Para mostrar lo que considera sus logros, el Gobierno apela a las bondades estructurales de su modelo; para esconder sus fracasos, a la excusa de la transición. El país debería entender, sugiere, que algunas cosas no funcionan bien porque estamos en fase de transición al socialismo. Así se explican los fracasos, así se mantiene la expectativa de lo que todavía no es.

Las confiscaciones de empresas, bajo las más diversas figuras, forman parte del proceso de transición. Conindustria contabiliza cerca de mil confiscaciones a partir de 2002 y advierte una tendencia creciente.

En lo que va de este año, 401 compañías han pasado a manos del Estado, 41% más de lo que ocurrió en todo el año anterior.

Independientemente de las consideraciones sobre la legalidad de estas acciones, importa saber cuál ha sido el resultado desde el punto de vista de la producción y de la generación de valor para la nación. ¿Qué se ha logrado? ¿A quién ha favorecido? ¿A quién ha perjudicado? Salvo algunos alardes propagandísticos, los resultados son, en general, decepcionantes. No ha ganado, desde luego, la producción. Ni el consumidor. Los bienes escasean, las empresas dan pérdida, los conflictos se multiplican. Al desestimular nuevas inversiones y nuevos emprendimientos, por añadidura, se golpea a toda la economía. Era previsible que así fuera. Ninguna actividad funciona sin un equipo capaz, sin claridad en los objetivos, sin sistemas de trabajo, sin organización, sin acumulación de experiencias y experticias. Cuando faltan estos factores o se pretende suplirlos con proclamas ideológicas o lealtades obligadas, sobreviene indefectiblemente el fracaso.

Está a la vista.

Igual sucede con las amenazas a los bancos y la imposición de cuotas para el manejo de sus carteras de crédito. Se establece la obligatoriedad de gavetas ­para vivienda, el turismo, el sector agrícola, etc­, pero se olvida el concepto del ahorro y su función en ese círculo virtuoso que comienza con el trabajo, se convierte en producción e ingreso, luego en ahorro, más adelante en crédito y, finalmente, en inversión para la generación de nuevos empleos. El ahorro no es sino la monetización del esfuerzo y del trabajo que sirve para vivificar la economía. No sólo construye una mayor seguridad financiera en el presente y asegura una previsión para el futuro, sino que se constituye en herramienta clave para la dinamización de la economía.

La condición del ahorro, sin embargo, es la confianza y la rentabilidad. Eso es lo que los ahorristas exigen a su banco.

Esperan no sólo seguridad en la custodia de su dinero, sino una administración que genere dividendos. Lo que no podrían entender es una administración que ponga en riesgo sus depósitos. De allí la responsabilidad de los banqueros de examinar cuidadosamente el destino de los préstamos y la capacidad de recuperación.

Están comprometidos a disponer de los ahorros de sus clientes en forma segura y rentable.

Poner en riesgo esta seguridad y esta rentabilidad añade un nuevo factor de desestímulo al ahorro, afectado ya por unas tasas inferiores a la inflación.

¿A quién se golpea más con las amenazas y las imposiciones? ¿Al banquero o al ahorrista? A la economía, desde luego.

Las confiscaciones y el desestímulo al ahorro se suman a las causas que explican el clima de incertidumbre y los pobres índices de crecimiento que registra nuestra economía. Más allá y por encima de las declaraciones ideológicas se impone, entonces, una vuelta a la racionalidad económica, a soluciones y políticas que activen los factores productivos, que valoricen el ahorro y la inversión, que se fundamenten en el trabajo y la propiedad privada, en la productividad y la rentabilidad.

En lugar de esa transición incierta, marcada por la promesa y un vago componente ideológico, vacía de contenido concreto y ajena a la realidad económica, el país tiene derecho a esperar salidas realistas y motivadoras, producto de la acción inteligente de gobierno y ciudadanos, de empresas y de instituciones, del sector público y del privado.

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