El pasado 28 de Junio se produjo uno de los eventos políticos de mayor resonancia  en el continente americano.    Honduras, un país situado al norte de América Central, con un poco menos de 8 millones de habitantes y considerado uno de los más pobres del continente, sorprendió al mundo con la aparición de su presidente, el Sr. Manuel Zelaya, en territorio Costarricense denunciando haber sido objeto de un golpe de estado

“La única Verdad es la Realidad” (Aristóteles)      


Introducción

El pasado 28 de Junio se produjo uno de los eventos políticos de mayor resonancia  en el continente americano.    Honduras, un país situado al norte de América Central, con un poco menos de 8 millones de habitantes y considerado uno de los más pobres del continente, sorprendió al mundo con la aparición de su presidente, el Sr. Manuel Zelaya, en territorio Costarricense denunciando haber sido objeto de un golpe de estado. 
La situación política en Honduras venía resquebrajándose desde hace meses, específicamente desde que su presidente, el séptimo de esa nación después del último gobierno militar, profundizó sus relaciones personales con el presidente de Venezuela, así como transformó lo que inicialmente fuera una sencilla relación estratégica entre su país y Cuba  en una referencia para su política interna. Así comenzaba a mimetizarse el bonachón empresario llegado a la presidencia enarbolando la bandera del partido liberal, en el soberbio presidente, ahora advenedizo del más exacerbado y confuso “socialismo del siglo XXI” liderado por el jefe de estado venezolano y seguido al pié de la letra por algunos gobernantes latinoamericanos; entre ellos los de Bolivia y Ecuador. De más está decir que todos éstos comparten sus pretensiones hegemónicas y han actuado bajo un marcado desprecio por las instituciones políticas de sus respectivos Estados.

A partir de las denuncias del ex presidente Zelaya de haber sido despojado del poder abruptamente por miembros de las fuerzas armadas de su país, comenzaron los sobresaltos y las especulaciones. Así fue como recordamos que días antes había surgido un impasse entre él y las instituciones políticas del estado como consecuencia de la convocatoria por parte de Zelaya a un referéndum precisamente para ese domingo 28.  Ese referéndum tenía por finalidad la posibilidad de realizar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de establecer en dicho país la  reelección al cargo de presidente de la República.

Muy pocos, fuera de Honduras, le habían dado importancia a los hechos que desencadenaron en la destitución del Jefe del estado mayor conjunto, el General Romeo Vásquez, por parte del presidente Zelaya, así como a la renuncia de su Secretario de Defensa. El caso es que todo ocurrió a una velocidad tal, que  cuando vinimos a ver ya los hechos estaban consumados. Así recordamos que el 23 de junio el Congreso dictó una ley de regulación de referenda y plebiscitos en la cual prohibía la realización de tales consultas 180 días antes, y 180 días después, de efectuarse elecciones generales o municipales. Dado que las próximas elecciones presidenciales se efectuarán el próximo 29 de Noviembre, quedaba descartada la posibilidad de realización del referéndum deseado por el presidente.
Lo que dice la Constitución

La referida prohibición no es la única existente. La propia Constitución de la República en su artículo 4 elimina cualquier aspiración a ilusionarse con la reelección, al establecer que, “La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de  traición a la patria”, para cuyo caso impone el cese inmediato de las funciones que pudiera estar ejerciendo quien se atreviere a burlar la referida disposición.

Para poder comprender una prohibición como ésta en momentos en los que las legislaciones del mundo más bien tratan de incluir cada día más la posibilidad de participación de la sociedad en la dirección de las políticas públicas, debemos recordar que Honduras, como muchos otros países centroamericanos, padeció históricamente infinidad de golpes de Estado, rebeliones armadas y dictaduras, como los gobiernos militares que se mantuvieron por 26 años (1956-1982) y hasta conflictos fronterizos con sus vecinos, como la mal llamada “guerra del football” el 14 de Julio de 1969 entre ese país y el Salvador. Podrá uno suponer lo que significa entonces para el pueblo hondureño, y sus instituciones, siquiera el escuchar la palabra “reelección” aunque sea solo por juego.

Esa es la razón por la cual las instituciones del estado hondureño manifestaron preocupación al imaginarse que ese pequeño país corriera el riesgo de volver a ese  pasado tenebroso como consecuencia de los subterfugios políticos del presidente Zelaya. Esto fue acrecentado  al verificar que dentro de los gobernantes más cercanos a su presidente se encontraban personajes como los presidentes de Venezuela,  Bolivia y  Ecuador, quienes han hecho de las Constituciones de sus estados verdaderos instrumentos para garantizarse la permanencia indefinida, o largos plazos en el poder.  

A raíz de esta potencial amenaza, todas las instituciones del estado se dirigieron al presidente Zelaya a fin de advertirle respecto a lo que debería conocer perfectamente; y es que bajo ningún concepto, ni siquiera a título de “consulta personal”, como posteriormente éste tratara de justificar, el evento convocado por el Ejecutivo podría efectuarse. Es así, viendo que no había poder humano que lo hiciera entrar en razón, que las autoridades judiciales ordenaron a sus fuerzas armadas la detención inmediata de su presidente como reo del delito de traición a la patria.

Lo que pudo haber pasado en la habitación presidencial para que hubieran cambiado los planes de detenerlo, trasladándolo a territorio extranjero, será un misterio; pero lo que sí es evidente es que el Sr. Zelaya salió de la presidencia de la república en razón de una orden judicial-verbal o escrita-dictada a las autoridades militares por el poder judicial y no  como consecuencia de la “Violación y vulneración de la legalidad institucional vigente en un Estado por parte de un grupo de personas que pretenden, mediante la fuerza, sustituir o derrocar el régimen existente, sustituyéndole por otro propicio y generalmente configurado por las propias fuerzas golpistas” (Enciclopedia Encarta), elementos todos éstos necesarios para que se consumare lo que conocemos comúnmente como “golpe de estado”.


Los acontecimientos posteriores y las acciones de los organismos multilaterales

Lamentablemente las instituciones hondureñas cometieron un error basado precisamente en la “falta de premeditación” de los acontecimientos, y es que mientras el ya depuesto presidente daba declaraciones ante los medios de comunicación del mundo denunciando los hechos, y mientras los presidentes de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Argentina y Cuba se movían para requerir la intervención de los organismos internacionales, el Congreso hondureño, como lo establece su Constitución, se encargaba  de discutir la designación del presidente interino. Esas horas en las cuales los propios embajadores de ese país ante las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), aprovechando el que no hubieran sido todavía suspendidos, se movilizaban para accionar los mecanismos existentes para  defensa del gobierno del presidente Zelaya, fueron cruciales.

De allí que cuando en ambos organismos internacionales se iniciaron las discusiones para analizar lo sucedido, no hubo posibilidad de escuchar la versión de la parte opositora a las denuncias de Zelaya, entre otras cosas porque quienes estaban presentes allí en representación de Honduras, además del ex presidente Zelaya, fueron dichos diplomáticos hondureños.

En el caso de la ONU, el presidente de la Asamblea General, el Sr. Miguel D’escoto, funcionario vinculado estrechamente al gobernante Daniel Ortega, uno de los más conspicuos amigos del presidente venezolano, y ex Canciller del gobierno Sandinista, convocó a una Asamblea Extraordinaria  a objeto de tratar el tema de Honduras. Esta convocatoria sin duda alguna habrá de ser el último acto de trascendencia para dicho funcionario, en vista de la proximidad de finalización de sus funciones como presidente de dicho organismo. El epílogo de dicha Asamblea, reunida en ausencia de las autoridades hondureñas,  fue la resolución de condena frente a lo que consideraron los  presentes, un “golpe de estado”, así como la solicitud de reincorporación de Zelaya como presidente de su país.

Al parecer ha habido una verdadera confusión frente a la naturaleza de esta resolución, equiparándosele a las emanadas de otra entidad de la  ONU, como lo es el Consejo de Seguridad. Esto puede inferirse de las declaraciones del jefe de estado venezolano, quien al conocer de los resultados de la Asamblea General exigió airadamente el envío de las fuerzas militares de las Naciones Unidas, representadas por los llamados cascos azules, a territorio hondureño.

Esta particular solicitud de parte de quien horas antes amenazara con “invadir territorio hondureño si no era restablecido el Sr. Zelaya en la presidencia” causó gran estupor en los círculos diplomáticos acreditados en los Estados Unidos. Según destacaban los expertos, en el supuesto negado de que hubiere actuado efectivamente el Consejo de Seguridad, organismo competente para sugerir una decisión de tal magnitud, probablemente sería Venezuela y no Honduras el estado a ser analizado, al interpretarse las palabras del mencionado jefe de estado como una amenazada a la seguridad internacional, fundamento de la acción de las fuerzas militares internacionales.

En el caso de la OEA, su actuación en los círculos políticos y diplomáticos en los alrededores de  Washington ha sido definida como “inédita desde el génesis de dicha organización”. Este organismo hemisférico cuyo objetivo fundamental es la defensa y promoción de la democracia, ahora con un instrumento jurídico adicional, como lo es la Carta Democrática Interamericana, se ha convertido en un apéndice de ciertos gobiernos representados por oscuros intereses dentro de la organización.

La OEA ha enfrentado distintos retos durante los 60 años de su creación: golpes de estado, o tentativas de éstos; auto golpes; rebeliones civiles y militares; discrepancias fronterizas, y hasta guerras como consecuencia de éstas. A pesar de esto,  siempre, aún en los momentos de mayor tensión, la OEA había sabido salir airosa. Ex presidentes de la república, catedráticos, diplomáticos, ex ministros, han tenido el honor de presidir la organización; pero tal y como lo han reconocido veteranos representantes y funcionarios de la organización -en las reuniones privadas y conferencias reservadas- jamás, con excepción de la renuncia del para entonces secretario general de la OEA, el ex presidente Costarricense Miguel Ángel Rodríguez en el año 2004 (Involucrado en presuntos hechos de corrupción en su país), nunca habíamos estado frente a un acto tan oprobioso  a los ojos de la comunidad internacional como lo representado por su actual secretario general, el Sr. José Miguel Insulza.


Las motivaciones de los estados miembros de la OEA

Distintas razones han motivado la actitud de la Organización de los Estados Americanos frente a la situación de Honduras. Intereses económicos de la mayoría de los países miembros del CARICOM y Centro América, así como de algunos gobiernos suramericanos como Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador. Todos éstos beneficiarios directos del gobierno de Venezuela -país cuyo gobierno se ha convertido en un defensor a ultranza del presidente Zelaya- y quien desde hace algunos años ha suscrito generosos convenios con dichos gobiernos bajo los auspicios de ciertas organizaciones creadas a iniciativa del gobierno venezolano (PETROCARIBE,  ALBA, UNASUR).

Adicionalmente a los intereses de estos gobiernos, algunos de ellos ya han dado señales inequívocas de emular los pasos del presidente venezolano en cuanto a la modificación de las Constituciones de sus estados con el interés de buscar la reelección. Presidentes como los de Paraguay, Guatemala, Nicaragua (interesado en modificar el sistema de gobierno presidencialista de su país hacia uno parlamentario en donde él pueda ser el primer ministro), Colombia (aún cuando las motivaciones obedezcan a razones de orden mayor como la continuidad de la política de "seguridad democrática" del presidente Uribe), República Dominicana (a pesar de que el Congreso de ese país ha respondido negativamente a tales pretensiones), Brasil (cuya iniciativa partió tímidamente del partido de gobierno, pero que habiendo sido negada la discusión por el Congreso Brasileño el presidente Lula ha manifestado su deseo de presentarse como candidato para el 2014) han acariciado las ideas del presidente venezolano. Esto, sin contar a los gobiernos de Ecuador y Bolivia que ya han copiado textualmente dicho sistema. En estos casos podremos comprender entonces cómo a todos estos gobiernos les resultaba imposible-dados sus intereses y debilidades- el facilitar el diálogo con las actuales autoridades hondureñas para conocer la otra parte de la historia.


El caso de los Estados Unidos
En el caso de los Estados Unidos su posición no pudo ser más lejana de la realidad latinoamericana. Tal y como comentaban algunos conocedores de la personalidad tan particular del presidente Obama, el pretender tomar decisiones populistas en la OEA para lograr ser considerado "uno de los nuestros" por parte del país del norte hacia el sector liderado por el gobierno de Venezuela, más que una ingenuidad, representa un verdadero desconocimiento de la naturaleza de estos movimientos latinoamericanos. De allí que si la razón de ser de tales gobiernos ha sido precisamente el antagonismo con la primera potencia del mundo, mal podría suponer el jefe de estado Estadunidense, ni su secretaria de estado, que alguno de estos gobernantes cambiaría de posición en un futuro como agradecimiento a la posición asumida en la OEA por los Estados Unidos.

Esta actitud asumida por el gobierno Norteamericano no sólo ha producido un efecto devastador en quienes confiaban que el liderazgo de los Estados Unidos, en vista de las afirmaciones de su presidente respecto a la “necesidad del diálogo y del tratamiento a los demás gobiernos en una situación de igualdad”,  sería aleccionador. De hecho al parecer ha producido un efecto de parálisis en algunos otros gobiernos  representados en la OEA, que si bien es cierto no pretendían llevar una voz discordante con la mayoría, hubieran demostrado mucha más sindéresis que la utilizada por quienes se abrogaron para sí un problema interno que no les competía.
Gobiernos como el de Canadá, el cual fue uno de los pocos que semanas antes de la crisis había advertido la  improcedencia de las medidas tomadas por el presidente Zelaya. Otros como Méjico, el cual a pesar de haber participado en las reuniones de apoyo al presidente depuesto realizadas días atrás en Nicaragua por parte de algunos organismos regionales como el SICA, ALBA y el GRUPO DE RIO, se mantenía concentrado en sus elecciones legislativas de este Domingo 5 de Julio. 
Respecto a Chile debemos recordar los hechos que dieron origen al golpe de estado, en donde falleciera su presidente Salvador Allende, para entender el porqué este gobierno no podía hacer otra cosa que apoyar al depuesto presidente. Uruguay, cuyo gobierno desde hace meses ha mantenido una "distancia prudente con el venezolano", evidentemente no tenía ningún interés en discutir con un gobierno tan perturbador como éste. Perú, cuya delicada situación interna, como consecuencia de la intromisión de agentes extranjeros, entre ellos, ciudadanos venezolanos, en sus asuntos internos, tampoco estaba en capacidad para enfrentarse a la mayoría. Todos ellos hubieran podido cambiar el destino de la OEA si los Estados Unidos hubiera demostrado alguna posición más equilibrada, en vista de que a pesar de estas debilidades, mantienen una relación de respeto y acercamiento para con el coloso del norte.
La posición asumida por el gobierno Norteamericano ha dado pié a los analistas a retomar las discusiones que se han venido realizando internamente en los Estados Unidos respecto a lo que el gobierno Americano ha denominado “la diplomacia pragmática”. 


El secretario general de la OEA

Un elemento que jugó vital influencia en la decisión tomada por la OEA, cuyo epílogo ha sido la suspensión de Honduras del sistema interamericano, fue determinado por la sistemática actitud asumida por su secretario general, José Miguel Insulza, quien en vez de mantener la moderación necesaria para llevar a buen término una negociación tan delicada como lo era el mantenimiento de la democracia en Honduras, y por ende en el continente, desde los primeros momentos mantuvo una actitud de condena frente a las instituciones hondureñas. El Sr Insulza, sin que siquiera hubiera estado presente autoridad alguna que representara las opiniones del actual gobierno, organizó sendas reuniones, tanto en el Consejo Permanente, como en la Asamblea General Extraordinaria, en donde acusó oficialmente a las autoridades hondureñas de haber perpetrado un golpe de estado.

El secretario general de la OEA, violando las disposiciones establecidas en la Carta Democrática Interamericana, instrumento cuya violación alega haber sido cometidas por las autoridades hondureñas,  procedió a instar a los distintos jefes de estado de la región, así como a los organismos financieros integrantes del sistema interamericano, a tomar medidas en contra del gobierno de Honduras a fin de presionar lo que a su juicio debía ser el restablecimiento del orden constitucional.

Paradójicamente el Sr Insulza requería de los cancilleres de los estados miembros el otorgar un plazo de 72 horas al nuevo gobierno para que reincorporara al presidente depuesto, bajo la amenaza de suspensión de la República de Honduras del sistema interamericano. Sin embargo el secretario general, con anterioridad al vencimiento del plazo, aupaba la aplicación de aquellas sanciones.

Olvidaba el secretario general que todas estas acciones establecidas por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y los estados miembros de la organización, precisamente representaban la sanción con la cual había amenazado a ese pequeño país. En otras palabras; el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, actuando como un verdadero acusador en una causa criminal, amenazaba a un estado soberano con la aplicación de la máxima sanción establecida en el mencionado instrumento jurídico; pero sin embargo el referido funcionario instaba, días antes del vencimiento del plazo acordado por el organismo multilateral, a que se aplicaran-como en efecto sucedió- las referidas sanciones.


La decisión del nuevo gobierno y la respuesta del secretario general de la OEA

En vista de la extemporánea visita del Sr Insulza a Honduras, la confusión en la OEA, gracias a ésta, es aún peor que antes de la realización de dicho viaje. En efecto, motivado a la falta de objetividad demostrada por el organismo hemisférico respecto a la crisis hondureña; así como en razón de las afirmaciones realizadas por el Sr. Insulza, y de la manifiesta pasividad que ha habido respecto a las amenazas proferidas por algunos jefes de estado, quienes sugerían la inmediata incursión militar en dicho territorio, el nuevo gobierno ha decidido denunciar la Carta de la OEA.  Esta circunstancia representa la solicitud de su salida del seno de la organización, según lo dispuesto en el artículo 143 del mencionado instrumento jurídico.

Una vez la organización reciba oficialmente dicha solicitud, le corresponderá la espera del lapso de dos años a objeto de proceder a dar por finalizada dicha relación con el país centroamericano. En el presente caso, el secretario general de la organización, atribuyéndose una competencia que no le corresponde por cuanto que dentro de las funciones de secretario general no se contempla la asesoría jurídica de la organización, ni mucho menos el veto contra algún estado de la organización que a su juicio adoleciera de algún vicio, ha dictaminado la “imposibilidad de renunciar a seguir formando parte del ente hemisférico” por parte del estado soberano de Honduras, esgrimiendo como argumento que dicho estado carece de legitimidad frente al mundo.

De ser esto cierto, la comunidad internacional padecería de una de las situaciones jurídicas más extravagantes en la historia de la humanidad, inexistente incluso durante la vigencia del Tercer Reich frente a los estados dominados por el Nazismo. En el presente caso tenemos a una República cuyas autoridades han sido elegidas siguiendo los lineamientos de la Constitución de esa República.

El Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, el alto mando militar, todas estas autoridades fueron designadas no solo bajo los parámetros constitucionales, sino con anterioridad a toda esta situación política surgida en estos últimos días. En el caso del actual presidente de la república, éste ocupaba horas antes el cargo de presidente del Congreso Nacional; y como tal, según lo dispone la propia Constitución hondureña, a falta del presidente y vicepresidente de la república (quien renunció para presentarse como candidato presidencial en Noviembre próximo), le corresponde a dicho funcionario ejercer las funciones de presidente interino hasta la realización de nuevas elecciones.

El hecho de que haya existido una situación irregular, de la cual desconocemos sus pormenores porque ninguno de los organismos internacionales actuantes se han tomado la molestia de solicitar información de las autoridades hondureñas al respecto, en nada limita los derechos y obligaciones asumidos por quien fue electo mediante el ejercicio de la soberanía popular para ocupar un peldaño en el Congreso de su país y que gracias al orden de suceder establecido en esa misma Constitución ha sido designado por el Congreso de su país como presidente interino.

Aceptar como válido el dictamen anticipado de quien carece de competencia para ello, conllevaría no solamente al desconocimiento de una situación jurídica existente, sino a la violación de derechos frente a terceros como lo son aquellos con ocasión de la existencia de infinidad de contratos y convenios internacionales con distintas organizaciones y estados del mundo, como los Tratados de Libre Comercio con Centro América y los Estados Unidos (CAFTA), por ejemplo. Este hecho nos llevaría al absurdo jurídico de no poder ni exigir el cumplimiento de las obligaciones a la república hondureña, por inexistencia de autoridades legitimas, ni hacer valer los derechos de la República frente a terceros. Esto sin contar el caos que significaría la falta de reconocimiento, injustificada, de las nuevas autoridades gubernamentales dentro de su propio territorio, y el gravísimo perjuicio que ocasionaría a las víctimas de esta situación que no son otras que  el pueblo hondureño.

Por si esto fuera poco, la falta de reconocimiento de legitimidad de Honduras para actuar por parte del secretario Insulza, crearía una situación absolutamente contradictoria hasta para la propia OEA al impedir al organismo hemisférico la notificación oficial de la medida de suspensión acordada en la Asamblea General del día domingo 4 de julio.
Pretender cercenar el libre ejercicio de su derecho soberano a decidir por parte de la República de Honduras, frente a cuáles organizaciones internacionales desea permanecer, conllevaría a pensar en un supuesto negado, que la OEA representa algo similar a aquellas organizaciones extremistas, como el famoso “Ku Klux Klan”,  en donde frente a la voluntad de querer excluirse de la misma por parte de alguno de sus miembros, éstos eran castigados hasta con la muerte.


Lo que podemos esperar

La normalización de la actual situación política de Honduras dependerá del pulso y buen tino de sus actuales autoridades, así como del respeto que la comunidad internacional manifieste en relación con el legítimo derecho del pueblo hondureño a vivir en libertad.

Eventos como el intento de trasladarse a territorio hondureño por parte del presidente depuesto acompañado por autoridades diplomáticas, y amparado por jefes de estado, no son necesariamente los más idóneos si se quiere evitar una desgracia. Es cierto que al ex presidente Zelaya le asiste todo el derecho de acudir a su país, más aún cuando sobre él pesa una orden de detención, pero existen distintas manifestaciones para el ejercicio de la violencia y una de éstas resulta de la provocación en que en un clima de tensión lleva implícita la presencia de tales personalidades junto con el depuesto presidente.

Nadie sabe qué puede suceder en Honduras, y seguramente nada sucederá más que el retorno a la normalidad de un pueblo que merece vivir en paz. En todo caso la crisis política que padece Honduras, como consecuencia del accionar de sus instituciones, servirá para que en un futuro próximo, cuando las aguas vuelvan a su cauce -y volverán- la comunidad internacional se plantee nuevas soluciones frente a estos nuevos retos.

Figuras como la utilización de mecanismos constitucionales para modificar los sistemas de gobierno, como ha sucedido en el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia; el establecimiento de consultas populares o referendos para garantizarse la permanencia indefinida o por largos periodos por parte de algunos jefes de estado; mecanismos aparentemente institucionales para impedir que los pueblos hagan valer sus derechos constitucionales frente a los abusos de sus gobernantes; la existencia de instrumentos jurídicos internacionales que se encargan de vigilar y sancionar a los particulares que intenten derrocar a los gobiernos legítimamente constituidos, pero que nada dicen de los gobiernos que tratan de derrocar a los sistemas democráticos de sus estados, son algunos de estos retos que tendremos que enfrentar si queremos vivir en armonía y bajo los valores de la democracia.

Las observaciones que nos hemos propuesto en estas líneas no deben llevarnos a la frustración ni al pesimismo, por muy absurdas que las pretensiones de algunas de las partes u autoridades pudieran parecer. El análisis sobre el porqué el continente ha llegado a casos como el planteado debe hacernos reflexionar respecto a las diversas situaciones que el siglo XXI ha venido presentando,  y que evidentemente, por su novedad, carecen de los instrumentos jurídicos adecuados para su solución. 

Así como las realidades que viven los pueblos son las que han originado en un momento dado el establecimiento de reglas de juego para el funcionamiento de las instituciones políticas y de las Repúblicas; de igual forma se han venido creando, y se crearán,  instrumentos jurídicos que rijan la conducta de cada uno de los estados frente a la comunidad internacional y frente a la comunidad internacional y cada uno de sus estados miembros. Ayer fue Venezuela, hoy es Honduras.  ¿Cuál será mañana?


*Ex Embajadora de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos