Por distintas vías nos preguntan que si nos conviene asistir el próximo (11) de agosto, de este año, a la audiencia programada, para la fase de pruebas;

a pesar de la sentencia emitida - unánimemente-  por la Corte, sobre medidas provisionales a favor de Guyana, el pasado 1 de mayo.

He respondido, sin temor ni lugar a dudas, que sí. Afirmativamente.

Debemos comparecer. Ahora, más que nunca, llevaremos nuestra alforja de probanza - jure et de iure- de derecho y por derecho, que no admite pruebas en contrario,

Doy mis razones. ¿Por qué debemos asistir para defender lo nuestro?

Porque entre las dos partes concernidas en este juicio (Venezuela y Guyana) somos nosotros los únicos que poseemos los justos títulos traslaticios irrebatibles que nos acreditan como los verdaderos propietarios de esa

inmensa extensión territorial, con sus incalculables riquezas, que nos arrebataron con añagazas y alevosías.

Tenemos cómo probar y demostrar las tratativas perpetradas, a través de la colusión de los imperios, de entonces.

Además, no debemos – bajo ninguna circunstancia- dejar solo al contrincante en el escenario internacional que se nos presenta, en tanto y en cuanto Sala Juzgadora en este pleito centenario.

A nuestro entender, se asoma como la ocasión definitiva de reivindicar nuestra geohistoria en ese particular.

Así también, hacemos del conocimiento de la opinión pública nacional que contamos con un elogiado y densamente calificado equipo multidisciplinario para la defensa en el precitado proceso.

Añádase que en estricto derecho no hay nada que temer.

Hay quienes señalan que hubo un referendo consultivo en el 2023, que anula cualquier posibilidad de hacernos presentes en la Corte, porque nuestro país no le reconoce jurisdicción a la citada Sala Juzgadora.

Primero, debemos aclarar que una cosa es jurisdicción (potestad generalizada de los magistrados de administrar justicia) que en sí misma la tienen; y la otra es la competencia (facultad específica para conocer y resolver un caso concreto).

La Corte se autoconfirió ambos elementos (jurisdicción y competencia) en diciembre de2020 para conocer forma y fondo de esta controversia. No nos queda otra.
El juicio jamás se ha paralizado.

El artículo (53) del Estatuto de la Corte es preciso y directo:

“Si una de las partes no comparece ante la Corte o se abstiene de defender su caso, la otra parte puede solicitar que la Corte dicte sentencia a su favor”.
No podemos correr el riesgo de que se nos aplique la establecida norma sin antes haber defendido con honores y bastantes recursos incontrovertibles lo que siempre ha sido nuestro.
 
Nuestra Guayana Esequiba, permanentemente, ha constituido un apetecible territorio con incalculables riquezas mineras, hídricas, forestales, energéticas, edafológicas, petroleras etc. Territorio muchísimo más grande que algunos países europeos, asiáticos y centroamericanos. Con extraordinario potencial de desarrollo sostenible.

Este territorio nos lo arrebataron. Fuimos despojados de esa séptima parte de nuestra geografía nacional con el denominado Laudo Arbitral de París de 1899; adefesio jurídico que desde entonces lo hemos calificado de írrito y de nulidad absoluta. Inexistente.

Digamos también, por otra parte, que hemos estado reclamando con ímpetu para nuestra Nación la devolución de esos 160.500 km2.
Ha habido desde hace muchos años y gobiernos -lo reconocemos-  algunos deslices, desaciertos e impropiedades.

De cualquier forma, la fuerza contencional ha sido indetenible e implacable.

Los reclamos que hemos intentado por vías diplomáticas, políticas y jurídicas no están sustentados en caprichos chauvinistas, reacciones intemperantes, desproporcionadas o injustas. Tenemos cómo y con qué.

Me he permitido ir explicando en todas mis conferencias por varias universidades, en las plataformas digitales y, presencialmente, en otras instituciones del país las razones y argumentos sociohistóricos, cartográficos y jurídicos que nos asisten.

Permítanme abundar aquí, para rememorar un hecho significativo.

Se conoce Suficientemente que cuando se negoció, suscribió  y ratificó – por las delegaciones estatales- el Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966, por   la representación del Reino Unido (Sr. Michael  Stewart); así también admitido por el Sr. Forbes Burnham (para entonces, primer ministro de la Guayana Británica) y por nuestro país el  excelso canciller Ignacio Iribarren Borges; en ese acto e instante quedó  sepultado –por saecula saeculorum— el laudo tramposo, gestado mediante una tratativa perversa en contra de los legítimos derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba.

La delegación diplomática de Guyana está impelida a mostrar -en la fase probatoria-- los elementos estructurantes de su pretensión; y hasta el día de hoy no tienen nada. Todo lo pretendido requiere pruebas, y no cuentan con tales elementos jurídicos. Allí lo que ha prevalecido (sobre todo desde el 2015 para acá) es un juego de intereses dinerarios entre los gobiernos de cualquier signo político; llámese del PPP o del CNP y el enjambre de empresas transnacionales que están esquilmando nuestros recursos en el territorio y en su proyección atlántica.

Quienes están asesorando a la contraparte deben estar conscientes que en cualquier proceso judicial hay que obligarse a demostrar lo pretendido.

¿Cómo se les ocurre afirmar en la interposición de acciones contra Venezuela –en procura de acreditación de la Sala Juzgadora-- que el inefable laudo comporta “cosa juzgada” y debe configurarse (y aceptarse) como “válido y vinculante” para nosotros?

Con esa patraña no nos ganarán jamás, en justo derecho. Guyana no ha cesado en aprovechar el inmenso potencial de recursos que tiene la Guayana Esequiba, en tierra y mar.

La excolonia británica ha hecho concesiones de todo tipo, en complicidad con algunos países; irrespetando el espíritu, propósito y razón del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966; el cual es el único documento al cual asirnos para proseguir nuestros reclamos donde tengamos que ir; para denunciar ante el mundo el descaro y la ignominia a la que se nos han sometido en más de dos siglos.