Demasiado evidente resulta ya la discapacidad creciente del Estado venezolano en el contexto internacional,

consecuencia de la pretendida autosuficiencia de un poder político devenido despótico y de la devastación de sus capacidades infraestructurales,  destacando las especializadas en política exterior. La pérdida progresiva de esa capacidad estatal ha comprometido a lo largo del presente siglo, la independencia republicana, fenómeno iniciado con el ascenso de Hugo Chávez y perfeccionado por sus sucesores – subrayemos – desde muy antes del consabido 3-E.

Siguiendo a Michael Mann, conviene distinguir entre el poder despótico del Estado, referido a la autonomía de quienes lo dirigen para adoptar decisiones, y su poder infraestructural, relativo a la capacidad de hacerlas efectivas de manera organizada y sostenida en la sociedad. El chavismo llevó a extremos la hipertrofia del primero mientras devastaba el segundo hasta convertir la voluntad política circunstancial en sustituto de las capacidades institucionales que requerían de especialización, continuidad y profesionalización.

En materia exterior, la política del Estado terminó haciéndose inseparable de la personalidad presidencial y de sus intereses políticos al mismo tiempo que se confundía adrede con las relaciones internacionales y se apelaba a fórmulas como la llamada “diplomacia de los pueblos”. De allí provinieron iniciativas insostenibles de integración continental, alianzas con actores extrahemisféricos y hasta compromisos contraproducentes en materia territorial, mientras la República perdía la posibilidad de sostener una política exterior propia, profesional y permanente.

Tamaño esfuerzo, ocupado el Ejecutivo en diligenciarlo todo, golpeó severamente las capacidades políticas y técnicas de la cancillería, partidizándola hasta desprofesionalizarla y desestabilizar la propia carrera diplomática. Bastaba así el activismo político del canciller para suplir lo que antes correspondía a una institucionalidad especializada, como puede ilustrarlo, con particular nitidez, la prolongada gestión de Nicolás Maduro al frente de la cartera.

No deja de resultar paradójico que algunos de quienes durante larguísimo tiempo ocuparon posiciones privilegiadas de poder clamen ahora a los cielos con estridencia contra la influencia extranjera, señalando casi exclusivamente hacia el norte. Más paradójico todavía es que semejante denuncia provenga de quienes, después de debilitar deliberadamente las capacidades republicanas, terminaron entregando importantes espacios de decisión precisamente a intereses externos que hoy dicen repudiar. Sin embargo, la cuestión no está en sustituir una dependencia por otra.

Así las cosas, resulta imposible que escurran sus responsabilidades quienes nos hicieron decididamente dependientes, colonizables y, en definitiva vulnerables: criticaron décadas muy atrás como vende-patrias a los que lograron nacionalizar la industria petrolera e hicieron de PDVSA una de las transnacionales más importantes del mundo, dejando como resultado de casi tres décadas e socialismo la desnacionalización práctica de una industria quebrada y endeudada. Importa reconocer, sobre todo, que un Estado sin capacidades propias queda expuesto a las presiones externas, cualquiera sea su procedencia, y pierde margen para defender con eficacia sus intereses nacionales, como la lección más dramática no nos arroja en la cara el interinato presidencial.

Nada ocioso sería, por ello, que legos y entendidos, en la opinión pública, los círculos gremiales y, esencialmente, los académicos, así como las direcciones partidistas, impulsen un debate abierto sobre la política internacional venezolana dentro de un proceso que conduzca finalmente a la transición. Recuperar la credibilidad republicana exige reequilibrar las complejas relaciones exteriores y fortalecer los mecanismos permanentes del Estado mediante un capital humano de calificada trayectoria y solvencia moral.

Deberá rescatarse la experiencia institucional que alguna vez permitió disponer de una cancillería confiable, junto con mecanismos como el Consejo Asesor de Relaciones Exteriores (CARE) y otras iniciativas susceptibles de actualización, sin caer por ello en nostalgias institucionales ni en la simple restauración del pasado. Por lo pronto, lucen prioritarias la despartidización de la política exterior, la recuperación de una diplomacia profesionalizada y la atención sostenida a la inmensa diáspora venezolana.

Una futura transición no puede limitarse a realinear a Venezuela con los principios y valores occidentales, por legítima que sea su recuperación, sino que debe reconstruir la capacidad del Estado para idear, diseñar e implementar una política exterior propia. Se trata, en definitiva, de recobrar la independencia republicana mediante instituciones capaces de sostener nuestros legítimos intereses, ejercer la soberanía y honrar responsablemente los compromisos internacionales contraídos.