Tres características parecen constantes en la elevación de la tarifa del transporte público

que genéricamente se conoce como “camioneta”: contenida por largos meses, cualquier receso vacacional de principios, mediados y finales de año, se presume adecuado; arbitrariamente, ensayan antes el aumento calibrando la reacción del usuario; e, irremediable, siempre va a la zaga del aumento generalizado de precios de bienes y servicios.

Ya poco importa la calidad del servicio en ciudades profundamente desordenadas, pues, la otra alternativa es andar a pie. Cada vez que hay aumentos, el pleito del viajero con el conductor o el colector es porque no está publicado en la Gaceta Oficial o Municipal, si la hubiere, ya que también la inventan: entonces, ¿cuál es el medio oficial?, ¿las redes digitales?, ¿la realidad misma es la que luce convincente y se impone a dóciles e indóciles?

El caso está en que el Estado es el que aplica, autoriza o dice autorizar las tarifas, siendo demasiado ineficiente para que se haga realidad su cumplimiento, o, en todo caso, empleándolas para paliar o evadir la situación. Inevitable conclusión: no sirve siquiera téçnicamente para arbitrar precios.

Además, el arbitraje es unilateral, displicente, arbitrario, cómodo. Aquello de la democracia participativa y protagónica se nos antoja un cuento, porque de la negociación con los sindicatos del transporte no se sabe como un pacífico y confiable modelo de sobriedad y entendimiento.

Alguien o alguienes, deben decidir sobre las tarifas porque no es nada fácil esta recurrente y desagradable situación. Creemos que el mercado bien lo haría pero estamos todavía muy lejos de las condiciones objetivas y subjetivas necesarias.