Hay algo que el soporte leguleyo que se le ha dado a la confiscación de la señal de 34 emisoras de radio y televisión, no explica: ¿Dónde queda el derecho al trabajo de los miles de venezolanos que laboran en medios susceptibles de perder la concesión de uso de espectro de un día para otro? Visto está que para los operadores y voceros del régimen de Hugo Chávez los derechos fundamentales repican como la lluvia en un alero; ven llover mientras ellos se creen a buen cubierto.

No obstante, la estupefacción de estos fanáticos sin remedio, vale la pena recordar alguno de esos derechos: "Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo" (Declaración Universal de los Derechos Fundamentales del Hombre, ONU, 1948) Recuérdese también que esos derechos deben ser garantizados por todo Estado, y que corresponde a las instituciones públicas velar por ellos. De modo que sólo los estados, expresados en acciones de gobierno, son los únicos que podrían incurrir en la violación de tales derechos. Puede que suene a Perogrullo, pero si un particular (pongamos un "latifundista de los medios", por usar la ingeniosa jerga de Diosdado Cabello) atenta contra los derechos de sus trabajadores o de sus oyentes, pues para eso están los poderes públicos.

Se pone de bulto que el cierre de 34 emisoras de radio y televisión no responde a un acto de resarcimiento ni de defensa de los ciudadanos frente a un supuesto "terrorismo mediático" (¡Cómo les gusta asignar el adjetivo "mediático" a cuanta cosa, a estos muy mediáticos jefezuelos de ahora) . No, puesto que las razones para apagar los transmisores son de orden estrictamente administrativo, en apariencia.

Desde que Hugo Chávez se hizo del poder para no soltarlo, el derecho al trabajo de profesionales y trabajadores de la comunicación ha estado amenazado, como nunca antes, amenazado con la eliminación de la razón de ser de la vocación comunicacional.

Pasan por alto, funcionarios y parlamentarios, que quienes abrazaron tal vocación lo hicieron en ejercicio de un derecho fundamental: "Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo".

Hay condiciones irrenunciables para todo aquel que desempeñe tareas de comunicación: la libertad de expresión, que desde luego deriva en la necesaria pluralidad.

Los medios privados e independientes, con todos los vicios o intereses inconvenientes que puedan achacarle a sus propietarios y operadores, son expresión de la pluralidad, garantía mínima para que exista.

Esa pluralidad debe estar presente incluso en los medios estatales, y con más razón. La rosita de luxemburgo que hace las veces de ministra de información podría echarle un vistazo a la BBC y cómo funciona.

¿Qué piensa hacer el gobierno con todo un sector laboral altamente capacitado en lo conceptual y técnico? En la actualidad el Colegio Nacional de Periodistas agremia a 18.000 profesionales. En las escuelas de Comunicación Social del país cursan 47.000 jóvenes.

Para dar respuesta en cuanto a dónde podrían ejercer esos comunicadores, el gobierno envió a un recadero, el actor Eduardo Gadea Pérez, que trajo la buena nueva: los trabajadores cesantes podrán encontrar empleo con los nuevos concesionarios de las señales. Quien no los conozca que los compre.