Es frecuente mencionar la preocupación por la falta de capacitación de la mano de obra. Fue por ello que en los años sesenta del siglo pasado, los gobiernos democráticos impulsaron la creación del Instituto Nacional de Cooperación Educativa, el cual cumplió con un importante papel en la capacitación de la mano de obra.

Para los años sesenta, la dinámica demográfica incorporaba a la fuerza de trabajo a cien mil personas por año, consecuencia de la elevada tasa de natalidad y decreciente mortalidad. El ciclo obligaba a la ampliación de la oferta de trabajo, en cifras similares a la demanda estimada.

El IV Plan señalaba que los puestos de trabajo estarían vinculados a la agricultura, industria y servicios, con mayor impacto en la construcción y, en menor cuantía, en la minería y producción de hidrocarburos, cuya intensidad en el uso del capital incrementaba su productividad sin necesidad de aumentar la oferta.

La estrategia destacaba la responsabilidad de la inversión privada en la creación de los nuevos puestos de trabajo producto de la expansión del sector productivo.

El gasto público apoyaría la construcción de la infraestructura social básica, el transporte y las comunicaciones, concediendo en este campo especial énfasis a la vivienda y al urbanismo.

De allí la adopción de políticas públicas destinadas al crecimiento del capital humano, tales como la expansión del sistema educativo y el fortalecimiento del parasistema.

En especial se dedicaron esfuerzos y recursos a la apertura de nuevas oportunidades para facilitar el acceso a los desertores del sistema formal, a los adultos con formación precaria, heredados del pasado, con pocos años de educación: analfabetos funcionales, pertenecientes a la fuerza de trabajo empleada o subempleada.

De allí que iniciativas como el INCE permitieran unir esfuerzos a los sectores públicos y privados en la capacitación, entrenamiento y formación de la mano de obra.

Con preocupación observamos cómo los cambios introducidos en la institución, en lugar de contribuir al objetivo inicial -tan pertinente hoy cómo en el pasado-, se politiza, excluye y no cumple adecuadamente con su papel, ante una realidad mucho más compleja y llena de retos: problemas en la calidad de la oferta educativa, jóvenes desertores, subempleados, sin ocupación estable, viviendo en un entorno agresivo e inseguro, y con un país que confronta serias limitaciones en la creación de empleo estable y bien remunerado.

Este es el reto para el futuro de la política pública si queremos realmente incluir a la mano de obra.

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