Desde hace mucho tiempo es evidente que las grandes mayorías desean un cambio en Venezuela de dimensiones históricas

, más allá de las cosméticas que delatan a no pocos pregoneros del oficialismo y de la oposición.

Está planteada una transición como la más firme demanda política del momento y, a pesar de la resistencia oficial, negando la libertad a numerosos venezolanos tan injustamente detrás de los barrotes, insistimos en la posibilidad de una experiencia pacífica y reconciliadora.

Las fuerzas gubernamentales deben reconocer con una franqueza que, a pesar de todo lo sufrido, le agradeceríamos, que la situación que padecemos es algo más que coyuntural. Con o sin 3-E, son los responsables directos del colapso desde cualquier perspectiva política, económica, social y cultural con la que quiera mirarse, y la represión y la censura sostenidas y feroces únicamente prolongan la agonía de un Estado cuyas capacidades han sido sistemáticamente demolidas.

Entonces, la exigencia es la de una mayor sobriedad y madurez para afrontar estas realidades tan inhóspitas para todos y, peor aún, para los más empobrecidos desde antes de la vigencia de las sanciones internacionales. Por ello, nos permitimos ejemplificar el asunto con el problema universitario de dimensiones colosalmente acumuladas y agravadas por casi treinta años de un mismo gobierno: ¿para qué repetir en qué consiste el problemario?, ¿por qué habríamos de pretender solventar la cuestión mediante una nueva ley de universidades, en lugar de asumir la transición política?, ¿acaso no perdieron los pasos más que los zapatos en el larguísimo ejercicio del poder?

Luce urgente que el Estado recupere sus capacidades infraestructurales, demolidas por el poder despótico, pues, negado el justo presupuesto de todas las anualidades del presente siglo, la deuda social y económica se ha incrementado hasta niveles insostenibles con nuestras casas de estudios, por citar un ejemplo. Es tal el nivel de la quiebra económica que lo conducente está en reconstruir al propio Estado y sus capacidades, cuyo fortalecimiento institucional debe hacerse sentir en la recuperación de la autonomía y en las elecciones rectorales de todas las universidades, ya que —simplemente— el poder central demasiado poco puede hacer para echarles aunque sea una mano de pintura, y conste que no hablamos de las deserciones estudiantiles y profesorales, de los salarios, del envejecimiento tecnológico de las entidades públicas, entre otros aspectos.

La universidad es uno de los ámbitos en los que puede comprobarse la destrucción de las capacidades estatales y, por tanto, su reconstrucción forma parte de la propia transición. ¿Qué autoridad conservan los funcionarios de un Estado cuyos responsables deben, cuanto antes, abandonar el poder que les quedó demasiado grande, a objeto de facilitar el tránsito hacia una actualización urgente con el siglo en libertad? ¿Inventarán de nuevo las tales constituyentes universitarias que absolutamente ninguna novedad reportan, como quisieron maquillar el drama laboral con otro fetichista artefacto verbal, o hasta dónde pueden estirar la cuerda para atrapar a incautos con promesas legislativas que requieren, ante todo, del fiel cumplimiento de la Constitución de 1999 que ellos mismos hicieron y violentaron?