La experiencia nos señala que los lapsos para los arreglos de pleitos interestatales conllevan implícitos sus propios ritmos y dinámicas.

Nosotros ni aceleraremos ni retrasaremos un proceso de tal naturaleza; lo que si considero y estamos seguros es que no tenemos tiempo que desperdiciar. Contrariamente, hay que aprovechar al máximo todo cuanto esté a nuestro alcance para reforzar los argumentos de probanza y las próximas alegaciones que nos corresponderán ante la Corte Internacional de Justicia; siempre y cuando el jefe de Estado determine – conforme al artículo (236) de la Constitución Nacional— otras comparecencias de la delegación venezolana por ante ese Alto Tribunal de la ONU.

Si antes de 2015, en condición de nación pobrísima, Guyana se apoyaba en los aportes dadivosos  suministrados por la Commonwealth; desde hace diez  años para acá, con la Exxon a la cabeza de todo este enjambre esquilmador,  no tiene reparos o limitaciones en los gastos e inversiones oficiales; por cuanto, la excolonia británica está   percibiendo inmensos caudales de recursos dinerarios producto de la ilegal explotación petrolera, maderera, energética y  minera, en el área en conflicto; en contravención al  Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, en cuyo artículo V, numeral (2) señala:

“Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los Territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía en dichos territorios, excepto en cuanto tales actos o actividades sean resultado de cualquier convenio logrado por la Comisión Mixta y aceptado por escrito por el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana. Ninguna nueva reclamación o ampliación de una reclamación existente a soberanía territorial en dichos Territorios será hecha valer mientras este Acuerdo esté en vigencia, ni se hará valer reclamación alguna sino en la Comisión Mixta mientras tal Comisión exista”.

Con la descarada entrega de concesiones, inconsultas y unilaterales, a las empresas transnacionales pretenden –sibilinamente— “hacer valer o crear derechos de soberanía”.
Reviste igual gravedad, parte del contenido de la Constitución de la República Cooperativa de Guyana de 1980.

En esa Carta Magna detectamos el autoconferimiento y la distribución político-territorial, por regiones, que ellos han establecido, precisamente en la Guayana Esequiba.
Delimitaron toda la extensión – la que vilmente nos despojaron-- de la siguiente manera: Waini-Barima (región 1); Poomeron-Supenam (región 2); Cuyuní-Mazaruni (región 7); Potaro-Siparuni (región 8); AltoTúkutu- Alto Esequibo (región 9).

Este caso litigioso estamos obligados a estudiarlo y manejarlo invocando la solidaridad de toda la población venezolana. Concitando las mejores voluntades e inteligencias.
Deben ser esfuerzos suficientemente ponderados; lo cual constituye un destacado ejemplo de una lucha sostenida sin actitudes atrabiliarias o estrepitosas; porque, aquí se requiere talento y densidad en la formación documental y doctrinaria para insistir en la reclamación y defender en la Sala Sentenciadora o donde   haya lugar lo que por honor y justicia siempre ha sido nuestro; que vilmente nos arrebataron, en un ardid o una tratativa perversa mediante añagazas jurídicas.

Desde entonces nuestra lucha ha sido implacable. Emprendida ayer por quienes nos antecedieron en esas lides, y hoy nosotros como heredamos en la presente lucha en la contemporaneidad.
Estos reclamos no están anclados en una malcriadez diplomática o un empecinamiento sin asidero; por el contrario, estamos munidos de documentos que muestran, demuestran y comprueban que la denominada Guayana Esequiba, desde siempre ha sido nuestra.

Tenemos bastantes elementos probatorios, exhibibles en cualquier escenario internacional, donde se pueda escrutar legítima y válidamente los registros que avalan la propiedad de Venezuela sobre el área extendida a la margen izquierda del río Esequibo y consecuentemente sobre su proyección atlántica.

Guyana no posee títulos de nada sobre la Guayana Esequiba ni por descubrimiento, ni por conquista, ni por asentamiento o tratado; ni por prescripción o por abandono del anterior descubridor.

Contrariamente, Venezuela enarbola, orgullosamente, el acaudalamiento de dos Justos Títulos para probar, con plena seguridad, en la Corte que la Guayana Esequiba desde siempre ha sido nuestra; por lo que consideramos írrito y de nulidad absoluta el Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899, cuyo contenido –sin validez, eficacia ni fuerza jurídica– pretende borrar la gesta histórica de nuestros libertadores, de la cual nos sentimos honrados los venezolanos.

Precisa y justamente para esta controversia jurídica presentamos la Real Cédula de Carlos III, del 08 de septiembre de 1777, cuando crea la Capitanía General de Venezuela; con la cual nacemos ante el mundo como Nación;  documento que tiene la fuerza y vigor de ser nuestro primer Justo Título, de pleno derecho – iuris et de iure –, prueba constituyente directa; dado que , significa el basamento y génesis de nuestra territorialidad; incluyendo, por supuesto, la provincia de Guayana ( que incluye la Guayana Esequiba) que había sido fundada en 1532. 
Prestemos atención desde cuándo esa extensión territorial ha sido nuestra.

Antes de 1777 éramos unas provincias aisladas, inconexas y desarticuladas unas con otras: Provincia de Maracaibo, Provincia de Caracas, Provincia de Nueva Andalucía (lo que ahora corresponde a   los estados Anzoátegui, Monagas y Sucre); la Provincia de Margarita, la Provincia de Trinidad (que también era nuestra); la Provincia de Guayana (los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y la Guayana Esequiba, hasta la mitad del río Esequibo).

Al Consolidase esa inmensa extensión territorial, como Capitanía General, mediante una Real Cédula, se crea la nacionalidad venezolana. Así nacemos en el concierto internacional de otras naciones del mundo. 

La Capitanía General de Venezuela consolida nuestra estructura política-administrativa.

La Capitanía General de Venezuela cumple 248 años de haberse formalizado e institucionalizado.

Agreguemos como otro denso acervo probatorio irrefutable (incontrovertible), que nos respalda, el total reconocimiento de nuestra independencia, contemplada en el “Tratado de Paz y Amistad entre España y Venezuela”, suscrito el 30 de marzo de 1845:

“Yo, Su Majestad Isabel II, Reina de España usando de la facultad que me compete por decreto de las Cortes generales del Reino de 4 de diciembre de 1836, renuncio por sí, mis herederos y sucesores, la soberanía, derechos y acciones que me corresponde sobre el territorio americano, conocido bajo el antiguo nombre de Capitanía General de Venezuela, hoy República de Venezuela. A consecuencia de esta renuncia y cesión, S.M.C. reconoce como Nación libre, soberana e independiente a la República de Venezuela…” (Omissis)

Por todo lo anteriormente explicitado, ciertamente, presentamos desacuerdos de intereses y seria contención; porque, Guyana ha irrespetado el contenido esencial del Acuerdo de Ginebra de 1966 que limita a las partes en controversia, por la denominada Zona en Reclamación, a atribuirse soberanía y/o explotar unilateralmente los recursos que en esa área se encuentran, hasta que haya una decisión sentencial que esperamos para los próximos meses.