Los trabajadores venezolanos están convencidos de que los economistas que “asesoran” a Nicolás Maduro son quienes

le aconsejaron que no subiera los salarios, contrario a lo que señala el Artículo 91 de la constitución, la cual en su momento fue promovida y firmada por el presidente Hugo Chávez, esto como fórmula para contener la inflación.

Dichos asesores también le recomendaron que, para mantenerla estable, debería despojar a los trabajadores de sus derechos constitucionales, beneficios contractuales y logros históricos.

La política está llena de historias que narran el fin de gobiernos y gobernantes, por  haber confiado en dudosos asesores, final que en nada les afectó  y, cuando se requirió que fuesen desplazados, pues regresaron a sus antiguos cuarteles de invierno, es decir a las universidades, para continuar impartiendo “sabiduría” y activar los viejos reclamos de mejoras salariales para los jubilados.

El proyecto de gobierno que hoy conduce Nicolás Maduro tiene más de 25 años, tiempo que ha sido usado para erradicar la democracia e intentar imponer su plan hegemónico, para lo cual han recurrido al desconocimiento de las leyes aun vigentes, ocasionándoles daños irreparables a los ciudadanos. Este Proyecto va en contrasentido a los intereses de la república y de sus ciudadanos.

Las reiteradas violaciones a las leyes y convenios, le han sido presentadas a los ciudadanos como inamovibles en su aplicación y en su acatamiento, lo que ha surtido efecto en ciertos políticos y sindicalistas, quienes optaron por ocultarse en sus oficinas para no involucrarse con aquellos que sí protestan en las calles, tales medidas. Pareciera que estos personajes desconocen que hay miles de trabajadores activos, jubilados y hasta menores de edad encarcelados o detenidos en las cárceles, a quienes se les violan sus derechos humanos por reclamar el cumplimiento de la constitución. Son ellos quienes argumentan que los sindicalistas no deben involucrarse en temas políticos. Cuando estos personajes entregan algún escrito en alguna dependencia gubernamental, lo hacen con la intención de manifestar la necesidad de sustituir el Articulo 91 de la Constitución, a  cambio de 200 dólares mensuales. Pareciera que estos nefastos personajes no han entendido, o no les conviene entender, que la situación de crisis y de hambre que hoy viven los venezolanos, no es cuestión de aumento del salario mínimo, tal como quedó demostrado el reciente 28 de julio.

Vox populi, vox Dei, "La voz del pueblo es la voz de Dios