La descentralización está unida a la democracia; pues implica su profundización, mediante la redistribución territorial del poder público que contribuye al establecimiento de una relación cercana, directa y vinculante entre la ciudadanía y las autoridades públicas. Venezuela es por tradición histórica y por constitución un Estado Federal, lo que implica el reconocimiento y la existencia de distintos centros de poder que se constituyen en unidades político-territoriales autónomas y con personalidad jurídica propia.

El Estado federal descentralizado es reconocido y desarrollado por la Constitución de 1999, mediante las siguientes connotaciones: i) el poder federal es un principio constitutivo de la República y emana de los ciudadanos; ii) el poder federal es un poder político-territorial y se ejerce por medio de potestades y competencias; iii) tales competencias son exclusivas o concurrentes y, además son irrenunciables, indelegables e improrrogables; iv) el poder federal se viabiliza por medio de la descentralización  y, v) la descentralización es acercar los espacios de decisión pública a los ciudadanos, desde el punto de vista territorial.

El modelo federal descentralizado ha venido siendo golpeado y desarticulado de manera progresiva por el actual Gobierno Nacional con mayor empeño a partir del año 2007 con la puesta en marcha y de manera abierta de la construcción de un modelo socialista en el país, que se expresa mediante: i) la manipulación discrecional y centralista del situado constitucional correspondiente a estados y municipios; ii) la reversión de las competencias concurrentes transferidas a las entidades federales menores; iii) la modificación del ordenamiento territorial constitucional por la vía reglamentaria y el impulso de un Estado centralizado paralelo; restrictivo de la propiedad privada y la participación popular directa, universal y secreta.

En un eventual cambio de gobierno, el próximo año 2012, el rescate del Estado federal descentralizado tendría que constituir uno de los ejes estratégicos en la reconstrucción del país. Se trataría entonces de impulsar el conjunto de condiciones jurídicas, institucionales y financieras necesarias para ejercer el modelo federal descentralizado en forma soberana, autónoma, responsable y democrática. En ese contexto y, en términos operativos, competencias concurrentes como la alimentación y la agricultura, el empleo, la educación y la cultura, el deporte y la recreación, la salud y la vivienda, la convivencia y la seguridad ciudadana, entre otras; requerirían en el muy corto plazo del establecimiento de un programa eficaz de transferencia convenida; tanto con las entidades territoriales como con las comunidades organizadas.

De la misma manera, aquellos servicios revertidos y secuestrados por la actual administración  gubernamental tales; como: aeropuertos, puertos, autopistas, centros de salud, servicios de seguridad tendrían que regresar a las entidades territoriales que han venido administrando esos servicios con mayor eficacia y eficiencia, que la mostrada nuevamente por la gestión centralizada. Otro elemento central en el rescate del federalismo descentralizado será la defensa y fortalecimiento de las finanzas estadales y municipales y, los recursos que constitucional y legalmente les pertenecen.
Una estrategia crucial en el nuevo gobierno será desarrollar vínculos y mecanismos de coordinación entre los poderes nacional, estadal y municipal, para cooperar y ser corresponsables en los asuntos de interés ciudadano. En tal sentido, la incorporación del pueblo organizado y otras entidades del municipio, incluyendo parroquias y consejos comunales en la descentralización; a través de la participación comunitaria será realmente un tema que marcará la diferencia.

El Consejo Federal de Gobierno (CFG) y el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) ameritan y merecen una revisión institucional profunda y seria, que revitalice su funcionamiento como entidad gubernamental responsable: i) del proceso de descentralización y de transferencia de competencias del Poder Nacional hacia los estados y los municipios; ii) de la transferencia de programas y servicios de las entidades territoriales hacia las comunidades y grupos vecinales organizados; y, iii) en el financiamiento de inversiones públicas para el desarrollo equilibrado de las regiones y de las distinta entidades públicas territoriales componentes de la República.

Un nuevo gobierno democrático  a partir del año 2013 se encuentra obligado a orientar su gestión en el cumplimiento de los principios y garantías constitucionales de federalismo, descentralización e integridad y cooperación territorial; además de impulsar los mecanismos institucionales y financieros para el desarrollo pleno de los estados, los municipios y las comunidades organizadas.


@migonzalezm