Natural,  los sectores informados sienten inquietud ante una posible e inmediata regulación de su vida cultural. Sobre todo por las características del régimen, siendo una de las esenciales la violación abierta o subrepticia de la vigente Constitución de la República.

Ya no se trata sólo de los escasos resultados de lo que puede llamarse la política cultural, devoradora de los recursos fiscales sin la adecuada rendición de cuentas, sino el intento de imponer un pensamiento único que emplea como paradójico pretexto la multiculturalidad para ahogar nuestras libertades. Y, añadimos, el deliberado y sistemático propósito de sobreimponer el proyecto de reforma constitucional de 2007, en este y en otros ámbitos, a pesar de la derrota que le infringió la ciudadanía en la consulta referendaria de entonces.

Aprobado en primera discusión, años atrás y por un parlamento de distinta correlación de fuerzas al actual, el proyecto de Ley Orgánica de Cultura es suficiente motivo de preocupación. Por unanimidad, la comisión parlamentaria correspondiente decidió trabajar el proyecto impulsado por Cristóbal Jiménez, dejado de lado en la primera discusión de la plenaria legislativa, encontrándose en la etapa de consignación de las observaciones hechas por el personal técnico adscrito.

La bancada democrática de la oposición en una consideración definitivamente apegada al texto constitucional que, según la personal apreciación del suscrito, debe privilegiar principios como el de la libertad cultural y la equidad social.  Al progresar el presente mes, incluyendo el próximo, después de la referida consignación,  es necesario alentar la discusión del articulado dándole cabida al debate público, condición indispensable para la posterior y formal consulta abierta del definitivo proyecto destinado a la segunda discusión.

El sector cultural organizado no debe nunca renunciar al planteamiento de sus más leg´timas angustias que, justamente, ayuda a la bancada democrática de la oposición en la búsqueda de soluciones legislativas en un ámbito de tanta trascendencia. El peor testimonio sería el de una conducta sumisa, pasiva y resignada ante las posibilidades que el régimen abre en la materia, porque muy bien lo ha ilustrado en otras.

Aceptemos que la cultura no es objeto  de la habilitación legislativa, pero también que Chávez Frías es capaz de aventurarse con un Decreto-Ley. Al respecto, es necesario recordar la conducta firme, decidida y aleccionadora de las universidades públicas que lo forzó a la anulación de la Ley de Educación Universitaria, sin que se alejaran – por cierto – los peligros que pesa sobre la autonomía.

Alertados, concursemos en la defensa de una propuesta alternativa en materia cultural. La Mesa de la Unidad (MUD), trabaja exitosamente en una extraordinaria oferta programática que la facilitará una ley fiel y exactamente a la vigente Constitución de la República, como nos proponemos.

@luisbarraganj