A partir del 3 de enero, se han producido importantes cambios que transformaron el panorama político e institucional del país.

No podemos decir que hayan sido modificaciones radicales ni hayan ido al ritmo que la inmensa mayoría del país desea. Pero, se trata de logros apreciables. Teodoro Petkoff probablemente habría dicho: Estamos mal, pero vamos bien.

La nación poco a poco ha ido sacudiéndose el largo y tenebroso dominio de Nicolás Maduro, quien utilizó durante más de una década la coerción abierta y sistemática para mantenerse aferrado a un poder que, primero, obtuvo de forma turbia en 2013, cuando se impuso, por menos de dos puntos porcentuales, sobre Henrique Capriles; nunca permitió cotejar los cuadernos de votación con las firmas de los votantes inscritos en el REP, parte fundamental de la auditoría señalada en la Ley de Procesos Electorales. Luego, abusando del poder, organizó unos comicios a su medida en mayo de 2018, triunfando ante un Henry Falcón que abanderó a una oposición dividida. Y, finalmente, el 28 de julio de 2024, les arrebató la contundente victoria a los opositores, representados por Edmundo González Urrutia, quien había sido escogido a última hora para sustituir a Corina Yoris, que había cubierto el vacío dejado por María Corina Machado, inhabilitada de forma ilegal por el régimen.

Durante estos dos meses trascurridos desde la extracción de Maduro, se aprobó la Ley de Amnistía, instrumento incompleto, pero que ha servido para excarcelar y liberar a varios centenares de compatriotas y algunos extranjeros, como el gendarme argentino, injustamente encerrados en las cárceles del madurismo. De esos calabozos han salido líderes políticos y sociales, periodistas, dirigentes sindicales, militantes de organizaciones políticas, entre ellas Vente Venezuela y Voluntad Popular, contra las cuales el madurismo se ensañó.  Algunos de esos dirigentes han salido a contactarse con la gente y recorrer el país. En esta atmósfera de modificaciones, los familiares de los presos políticos han sido un símbolo de lucha democrática y heroísmo. Los líderes obreros de Guayana han vuelto a reclamar reivindicaciones salariales. Los estudiantes universitarios se han movilizado. Hasta Venevisión, Televen y Unión Radio, medios de comunicación amordazados durante años, han ido rompiendo con prudencia el cerco.

El giro también ha modificado el tono de las instituciones y organismos del Estado. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, actúa de forma más receptiva. Hasta un personaje tan poco agraciado y simpático como el temido ministro de Relaciones Interiores, ahora se muestra menos agresivo. Sabe que una pisada en falso puede costarle muy caro. Se produjo la salida de la Fiscalía, de Tarek William Saab, uno de los símbolos más oprobiosos de la represión. Es cierto que lo enroscaron en la Defensoría del Pueblo. Pero, allí carece de poder. Sus días están contados. No hay forma de justificar la presencia de ese caballero en ese cargo. ¡Imagínense, Defensor del Pueblo el Torquemada de la inquisición madurista!

Donde se han registrado los cambios más notables es, aunque cueste creerlo, en la relación del Gobierno con Estados Unidos y Donald Trump. Ahora el imperio, captor del compañero Maduro y su esposa, es un socio leal y hasta amigable. Se reabrió la embajada norteamericana, vino la Encargada de Negocios, el director de la CIA visitó a Delcy Rodríguez y al jefe del Comando Sur se le vio risueño con funcionarios del Gobierno. La recompensa se ha traducido en un aumento significativo de la producción petrolera, el envío del crudo al Norte y más dólares para el Gobierno.

No hay duda de que -en medio de amenazas, mensajes contradictorios, chantajes velados, y marchas y contramarchas- Venezuela respira un aire distinto desde el 3 de enero.

Ahora, el gran reto consiste en lograr en el menor tiempo posible la convocatoria a elecciones para elegir los nuevos poderes públicos, entre ellos el Presidente de la República. En este punto, la figura de María Corina resulta crucial. Ella anunció que pronto estará de nuevo en el país. En Venezuela, no puede haber elecciones legítimas sin la presencia de la figura pública más importante de la nación. Unos comicios sin su participación serían una farsa inaceptable.

El oficialismo tomó sus previsiones en la Ley de Amnistía. En el artículo 9 se establece que estarán excluidos de sus beneficios quienes hayan llamado a potencias extranjeras invadir Venezuela. Sin mencionar su nombre, se le alude. Aunque se trata de un ardid, pues nunca María Corina solicitó tal aventura, llama la atención que el Gobierno, ahora socio y amigo fiel de Estados Unidos, imponga esa condición. Lo que se revela es el miedo atávico que el oficialismo le tiene.

La amnistía debió haber incluido la posibilidad de que los venezolanos que se encuentran en el exterior, pudieran retornar al país sin ninguna restricción. Esto no ha ocurrido. Todavía continúan vigentes la Ley del Odio y la Ley Simón Bolívar (contra el Bloqueo Imperialista) con las que, a pesar de la apertura, se atemoriza a quienes se oponen al régimen. Esa legislación servirá para amedrentar a los venezolanos exiliados.

Ahora la batalla será para lograr la plena restitución de los derechos constitucionales de María Corina y, por extensión, de los otros compatriotas en el exterior. En su retorno se encuentra un punto de quiebre del proceso de transición.

@trinomarquezc