Nuestro complicado devenir político, desde que nos separamos de Colombia (la grande) por allá en 1830,

ha tenido enormes dificultades y deplorables situaciones que han hecho mella en la educación ciudadana.

A la fecha de hoy, continúa siendo una tarea en gran medida no realizada. Insistimos en el tema por la importancia que el mismo reviste. Es cierto que nuestros padres fundadores (para utilizar un término muy norteamericano) delinearon proyectos e incluso hicieron grandes esfuerzos para llevar a todos los confines, el conocimiento y la importancia que supone el ejercicio de los derechos

y deberes de los venezolanos. En todo caso, los resultados, a primera vista, no fueron ni siquiera módicamente exitosos.

Antonio Guzmán Blanco, siendo presidente, decretó la instrucción primaria pública y obligatoria en junio de 1870. Insistía en que “la independencia no se practicará sino cuando todos los venezolanos sabiendo leer y escribir, conozcan sus derechos y deberes y ejerzan concienzuda autonomía en los destinos de la patria”.

En los países desarrollados -por ejemplo- la educación ciudadana es considerada como uno de los pilares fundamentales de la educación integral. Así lo han entendido, y de allí sus aciertos en gran medida como sociedades organizadas de “alto nivel”.

Es innegable que la democracia dio algunas muestras por adelantar programas que tuviesen que ver con la educación ciudadana. Sin embargo, no lograron su cometido precisamente por no asumirla como “Política de Estado”, con características propias y objetivos muy bien definidos. Sin lugar a dudas, ello ha comportado una enorme falla cuyas consecuencias pagamos hoy día. Una sociedad informada y cultivada en los valores democráticos y ciudadanos no hubiese sucumbido ante tantos cantos de sirena y narrativas anodinas, confrontaciones estériles, corrupciones y el haber permitido la despiadada supresión de la institucionalidad. Sobre todo, en cuanto a los derechos personales previstos en la Constitución Nacional.

Alcanzar la república, como titulamos un artículo anterior, resulta una misión inacabable. Su construcción atemporal nos atañe a todos, sin excepción alguna. Tenemos que meternos en la cabeza que, si queremos un país, al menos social y democráticamente desarrollado, debemos reiniciar toda una cruzada para atajar la indiferencia cuando no la ignorancia de los ciudadanos frente a sus derechos y deberes. Lo demás, es estar pendiente de vagos eventos que, al fin y al cabo, en nada ayudan al progreso institucional del país.

El Dr. Miguel Peña, presidente del Congreso de Cúcuta, firmante de la primera constitución de la Gran Colombia y titular de la Secretaría de Interior y Justicia en 1830, subrayó la necesidad de la educación en los asuntos públicos: “así aprenderán hacer uso de sus derechos y cumplir

con sus deberes”. En este sentido, desde que nacimos como país, este noble asunto ha sido un anhelo harto y constante. Pero hasta ahí. Falta ese empeño, esa decisión definitiva, ese echar andar, de una vez por todas, el tren que nos permita ir avanzando como una sociedad moderna, libre y democrática.

Ya lo hemos planteado en diversas oportunidades: “La educación no solo es el estudio y la preparación para las ciencias, las artes, profesiones y oficios, sino también para aprender los principios, valores y ejercicio de la democracia y por consiguiente de ciudadanía”.

Las actuales circunstancias obligan a tomar serias y consistentes medidas sobre este asunto.