El asesinato de Víctor Quero Navas sintetiza las casi tres décadas del modelo autoritario instalado en Venezuela a partir del 2 de febrero de 1999.

Desde esa fecha, la forma de gobernar fue basándose progresivamente en el uso de los cuerpos represivos del Estado para, primero, silenciar las protestas frente a los desmanes de Hugo Chávez en la fase inicial de su mandato; luego, con Maduro, para acallar cualquier desacuerdo con la élite gobernante.

Un eco del odio que mueve al régimen desde sus inicios es la saña con la que ha actuado contra los policías metropolitanos, que contuvieron a los manifestantes durante los sucesos del 11 de abril de 2002. Esos agentes llevan casi un cuarto de siglo presos sin que jamás se haya sabido cuáles fueron los delitos que cometieron. Se les urdió un expediente para condenarlos y justificar que ese día se había producido un golpe de Estado con la complicidad de la entonces Policía Metropolitana. A partir de ese día, lentamente el régimen fue adoptando la fórmula cubana: politización de la Fuerza Armada y de todo el aparato policial; destrucción de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente de los partidos políticos, sindicatos y gremios; sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo; control de los medios de comunicación independientes; acoso continuo de los opositores a través de unos cuerpos represivos entrenados por los cubanos para aniquilar cualquier crítica.

Fallecido Hugo Chávez, el giro autoritario se tornó aún más acentuado. Se extendieron las torturas, las desapariciones forzadas y los muertos de prisioneros bajo custodia de sus captores. La mordaza a los medios de información se convirtió en autocensura. Los pocos y debilitados partidos que quedaban en pie fueron judicializados; se les arrebató a sus genuinos dirigentes. Las inhabilitaciones, que apenas afectaban a unos cuantos dirigentes, se convirtieron en un recurso para anular a los líderes que lograban sobrevivir y destacarse.

En el caso de Víctor Quero Navas, el talante represivo del sistema alcanzó niveles de sadismo que, incluso conociendo la trayectoria del régimen, estremecen. Ahora se sabe que el comerciante informal de 51 años de edad fue capturado en los primeros días de enero de 2025, en medio de la paranoia que se le desató al madurismo después de la paliza recibida en la elección del 28 de julio de 2024. Se le acusó, sin ninguna prueba, de ser terrorista, incitar a la violencia y traidor a la patria. Jamás se le permitió tener un defensor privado. Nunca fue llevado a los tribunales para que se conociera su causa y se cumpliera con el Estado de Derecho. Luego de la lucha infatigable de su madre, la señora Carmen Teresa Navas, por conocer su paradero, se estableció que falleció en julio del año pasado. Las condiciones de su muerte no han sido aclaradas, pero es lícito suponer que murió luego de haber sido sometido a un trato infinitamente cruel y degradante.

En ese crimen, el cinismo de las autoridades oficiales alcanzó cotas insólitas. Quienes tenían la obligación de informar de su situación, le mintieron de forma descarada a la señora Carmen Teresa. Durante muchos meses ella deambuló por cárceles y hospitales buscando a su hijo. Fue a los tribunales y al Ministerio para el Servicio Penitenciario. Les pidió al Fiscal General y al Defensor del Pueblo que le notificaran dónde se encontraba Víctor. En ninguna instancia oficial se le dijo qué había ocurrido, pero todos lo sabían o, al menos, poseían los instrumentos para averiguarlo. Lo último que hizo un juez que supuestamente debía ocuparse de su causa fue negarle la aplicación de la eliminada Ley de Amnistía.  Hubo sadismo e impudicia.

Con Quero Navas se hicieron patentes la destrucción del Estado de Derecho y el Estado Constitucional, la indefensión del ciudadano frente a la maquinaria represiva oficial, la inexistencia del derecho a la defensa y la presunción de inocencia, la desaparición del Habeas Corpus, la impunidad y complicidad de las autoridades del Estado, desde los rangos más altos hacia abajo.

Quero Navas es uno de los nombres de esa larga, casi interminable, lista de personas que han sido víctimas de la brutalidad del régimen. Se suma al martirio de Fernando Albán, del capitán Rafael Acosta Arévalo y de los otros 25 presos políticos que han fallecido mientras estaban en los calabozos del régimen. Agrego a los policías metropolitanos, quienes, a pesar de no haber fallecido, han pasado sus mejores años detrás de unas rejas.

Las pequeñas rendijas que se han abierto después de la captura de Maduro el 3 de enero hay que aprovecharlas para exigir que los responsables de ese horrendo  asesinato sean castigados, que cesen las desapariciones forzosas, que sean liberados todos los presos políticos que aún permaneces encarcelados y que se respeten plenamente los derechos humanos y el Estado de Derecho.

Donald Trump acaba de declarar que en Venezuela no habrá más presos políticos. Delcy Rodríguez debería tomar la iniciativa ya para que no aparezca como la amanuense del jefe imperial.

El Estado no puede seguir funcionando como un engranaje diseñado para aplastar al ciudadano.

@trinomarquezc