El presidente Chávez intenta convertirse en dictador vitalicio de la república. Para su talante militar, no le basta con tener de rodillas al Poder Legislativo, al Judicial, y al Moral ahora va por los medios de comunicación social, el llamado cuarto poder, el poder que los ciudadanos ejercen sobre la opinión pública, a través de medios independientes.
Los anuncios desfachatados de la Fiscal General de la República, la Defensora del Pueblo y por último la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, las dos primeras a favor de que se apruebe una ley para penalizar lo que califican de delitos mediáticos y la última amenazando sin rubor a periodistas que osen preguntarle sobre su cuestionado proceder al frente de la sala constitucional.

El ex gobernador de Miranda y actual ministro de obras públicas Diosdado Cabello, sobre el cual pesan serias acusaciones por su gestión regional, se ha unido al coro para anunciar la suspensión de concesiones a más de doscientas treinta emisoras de radio alegando sin razón que ejercen un intolerable monopolio que debe eliminarse con “el objetivo de profundizar la revolución”.

La frustración del gobierno revolucionario se origina, en que a pesar del atropello cometido contra RCTV, a la que no se le renovó la concesión y le robaron sus equipos, los nuevos medios televisivos del estado no han podido captar teleaudiencia debido a su programación desconectada con lo que atrae y gusta a la gente.

El autoritarismo comunistoide ha continuado con procedimientos administrativos y multas contra Globovisión y ya se vienen anunciando reformas a la Ley Resorte, más conocida como mordaza por el pueblo, para que el servicio de televisión por cable se someta a la norma de pasar la propaganda oficial de manera gratuita y de encadenarse a las alocuciones presidenciales según los caprichos oficiales. Todo este cuadro asfixiante intenta poner de rodillas al Cuarto Poder: misión imposible