En Venezuela no existe la separación de los poderes públicos, pues lo que no existe son esos poderes. El Tribunal "Supuesto" de Justicia es una treintena de sujetos, algunos analfabetos, que, con contadísimas y muy honrosas excepciones, sólo sirven para cobrar altos sueldos y cuantiosas primas, y que administran su "justicia" sólo bajo los designios expresos o tácitos del amo comandante. La pretendida "Asamblea Nacional" es, igualmente, un mamotreto que no sirve para nada, y su función "legislativa" se limita a "discutir", un solo día a la semana, supuestas "leyes" siempre también bajo la impronta del comandante, sin ejercer ninguna de las funciones de control a que está obligada, pese a la presencia en ella de una nutrida, aunque minoritaria, fracción opositora.

De los otros poderes puede decirse lo mismo. El único poder real es el del presidente de la república. Y no es una invención nuestra, pues tal es la "doctrina" de la inefable señora que "preside" el dicho Tribunal "Supuesto" de Justicia.

No hay realidad más lamentable que la inexistencia de una verdadera Fiscalía General de la República que esté permanentemente vigilante de la actuación de los demás poderes y funcionarios del Estado, así como de los particulares, para garantizar el cumplimiento de las leyes. Vigilancia que debe ejercerse no como ahora, drástica y velozmente en contra de instituciones y personas de la oposición, pero hecha la loca cuando se trata de organismos y funcionarios afectos al régimen.

Dan pena igualmente las "actuaciones" de la Contraloría General, supuestamente fundamental en la persecución y castigo de la corrupción que hoy campea, como nunca en nuestra historia, ante la mirada cómplice de la Contraloría, muy diligente también en inventar expedientes contra dirigentes de la oposición para inhabilitarlos, pero ciega, sorda y muda ante los desafueros, más abundantes que nunca, de organismos y funcionarios oficiales. La inexistencia de la Contraloría es tanto más patente, cuanto que hace meses falleció el Contralor, y aún no se ha dado ni un paso para designar a quien ha de suplirlo.

El "Poder electoral" exhibe su inexistencia en el hecho de su evidente ilegalidad, designado como fue con desconocimiento de la norma constitucional que obliga a que sea formado por personas políticamente independientes, condición que no cumple ninguna de las cuatro chavistas que hacen la mayoría en dicho organismo.

Con todo, el "poder" más evidentemente inexistente es la llamada Defensoría del pueblo, que sencillamente da lástima cada vez que su titular abre la boca.

Yo no sé si, dados los hechos descritos, estamos bajo una dictadura, pero es lo que más se le parece.

TC