En 1997, el Contrato Colectivo Marco de los Empleados Públicos consagró el seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) como obligación patronal fija del Estado para proteger a los funcionarios y sus familiares.

Este modelo originario garantizó por casi dos décadas el acceso a redes de clínicas privadas y atención médica oportuna. Sin embargo, el derecho a la salud sufrió un quiebre regresivo en 2015 con la firma de la Primera Convención Colectiva Marco Socialista. Este instrumento introdujo una modificación radical en detrimento de los trabajadores a través de su Cláusula N° 14, titulada oficialmente: "Hospitalización, Cirugía, Maternidad (HCM), Vida y Servicios Funerarios en el marco de la Misión Salud Obrera".

Al unificar ambos beneficios en un solo articulado, se eliminaron simultáneamente tanto las pólizas de HCM como los contratos funerarios privados. Ambos servicios pasaron a depender de un precario sistema de autogestión estatal y fondos ministeriales. Este desatino fue avalado de mutuo acuerdo entre el Ejecutivo Nacional, como patrono, y las cúpulas sindicales aliadas al régimen de Nicolás Maduro, quienes desde entonces sostienen dicho andamiaje corporativo: la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) y la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (FENTRASEP), bajo la firma de Franklin Rondón, quien estuvo acompañado de un directivo de otra federación. Al estampar sus rúbricas en ese abominable documento, estos falsos líderes sindicales anularon con alevosía la progresividad de las leyes venezolanas, cometiendo un crimen abierto contra la vida de los trabajadores y sus familias.

Las consecuencias han sido devastadoras, sentenciando a muerte a miles de trabajadores que terminaron agonizando en las camillas rotas de un sistema hospitalario público destartalado y carente de insumos básicos. Asimismo, la supresión del servicio funerario desató un viacrucis desgarrador para los deudos, obligados a mendigar para sepultar a sus muertos ante los impagables costos del mercado. Por ello, la masa laboral repudia a estos irresponsables. Exigimos que sobre estos transgresores laborales caiga todo el peso implacable de las leyes venezolanas. Su destino final será el calabozo, pues la cárcel es el sitio natural para quienes firmaron la muerte de los servidores públicos.

Quien utiliza el poder de la firma para despojar al trabajador de sus derechos, decreta su propia condena ante el veredicto inexorable de la historia. — Alfredo Mago.