Hace un año era fácil saber a quienes el gobierno consideraba sus principales enemigos,

pues eran prácticamente los mismos que, desde hacía por lo menos dos décadas, luego del triunfo de Chávez, se oponían violentamente al inicio de un proceso político muy accidentado, que fue haciendo desaparecer paulatinamente del poder, al sector político que lo había mantenido desde 1958. Con avances y retrocesos, la política de instaurar en el mando a un nuevo sector social y político fue ganando terreno durante más de 25 años, hasta llegar a donde hoy nos encontramos. Ese desarrollo fue acompañado más recientemente de una diáspora ciudadana numerosa, en la cual el país perdió a su élite profesional mejor formada y experimentó la desaparición de buena parte de su población adulta joven, con edades entre los 20 y 50 años, algo muy pernicioso para cualquier nación y que compromete seriamente las posibilidades de su recuperación.

Pero la gravedad de la situación no se limita sólo a lo señalado, sino se extiende al fatídico hecho de que quienes aquí permanecieron fueron mayoritariamente sectores sociales sin educación formal, ni preparación, ni formación suficiente, para asumir un proceso de construcción nacional supuestamente distinto del habido. Además, la cúpula gubernamental creada en este cuarto de siglo ha tenido como único propósito, en parte por las indebidas presiones recibidas, el de mantenerse en el poder a como dé lugar y utilizar las riquezas nacionales de una manera fácil con este propósito, sin tener conciencia real de la importancia de la educación formal, de la necesaria preparación para el trabajo formal calificado y bien remunerado, ni de la importancia de impulsar con seriedad el desarrollo científico y tecnológico nacional, situación muy grave en un mundo que se nos aleja rápidamente y nos deja en la indigencia intelectual y cognoscitiva total.

Con una miopía estratégica, la dirigencia gubernamental mantiene una actuación disociada de la realidad, sin asumir los verdaderos retos que hoy debería, para enfrentar con éxito las amenazas que se ciernen contra la nación y el reto de unificar a lo que nos queda de país, para poder lidiar con nuestras penurias y deficiencias, y enfrentar desde ya las restricciones económicas y sociales del porvenir que se avizora. Por sus últimas declaraciones, pareciera que su enemigo principal hoy ya no es el imperialismo estadounidense, con el cual se sienten cómodos negociando, pese a su discurso amenazante e irrespetuoso; tampoco lo es la ultra derecha liderada por María Corina, que operacionalmente sigue trabajando para ellos; ni lo son los grupos de la derecha supuestamente domesticada. Erróneamente considera como enemigo fundamental hoy a la izquierda crítica, patriótica, formada, honesta, defensora de la Constitución y de la nación y que valientemente los enfrenta dentro del marco legal vigente.  

Las últimas acciones del alto gobierno, tanto las acusaciones políticas temerarias contra grupos democráticos, como la Plataforma Ciudadana de Defensa de la Constitución, y contra científicos, académicos y luchadores sociales de décadas, de probado espíritu nacionalista, como los procedimientos represivos policiales y las detenciones del Ministerio Público, contra activistas de DDHH y luchadores sociales, pertenecientes a grupos izquierdistas nacionales, son una clara muestra del desarrollo de una directriz política muy reaccionaria del gobierno venezolano, que se inició hace unos dos años con las acciones inconstitucionales de ilegalización en la práctica del Partido Comunista de Venezuela. Así mismo, cabe destacar la insólita actitud de permitir la comisión de agresiones físicas, robo descarado y destrucción de bienes, junto con porte ilegal de armas de fuego, impunemente ejecutadas por grupos parapoliciales, eufemísticamente llamados “colectivos”, contra madres y familiares de presos políticos, que realizaban una vigilia totalmente pacífica frente al TSJ exigiendo justicia para sus hijos.

Es injustificable la respuesta dada, por parte de algunos funcionarios policiales y relacionados, de que no se había efectuado ninguna denuncia formal de los hechos violentos referidos anteriormente. Éstos fueron públicos y notorios y de obligatoria acción por parte de la Fiscalía, que debe abrir una investigación inmediata, para determinar las responsabilidades del caso. Así, sorprendente, pero atinadamente, lo denunció la Defensoría del Pueblo. Son claros los delitos de agavillamiento, porte ilícito de armas de fuego, producción de lesiones personales, asociación para delinquir, robo de pertenecías de los afectados, destrucción de enseres privados y alteración del orden público. Y si siguiéramos el patrón de moda, añadiríamos terrorismo e incitación al odio. Es necesaria una pronta y sincera rectificación.