Si hay algo que hemos podido confirmar propios y extraños en los días que corren es la siniestra catadura moral de los que gobiernan a Venezuela. El debate que ha generado una decisión ajustada a derecho y ejemplar emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en relación con el caso de inhabilitación política de Leopoldo López, ha puesto de manifiesto de la forma más cruda la ideología demencial y la carencia de ética que mueven a quienes cuestionan aquella desde el ángulo de las argumentaciones más disparatadas, inconsistentes y antijurídicas.  

Los alegatos de los que rechazan la sentencia no han podido ser más retorcidos, descabellados y risibles. La discusión que tuvo el asunto en la Asamblea Nacional es verdaderamente bochornosa. La bancada del gobierno “se lució” una vez más con sus bajezas y un lenguaje deplorable en forma y contenido.  Los insultos, embustes, ignorancia y el desvío hacia temas no vinculados al punto central de la discusión demuestran que no disponen de razones válidas para  refutar la sentencia impecable que favorece a López,  y que el interés del gobierno es sólo político, que busca perjudicar la figura de un precandidato que pareciera desquiciarlos. La idea de llevar este debate a ese terreno lamentable era confundir al oyente, al mezclar cosas impertinentes que sirvieran al show mediático montado con el propósito de descalificar la decisión del organismo hemisférico, todo siguiendo las órdenes del mandamás de Miraflores que no encuentra cómo zafarse de esa condena.

Con ellos ha quedado en evidencia la desnudez intelectual, la pobreza política y la miseria moral de unos supuestos dirigentes que afortunadamente están en franca decadencia, en descomposición ineluctable, y en los que ya nadie cree.

No hace mella alguna en estos bárbaros del siglo XXI la repercusión negativa internacional de esta conducta. El ridículo que están haciendo ante el planeta es monumental. Es la conducta típica de déspotas primitivos, desvergonzados, que se ponen el mundo por montera, no interesándoles otra cosa que mantenerse inescrupulosamente en el poder para seguir gozando de las canonjías que éste proporciona y revolcarse en dinero mal habido, mientras las mayorías se mueren de mengua y los repudia.

Este proceder de los bolivarianos no está muy lejos del que exhibió en su momento un Idi Amin Dada, un Bokassa o el mismo Gadafi, tiranos crueles, corruptos y salvajes que hundieron a sus pueblos en la mayor pobreza y degradación, pero que también pisotearon los derechos humanos.
Por otro lado, y ya adentrándonos en lo jurídico, no hay mucho que decir. Está tan claro el tema -la letra constitucional no admite mayores interpretaciones- que cualquier ciudadano de a pie lo puede comprender a la perfección. Desconocer la legitimidad y/o la constitucionalidad de la sentencia de la CIDH es un exabrupto, un despropósito insostenible. Alegar razones de soberanía también lo es en un mundo en que ésta ha pasado a ser una noción demodé, utilizada sólo por los tiranos para ampararse en ella y encubrir sus desmanes.

Lo más cierto de todo este asunto es que el Dr. Chimbín está haciendo de nuevo de las suyas, pero ahora en la vida real. En no otro espacio podía actuar, sino en el de la revolución de la mediocridad. Allí está: en la Procuraduría General, en la Fiscalía y en el más alto tribunal. Disparateros como el recordado personaje, cuyos “conocimientos jurídicos” deleznables tolerábamos porque nos producían risa, hoy los “juristas” del régimen son todos émulos del Dr. Chimbín, el hazmerreir en toda la comunidad jurídica nacional e internacional.
El asunto ha dejado de ser jocoso para volverse una tragedia.