Con bandas armadas ha salido otra vez el Gobierno a la calle a imponer su Ley, amparado en el fuero constitucional que le da patente de corso para hacer lo que le venga en gana, que es como Chávez y los que lo rodean entienden el concepto de democracia. Su ambición es la persecución y el “control del enemigo”, por las vías legales, y de todo aquello lo que no responda a sus designios.

Después de sus derrotas en Honduras, Colombia y el resto del mundo, no les ha quedado otro convencimiento que el de huir hacia delante, atacando de nuevo para borrar lo imborrable, con un libreto que ya conocemos de antemano. Y así lo hicieron. El ministro de todo, Diosdado Cabello, siguiendo instrucciones de su jefe máximo, decidió el cierre “constitucional y democrático, respetuoso de todas las providencias administrativas de rigor”, de decenas de emisoras de radio tanto de Caracas como del interior de la República Bolivariana.

Pero no les es suficiente con los legalismos sino que requieren de la violencia expresiva y simbólica para mostrar que son impunes, que dan miedo y que están apoyados. Que eso del Estado de derecho es un preservativo que se quita y se pone a gusto. Que la nota está en el fugaz y ruidoso ataque sorpresivo perpetrado desde la colmena de motos armada de revólveres, pistolas y bombas lacrimógenas que percutadas agreden una estación de televisión, Globovisión. Que no les gusta porque no les ríe sus acciones, que odian sería mejor decir y que ha sido declarada “objetivo militar” en varias ocasiones, que ha sido multada, amenazada, satanizada, perseguida, arrinconada hasta la saciedad, y que ha decidido, a pesar de todo, jugar duro y de frente en defensa de la voz de los que nos estamos quedando mudos por las acciones oficiales.

Pero de lo que no se dan cuenta estos patoteros de nueva calaña es que lo que atacan, más allá de ciudadanos y espacios de propiedad establecida, son unos principios democráticos sagrados en los que ellos no creen. Con el arrebatón, el maltrato televisado, demuestran una vez más que son cobardes y no tantos como pregonan, pero que están amparados por el poder y la paga. La respuesta del Ministro El Aissami de que “sea quien sea quien esté comprometido con esta acción violenta, con esta acción que no dudamos en calificar de delictiva, debe ser puesto a la orden de la justicia venezolana”, da risa. Y no de él, faltaba más, sino de lo que representa, que es el vandalismo legalizado que se ha apoderado del país. Vandalismo y socialismo son sinónimos en Venezuela.

Pero como no les gusta que les lleven la contraria porque no están para el diálogo y la creación, son eternamente repetitivos. El verdadero debate que debemos dar las fuerzas democráticas en Venezuela y en el mundo no es solamente el de la libertad de expresión, sino también el del peligro de la mancha corrosiva que se extiende sobre la humanidad, que es la de la creciente libertad de opresión que asiste a los que ejercen el poder, sea cual sea su origen.