Si no gana arrebata, como muchacho malcriado. La salsa que es buena para el pavo, también lo es para la pava. Llegó el día en que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos

resolvió un juicio emblemático. Llegó la hora que tanto esperaron algunos. Y el fallo no fue precisamente a favor del gobierno. La corte resolvió en opuesto a las aspiraciones del caudillo. Habilitaron políticamente a Leopoldo Lopez, en contrario a las resoluciones de la Contraloría General de la Nación, que pretendió tener un derecho a deshabilitar políticamente a personas, sin que mediare un juicio.

Ahora sí. Chávez ha sido habilitado para demostrarnos su apego a la legalidad. La misma Corte a la que asistieron los abogados del gobierno, promovieron pruebas y alegatos, resuelve que el gobierno no tiene justificación. Ahora –justo ahora cuando pierden- la Corte no tiene jurisprudencia, ni acción, ni derecho alguno a decidir lo que decidió. Ahora la Corte es maluca, pues decide lo que no les conviene. Esa no es la Corte Venezolana, que resuelve casos con una llamadita. A la costura del gobierno, se le salieron los hilos. Una lista de seguidores del gobierno descalifica ahora al mismo tribunal que reconocieron valido asistiendo al juicio e intentando defender lo indefendible.

Fíjense que ni siquiera estoy tomando posición sobre el fondo. No pretendo demostrar qué Leopoldo Lopez –el habilitado- hizo buen uso del erario público. El fondo de ese juicio no era demostrar eso. La diatriba giró sobre la pertinencia de una instancia capaz de inhabilitar los derechos políticos de los venezolanos, a su único criterio, sin mediar un juicio que determinare una sentencia firme y le confiriere a los deshabilitados, la posibilidad real de una defensa. Usando este instrumento, el gobierno ha producido una lista inmensa de personas, que casualmente, la gran mayoría pertenece a la oposición venezolana. En esa lista debería aparecer, por ejemplo, Rafael Ramirez, que permitió que toneladas de comida importadas por una compañía bajo su control se pudrieran en los puertos venezolanos.

Se le cierran los caminos a la revolución. Ahora está obligada a acatar una acción, que en legalidad, no puede contravenir. Hacerlo significaría saltar la talanquera de la democracia, ante los ojos de la comunidad internacional, tal como lo ha hecho puertas adentro del país. Millones de observadores aguardan por la posición del Concejo Nacional Electoral, ante el mandato de la Corte. No es el ejecutivo quien debe tomar posición. No importa cuán improcedente les parezca a Cilia Flores, Juan Carlos Loyo  y a Carlos Escarrá la decisión de la corte.

Los venezolanos de bien debemos respaldar la ejecución de esta medida, cualquiera que sea el color de nuestra simpatía política. Las sociedades organizadas reconocen las disposiciones de la justicia, pues para eso fueron creadas las instituciones.  Venezuela retorna lentamente al camino del orden. Viva la Venezuela libre.

@pereiralibre