El letal ataque en algunas favelas de Río de Janeiro al Comando Vermelho (CV), la mayor organización criminal de Brasil dedicada al narcotráfico,

extorsión, robo, secuestro y sicariato, ha reintroducido en la agenda pública el debate acerca de cómo una democracia debe enfrentar el crimen organizado. El CV, fundado en 1979, se ha extendido por gran parte del territorio brasileño y –al igual que otros grupos criminales, como El Tren de Aragua- posee ramificaciones en varios países de América Latina. La embestida contra el CV –la más mortífera en la historia de esa ciudad-  fue ordenado por el gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, a quien se le identifica con Jair Bolsonaro. En la razia murieron más 130 personas, la mayoría vinculadas con la banda.El gobierno de Lula da Silva, los gobernadores identificados con el Presidente de la República y las organizaciones dedicadas al resguardo de los derechos humanos han denunciado el hecho como una atrocidad. Hablan de ajusticiamientos, asesinatos sumarios y violación abierta del derecho a la vida. El Gobierno nacional se dirigió al Supremo Tribunal Federal (STF) para exigir una investigación exhaustiva de los hechos. Las críticas a Cláudio Castro se formulan desde distintos sectores. El Gobernador se defiende señalando que el CV constituía una seria amenaza para los habitantes de toda la ciudad, y no solo de las favelas donde el grupo delictivo tiene su cuartel general.

Del episodio surgen algunos temas sobre los cuales adelanto algunas ideas. La vinculación del crimen organizado con el narcotráfico ha hecho que esas bandas hayan adquirido una capacidad destructiva que hace pocas décadas no poseían. En enfrentamiento contra el asedio policial y militar, el CV mostró una capacidad de ataque y defensa sorprendente. Utilizó drones artillados para combatir las fuerzas del Estado. A través de las cámaras de televisión, videos y fotografías se ha visto cómo el CV contaba con bazucas, rifles de asalto y otras armas con elevado poder de fuego. Con esos pertrechos, el CV podía actuar como una milicia armada o un ejército privado, con potencial para levantar ‘zonas liberadas’. Se entiende, entonces, su capacidad para intimidar, coaccionar y extorsionar a la comunidad y a aquellos objetivos específicos que se proponía amedrentar. Es difícil creer que el Gobierno federal, a través de los servicios de inteligencia, no estuviese enterado del enorme potencial destructivo del CV. 

Cuesta entender por qué Lula –quien dice sentir una especial fascinación por el diálogo y la concordia- no actuó con antelación para evitar que la ciudad y la nación se viesen sometidas al acecho creciente de esos criminales armados hasta los dientes. De habérselo propuesto, habría evitado la actuación del gobernador Castro, su enconado rival político. Lula está seducido por su propio verbo. Pero no actúa. No completa la tarea. Cree que llamar al diálogo es una fórmula mágica. Que basta proponerlo para que los problemas se resuelvan.

En este punto aparece una debilidad de la democracia, especialmente de la izquierda democrática. Una concepción errónea de la paz y la estabilidad la lleva a establecer una especie de acuerdo tácito de gobernabilidad con las facciones más violentas y agresivas del crimen organizado. No asume que los grupos asociados con el narcotráfico alcanzan un poder económico tan colosal, que les permite adquirir armas modernas, penetrar las instrucciones del orden democrático, comprar jueces, militares y policías, y moverse con comodidad en el ambiente que ellos corrompen.

Cuando aparece un dirigente político que no siente mucho apego por el Estado de derecho ni por la democracia, entonces se desatan los desmanes. Lo más probable que es que en las favelas de Río de Janeiro donde fue atacado el CV, se hayan cometido buena parte de los excesos denunciados por los críticos de la actuación del gobernador Castro y sus fuerzas de choque. Sin embargo, no debe obviarse que previamente el Gobierno federal y, también, los gobiernos estatales precedentes, se habían desentendido de la gigantesca dimensión alcanzada por el CV.

En otra democracia como la de México, los carteles de la droga han levantado proto ejércitos al margen del Estado. Sus miembros, en numerosos casos, se encuentran mejor equipados que los órganos públicos de seguridad. Los enfrentamientos entre carteles de la droga y de estos con las fuerzas del orden son frecuentes. El expresidente López Obrador y la actual mandataria Claudia Sheinbaum, tan inclinados a ‘dialogar’, no han logrado frenar la violencia desatada por los capos de la droga. Esos carteles no creen en los derechos humanos, ni en la negociación, ni en el Estado de derecho, ni en nada parecido a relaciones civilizadas. Imponen el terror y la violencia, único lenguaje que conocen. Algunas de sus víctimas favoritas son los alcaldes y los periodistas. No habría que sorprenderse si en México aparece un gobernador como Cláudio Castro, dispuesto a pasar por encima de los derechos humanos, con el fin de imponer la ley a punta de balazos.

Combatir la delincuencia respetando los derechos humanos, constituye uno de los grandes de la democracia. Alcanzarlo exige una determinación y una tenacidad inquebrantables.