No hay tiempo de aburrirse en Venezuela, ni de sorprenderse, ante las cosas que se les ocurren

a nuestros gobernantes, en su clara batalla por recuperarse de la grave herida que les dejó las elecciones presidenciales pasadas. En una deriva claramente autoritaria, el gobierno y el PSUV quieren quitarse de encima la posibilidad de llevarse nuevas sorpresas político electorales. Les basta con las derrotas ya recibidas, incluida la de la Reforma Constitucional que Chávez perdió en 2007, que fue enfrentada luego inconstitucionalmente, sometiendo la misma petición ya rechazada por el pueblo en el referéndum, pero usando ahora la figura de la enmienda constitucional, para terminar aprobando lo que ya había sido negado. Es bueno recordarlo, para que entendamos que los vicios de este tipo no son nuevos, ni se les han ocurrido sólo al presidente Maduro. Y podría irme más atrás, al siglo pasado, y encontrar casos que se parecen a otros actuales.  

Otra derrota inesperada fue la que recibieron en la elección de la Asamblea Nacional de 2015, cuando la oposición no sólo ganó la elección de diputados, sino que obtuvo la mayoría calificada más importante, la que iguala o supera las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea. Ésta mayoría les hubiera permitido, designar un CNE en el que el gobierno no tuviera mayoría, y designar Fiscal, Contralor y Defensor del Pueblo, según lo establecido en la Constitución de la República. Algunos me dirán, y con razón, que esos nombramientos iban a ser tan parcializados como los que ha hecho el gobierno durante todos estos años. Eso lo podemos suponer, pues las conductas de la oposición (Coordinadora Democrática, Mesa de la Unidad Democrática y Plataforma Unitaria) siempre han sido muy similares a las de los gobiernos chavecistas, pero hubiera acabado con la hegemonía del PSUV haciendo las cosas más equitativas.  

Pero es que, en aquella ocasión, en forma parecida a lo que ha ocurrido hoy, el gobierno actuó para evitar esos “riesgos”, que pondrían en peligro la estabilidad gubernamental. Recuerden las designaciones apresuradas de los magistrados del TSJ, efectuadas en la época navideña entre gallos y medianoche por la Asamblea Nacional saliente. Recuerden también la impugnación habida ante el mismo TSJ, de la elección de los diputados de Amazonas, con lo cual se despojó a los ganadores de la primera mayoría calificada, aunque la impugnación nunca fue resuelta, demostrando la poca seriedad que el gobierno le da a los procesos legales formales. Pero no contentos con estas acciones, convocaron y eligieron una Asamblea Nacional Constituyente, que finalizó su período sin haber hecho ninguna modificación de la Constitución (otra muestra inaudita de la falta de seriedad), pero que sí anuló funciones fundamentales de la Asamblea Nacional, lo cual fue totalmente inconstitucional.

El otro contratiempo sufrido, más reciente y de carácter regional, fue en las últimas elecciones de gobernadores, concretamente en el estado Barinas, que durante mucho tiempo se consideró “propiedad de los Chávez”, por ser el estado donde nació el Comandante Eterno. Tenía un valor simbólico, si se quiere, y por ello no dudaron en inhabilitar candidatos y anular resultados electorales, pero fueron sorprendidos por un candidato opositor que los derrotó y a quien tuvieron que entregar las riendas del estado. Estos tres casos claros demuestran que lo sucedido hoy no fue ninguna ocurrencia de última hora, sino algo planificado por quienes conocen muy bien a sus adversarios y llevan a pulso las situaciones electorales. No están dispuestos a entregar el poder y mucho menos a quienes los han enfrentado en todas las formas, incluidas las violentas, y han prometido una y otra vez que los erradicarían del escenario político venezolano.

Éste es el contexto en que nos vamos a desenvolver, pues por ahora no existe suficiente fuerza para hacerlos entrar en razón y que acepten lo que dice la Constitución de que, en Venezuela, el gobierno debe ser, entre otras cosas, alternativo. Racionalizan sus decisiones en esta materia, afirmando que están evitando que el fascismo se apodere de Venezuela. No importa si para ello se violenta la soberanía popular, o si se tienen que modificar leyes electorales, para restringir en forma grave la participación político electoral, como se aprecia va a ocurrir en el futuro cercano. No importa si para combatir el supuesto fascismo, incluso se cae en prácticas fascistoides, como las que hemos presenciado en la oleada represiva actual y sentimos presente en el discurso de algunos altos funcionarios. Como se ve, las luchas serán más difíciles y no se resolverán en el corto plazo.