fue detenida por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), posteriormente acusada como autora intelectual de su asesinato.
• David Nieves: vinculado al secuestro; Diputado: En 1978 y posteriormente cónsul de Venezuela en las Islas Canarias, España
• Mirelis Pérez Marcano: señalada como parte del grupo; ocupó una curul en el Parlamento Latinoamericano.
• Salom Mesa Espinoza y Fortunato Herrera: vinculados al caso; ejercieron funciones parlamentarias.

No se trata de trayectorias aisladas.

Es la persistencia de una misma generación política que transitó de la clandestinidad a las instituciones.

El dinero que nadie explicó

El punto más oscuro del caso no está en la ejecución ni en la fuga.

Está en el dinero.

Con el tiempo se conoció que Owens Illinois habría pagado 20 millones de dólares en el exterior como parte de un acuerdo para la liberación de su vicepresidente.

Ese dinero se cobró.

Pero la liberación no ocurrió por ese acuerdo.

Ocurrió por la evasión del secuestrado.

La contradicción permanece intacta.

¿Quién recibió ese dinero?
¿Dónde terminó?
¿Por qué nunca se investigó?

No hay respuestas oficiales.

El poder sin castigo

William Niehous abandonó Venezuela al día siguiente de su aparición. Voló a Ohio y se reencontró con su familia. Para él, la historia terminó allí.

Para el país, no.

El caso dejó una estructura al descubierto: nombres, vínculos, decisiones que no se diluyeron con el tiempo. Muchos de los implicados no solo evitaron la justicia, sino que terminaron ocupando espacios dentro del poder político que, años después, se consolidaría bajo la revolución bolivariana.

No hubo ruptura visible.

Más bien, una continuidad que fue tomando forma con los años.

El dinero nunca apareció. Las responsabilidades nunca se cerraron.
Y los protagonistas, lejos de desaparecer, encontraron nuevas posiciones desde donde influir.

Como si aquella operación —concebida en la clandestinidad— no hubiese sido un episodio aislado, sino el inicio de algo que, con el tiempo, cambiaría de forma sin cambiar de fondo.

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@LuisPerozoPadua