Hoy Venezuela enfrenta una crisis financiera sin precedentes, marcada por una deuda externa asfixiante de 240.000 millones de dólares,

resultado directo de un desfalco continuo con rostros plenamente identificables. Lo alarmante para la ciudadanía es que los mismos personajes que originaron este descalabro masivo son quienes hoy, bajo el cómodo ropaje del "régimen interino", pretenden erigirse como salvadores institucionales, buscando controlar de forma exclusiva la reestructuración de la deuda de la nación para reciclarse ante la comunidad global.

La genealogía de esta quiebra histórica comenzó formalmente durante la gestión del caudillo de la "Revolución Bolivariana", donde se inició un agresivo ciclo de endeudamiento público, luego continuada de manera idéntica por su sucesor. Los operadores de estos montos escandalosos fueron ministros de finanzas, presidentes de PDVSA y planificadores públicos de la época, quienes validaron la emisión masiva de bonos sin control real, firmaron contratos opacos y ejecutaron expropiaciones ilegales que derivaron en millonarios laudos arbitrales en el exterior.

La paradoja ocurre cuando estos técnicos, tras distanciarse del poder central, saltaron directamente a conformar y asesorar las estructuras del interinato. Actuando en una doble condición, creadores de las obligaciones y luego supuestos custodios de los activos externos,  convalidaron pasivos y tomaron decisiones judiciales cuestionables con los bonos PDVSA 2020, arriesgando a la filial estratégica Citgo para ahora solicitar reestructurar la deuda externa bajo su absoluta tutela.

Para los ciudadanos no es conveniente ni ético permitir semejante transacción, pues quienes crearon el problema están totalmente incapacitados para diseñar una solución limpia. ¡Es inaceptable entregar el patrimonio nacional a los mismos verdugos financieros que lo saquearon de origen! Permitir este canje a las mismas cúpulas corresponsables del desfalco es convalidar la impunidad, traicionar el clamor de justicia y sepultar el futuro de la patria.

¡Venezuela entera debe levantarse con determinación indoblegable para rechazar este pacto corporativo infame y exigir auditorías independientes inmediatas! La reconstrucción nacional exige un liderazgo legítimo, técnicamente incuestionable y moralmente limpio, que ponga la dignidad del pueblo por encima de los oscuros negocios de quienes pretenden lavarse las manos en tribunales internacionales. No permitiremos nuevos pactos de sumisión nacional; la contraloría social y los tribunales autónomos del mañana serán los encargados de ejecutar la captura definitiva de todos aquellos que desvalijaron las arcas del Estado. ¡Los venezolanos exigimos justicia penal irrevocable!