Expresó, a la letra, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos Sobre Venezuela,

MIDHSV, de Naciones Unidas, en su informe del 20 de septiembre de este mismo año: “La falta de independencia y la actuación parcializada de las instituciones judiciales y constitucionales coartan y asfixian, en su conjunto, el debate y la vida política”. 

Para no remontarnos demasiado en el pasado, el 12 de diciembre de 2009, el fallecido Hugo Chávez ya había sentado cátedra en materia de atropellar la justicia al “sentenciar” a una magistrada por el crimen de lesa revolución de no dictaminar con arreglo a sus caprichos personales o familiares: “Una jueza que libere a un bandido, es peor que el bandido mismo. Entonces  ¡Hay que meterle pena máxima a esa jueza!”. Y vaya que lo intentó, el muy felón, porque de no haber fallecido, quizás, Lourdes Afiuni se estaría pudriendo, todavía, en las ergástulas de la tiranía. 

Desde esa gesta del hipotético Comandante Eterno hasta hoy día, sería interminable el listado de censuras por los atropellos de la RoboLución contra la independencia, imparcialidad y autonomía de nuestros tribunales de Justicia.  Pero nos vamos a permitir, una muy apretada síntesis: 

Dos años atrás, la misma  MIDHSV, referida al comienzo, había denunciado: “La falta de independencia e imparcialidad que aqueja al sistema de justicia”  (...)  lo cual  “se ha traducido en la impunidad de violaciones  y demás crímenes del SEBIN y la DGCIM”.

Por su parte la  Comisión Interamericana de DD HH, en su reporte correspondiente a 2020, reiteró por enésima vez “su preocupación por la manera como se han realizado los procesos de designación de magistradas y magistrados del TSJ, así como por la ausencia de garantías para la permanencia en el cargo de jueces, lo que lesiona la independencia judicial y repercute en desmedro del acceso a la justicia de la población”. 

En febrero de 2019 el Relator Especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, había advertido que en “Venezuela los abogados se hallan incapacitados de practicar su profesión de manera libre e independiente” mientras que la muy prestigiosa “Fundación Europea de Abogados”, ONG, con sede en La Haya, luego de un enjundioso trabajo, había levantado la voz, ese mismo año, porque “la mayoría de los venezolanos ha perdido la confianza en el Tribunal Supremo de Justicia y en su Sala Constitucional, debido a la forma en que dichos  organismos se han venido desenvolviendo”.

Las órdenes de detención dictadas el miércoles por un tribunal penal de Caracas, contra Henry Alviárez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, presidente y vocales, respectivamente del comando de campaña en Venezuela, de María Corina Machado; el apresamiento de Roberto Abdul, director de la ONG, SÚMATE, así como las solicitudes de la Fiscalía General de la Repúbica, a INTERPOL de alertas rojas o de captura contra once opositores más, residenciados en el extranjero, lo confirman: La tiranía se niega a participar en elecciones limpias. Ni en las Presidenciales previstas para el próximo año, ni en ninguna otra y para ello se vale del postrado sistema de Justicia que campea fueros en Venezuela.

No puede ni quiere. Es su naturaleza tiránica. Como en el relato de la rana y del escorpión.