Digamos que es necesaria la existencia de sendos espacios públicos para que las personas circulen y se congreguen,

requeridos de una mínima disciplina que permita preservarlos. Ésta, tan obvia premisa, sustenta el derecho fundamental al libre tránsito ya francamente desconocido en nuestro país.

Por una parte, es  lógico que la regla tenga sus excepciones. Por motivos de orden público, alguna emergencia, como la búsqueda de un peligroso delincuente, entre otras situaciones sobrevenidas, hace necesaria las restricciones momentáneas o temporales. 

Demasiado frecuente, por una parte, son las autoridades las que abusan de tales restricciones, arbitrariamente adoptadas, colocando alcabalas que juran impedir la fuga del delincuente, ahorrándoles las pesquisas y haciendo sospechoso a todo el mundo de la huida de quien finalmente no anda por las arterias principales. Nadie está a salvo de la matraca, porque se trata del Estado depredador.

Por otra, el desconocimiento del derecho al libre tránsito igualmente depende de los particulares que, muy obvios, cuentan con la protección de los personeros del Estado, pues, no hay otra explicación para la multiplicación de los tarantines, carros hamburgueseros, colocadoes de papel ahumado,  la repentina aparición de un quiosco hecho de láminas de acero, por doquier.  El desarrollo de la ciudad como un enjambre de las calles llamadas de hambre, concibe a las calles y avenidas como sendas pasarelas para el consumo de la comida-chatarra; precisamente, quienes antes vociferaban contra las exitosas franquicias por el escaso valor nutritivo de sus productos, ahora se hacen de la vista gorda frente a “emprendimientos” que no resisten el más elemental examen sanitario, por citar un caso.

Cierto, muy antes hubo restaurantes que se apoderaban de las adyacencias para estacionar el automóvil de su recurrente clientela, pero de la excepción hemos pasado a la regla y el oficio de parquero en espacios que son absolutamente comunes, frecuentemente es asumido por el más aventajado malandro del sector que se impone, cobra en dólares, y sólo sirve para medio espantar a los amigos de lo ajeno, no ofreciendo garantía alguna respecto al vehículo.  Vínculo laboral alguno tiene con el restaurant, aunque éste también puede asumir y ha asumido la actividad para mejorar las apariencias con un personal adecuadamente vestido  y amable.

Pasa inadvertido que hay arterias en las que antes no se estacionaba el carro en forma diagonal, reduciendo los canales, o que la oferta del local hoy se materializa en un aviso atravesado impidiendo el paso fluido de los peatones. Se ha consagrado el derecho adquirido de colocar unilateralmente sendos conos anaranjados, gaveras vacías, u otros peroles para reservar el espacio para la exclusiva descarga de mercancías. 

Completamente predecible el auge de talleres mecánicos y caucheras, lleva al empleo de las aceras no sólo para estacionar carros y motocicletas, sino para literalmente arreglarlos ahí mismo,  forzadas las personas a desviarse.  La lista de casos es interminable y nada ocioso es que el amable lector haga la suya, porque también la convivencia y el libre tránsito como derecho constituyen un problema fundamental del país.