Tras los acontecimientos del 3 de enero, Venezuela parece haber entrado en una fase que muchos denominan «transición».

Sin embargo, conviene ser prudentes con los términos: la transición aún no habría comenzado plenamente. Lo que sí se percibe son señales de cambio que se manifiestan en distintos ámbitos: político, económico y diplomático; indicios de un posible reacomodo del poder en un país que durante años ha vivido bajo una estructura totalitaria.

Sobre lo ocurrido aquel día conviene hacer una precisión fundamental. Nadie dentro de Venezuela puede atribuirse el resultado. Fue una decisión tomada por el Gobierno del presidente Donald Trump. Sin embargo, como nación tendremos que debatir algún día lo sucedido, porque aquellos hechos también revelan una verdad incómoda: como sociedad no fuimos capaces de salir por nosotros mismos de esta larga noche totalitaria, a pesar de los esfuerzos y de estar en las puertas de lograrlo en varias oportunidades. Ese fracaso no solo interpela a una clase política desgastada, interpela a todo un país.

En la opinión pública venezolana parece existir un respaldo mayoritario a la decisión de Washington de sacar del poder a Nicolás Maduro. Y no es difícil comprender por qué. Durante años, el régimen no solo fue acusado por sus vínculos con redes internacionales del narcotráfico, sino también por graves violaciones a los derechos humanos que han sido documentadas por organismos internacionales. La captura de Maduro representa para muchos venezolanos el fin simbólico de una era marcada por la impunidad.

Posteriormente hemos observado el tutelaje de Estados Unidos sobre figuras clave del aparato de poder, entre ellas Delcy Rodríguez, quien ejerció la “Vicepresidencia” durante la dictadura, y ahora la Administración estadounidense ha planteado un proceso de tres etapas para conducir el país hacia una transición democrática pacífica: estabilización institucional, recuperación económica y celebración de elecciones libres.

Han pasado ya diez semanas desde los hechos históricos que culminaron con la captura de Maduro. Los ciudadanos observan este momento con expectativa y esperanza, conscientes de que podría tratarse de una oportunidad única para reconstruir la República. Sin embargo, también resulta evidente que buena parte de la estructura del antiguo régimen continúa en el poder.

En ese entramado de poder ha jugado un papel determinante la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, presidida hoy por Jorge Rodríguez, hermano de una de las figuras centrales del aparato político chavista. Desde allí se han impulsado iniciativas que, lejos de facilitar una verdadera transición, parecen diseñadas para preservar cuotas de poder.

Un ejemplo es la llamada ley de amnistía, que no ha logrado liberar a todos los presos políticos. Peor aún, excluye a muchos de ellos bajo argumentos jurídicos diseñados a conveniencia del sistema, especialmente a militares. Pero las exclusiones también han alcanzado a civiles como el jurista Perkins Rocha o la periodista Nakary Ramos, quien fue encarcelada simplemente por ejercer su labor informativa.

En paralelo, se han presentado iniciativas económicas que pretenden proyectar una aparente apertura al mercado internacional. No obstante, cualquier intento de recuperación económica será estéril mientras no existan instituciones sólidas, separación de poderes, Estado de derecho y garantías para la libertad económica. Sin esas condiciones básicas, el riesgo país seguirá siendo demasiado alto para atraer la inversión necesaria.

Todo lo anterior nos conduce al punto central: la transición venezolana parece no haber empezado todavía.

Existen señales, es cierto, pero no un proceso real de transformación institucional. En parte, esto se explica por la resistencia del régimen, interesado en mantenerse en el poder. Pero también revela una falta de las fuerzas democráticas, que deberían estar promoviendo con mayor determinación un cambio estructural.

Resulta particularmente preocupante que, a estas alturas, la reinstitucionalización del país no sea el tema prioritario del debate público. En cambio, sectores importantes ya hablan de elecciones como si el problema fundamental de Venezuela fuese meramente electoral.

Ir a elecciones bajo condiciones similares a las del pasado, como ocurrió el 28 de julio de 2024, conduciría inevitablemente a los mismos resultados. Antes de pensar en votar, es imprescindible reconstruir las garantías institucionales.

Esto implica, entre otras cosas, un nuevo organismo electoral independiente, una revisión profunda del sistema de resguardo del voto y una transformación de instituciones clave como el organismo de identificación nacional, encargado del registro de ciudadanos. Existen serias dudas sobre la integridad de esos registros, agravadas por denuncias internacionales sobre la emisión irregular de documentos.

Asimismo, millones de venezolanos en el exterior deben poder ejercer plenamente sus derechos políticos mediante mecanismos transparentes de registro y documentación.

Pero la reforma institucional no puede limitarse al ámbito electoral. Venezuela necesita reconstruir todo su entramado institucional, desde el Ministerio Público hasta el conjunto de los poderes públicos.

Solo cuando las instituciones vuelvan a estar al servicio de los ciudadanos podrá comenzar realmente la reconstrucción del país.

Preocupa, sin embargo, que parte de la oposición, en lugar de concentrarse en esta tarea histórica, haya comenzado prematuramente campañas para aspiraciones regionales y municipales. Esa lógica electoralista ignora una verdad elemental: sin república no hay democracia posible.

Venezuela necesita ciudadanos que piensen en grande y que exijan más de sus líderes. Las sociedades libres no se construyen sobre mesianismos. Ningún líder, por carismático que sea, puede sustituir la fuerza de instituciones sólidas.

Hablar de elecciones mientras más de 500 presos políticos siguen tras las rejas y mientras no se avanza en la reconstrucción institucional resulta, cuando menos, prematuro.

Por ello es fundamental que la dirigencia política logre acuerdos firmes con aliados internacionales que actúen como garantes de un proceso de transición real. La tarea es nada menos que reconstruir una república que hoy se encuentra profundamente erosionada.

Ante la frecuente ausencia de políticos que respondan verdaderamente a los ciudadanos y no a sus propios intereses, la sociedad civil deberá asumir un papel decisivo. Venezuela cuenta con académicos, especialistas y profesionales capaces de aportar a la reconstrucción nacional.

Si algo sabemos todos es que el país no puede esperar más.

La libertad no es una noción abstracta ni fragmentaria. Es un sistema de equilibrios. Existe la libertad económica, indispensable para prosperar, existen las libertades civiles, necesarias para vivir sin miedo, y existen las libertades políticas, que garantizan la participación ciudadana. Cuando una de ellas desaparece, la libertad en su conjunto se desvanece.

Venezuela avanza, sin duda, hacia un nuevo escenario. La decisión del presidente Donald Trump abrió una puerta que durante años pareció cerrada. Muchos venezolanos vemos ese gesto como un hecho histórico, pero abrir una puerta no equivale a cruzarla.

La verdadera transición solo comenzará cuando el país logre reconstruir sus instituciones y restablecer plenamente el Estado de derecho.

Venezuela enfrenta un desafío histórico. Y en ese desafío no solo está en juego el presente del país, sino también el destino de las generaciones que vendrán.

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