Siempre es más fácil controlar que tener que vérselas con el ejercicio libre de unos ciudadanos informados, críticos y aptos para exigir rendición de cuentas, con actitud proactiva para apoderarse del escenario social que les corresponde, creativos ante los retos que presentan los cambios de impacto mundial y comprometidos con las decisiones que finalmente asuman. Capaces de organizarse para demandar y hacer valer las verdaderas necesidades de sus comunidades, sin cortapisas de partidos políticos o del gobierno central. Un ciudadano con esa vitalidad agota a cualquier gobierno con tendencias autoritarias.

Lo irónico es que un gobierno que se empeña en alardear de la supuesta participación del pueblo en todas las áreas de ejercicio social y político, sea al mismo tiempo el más sensible y esquivo al escrutinio público. Con prácticas opacas, por no decir oscuras, que resguardan con un celo excesivo los asuntos que son de vital interés ciudadano, impidiendo el acceso a la información, no sólo a los medios que critican su gestión, sino a todo el colectivo nacional.

Siempre con el manido argumento de la alteración del orden público, del fomento a la zozobra de la ciudadanía y de la intolerancia por razones políticas, entre otras.

Hay que admitir que vivimos en una zozobra constante que no desaparece cuando apago la tele. La sensación de inseguridad no se quita aunque desconecte la radio o hagamos del periódico la zona de desecho de nuestras mascotas. El orden público está alterado desde que tenemos zonas de tránsito exclusivo para los que profesan la religión del gobierno; desde que hay que pasarse el dato de donde se está formando la cola para comprar productos de primera necesidad y de segunda o tercera, porque, vamos, no me van a decir que no padecemos también la escasez de productos de aseo y de embellecimiento personal. Nada ha fomentado más la intolerancia política que las acciones que tratan de fortalecer el mensaje único, lleno de epítetos descalificadores, uniformado en torno al reinado presidencial, que nos convierte en apátridas por el simple hecho de defender un modo distinto de pensar y de vivir, y de exigir respeto a nuestra dignidad.

De manera que, sancionar a un medio de comunicación alegando zozobra ciudadana, generación de inseguridad, alteración del orden público, intolerancia política, es una oportunidad para revisar el ejercicio ético del periodismo, sin obviar el tema de la proporcionalidad de la sanción. Y, al mismo tiempo, examinar el comportamiento político desprovisto de contenido ético. Sobre todo revisado a la luz de la conformación del órgano sancionador de los medios, que actúa totalmente a la orden del Ejecutivo Nacional, y no como un ente autónomo, al servicio de la colectividad.

Pero además, no es absurdo preguntarse, luego de padecer zozobra, inseguridad, intolerancia durante los últimos diez años, a través del ejercicio de este gobierno, ¿quién sanciona al sancionador?

TC