La llamada Asamblea Nacional de 2020 aprobó la convocatoria de un referéndum consultivo para que el “pueblo decida la defensa del Esequibo”,

de acuerdo a un tuit de amplísima circulación. Y es muy natural que el asunto sorprendiera a legos y especialistas en la materia, porque desde hace más de cien años consecutivos  los venezolanos luchamos por la debida, limpia y transparente recuperación del territorio en cuestión exigiéndole a los órganos del Poder Público agotar sus mejores diligencias para lograrlo con el indispensable compromiso, sentido y tino estratégico que el caso amerita.  De modo que el régimen necesita ahora de la consulta sin precedente alguno,  para darse por enterado de una determinación que ha comprometido a numerosísimas generaciones desde tiempos remotos.

El referido territorio se hizo convincentemente defendible en la misma medida que hubo la continuidad de una política de Estado inspirada en los más altos intereses del país, materializada no sólo por iniciativas como el Acuerdo de Ginebra, entre otras que incluyó el comprobado profesionalismo de la cancillería, sino por la promoción del debate libre y plural que mantuvo en pie la legítima reclamación, sensibilizada la propia sociedad civil organizada. Sin dudas, ello contribuyó a la existencia misma de una política exterior que buscó neutralizar y neutralizó, posturas como la del militante y persistente apoyo cubano a los vecinos del este. 

Es en la presente centuria que esa tradición, por cierto, republicana, se ha visto alterada y ya es lugar común citar las arbitrarias y contraproducentes declaraciones que hizo Chávez Frías en 2004 que favoreció a la causa guyanesa, tomando nuevos bríos como el de la exploración petrolera en aguas – por lo menos – discutibles de la Fachada Atlántica. Huelga comentar que la Asamblea Nacional electa en 2015, asumió decididamente el caso esequibano, sin renunciar en modo alguno a sus atribuciones o competencias de control, alertando oportuna y responsablemente el curso que tomaban los acontecimientos: por ejemplo,  consta en las redes digitales, advertimos con un año de antelación los peligros que sintetizó el plazo ordenado por el secretario general de las Naciones Unidas que desgraciadamente se tradujo en la remisión del problema a La Haya.

Es demasiado evidente que el actual régimen venezolano es el principal responsable de que la Corte Internacional de Justicia ventile el problema esequibano y, además, haciéndose parte, haya fracasado en dos decisiones incidentales que a nadie, en su sano juicio, puede contentarle, pendiente otros actos procesales.  Los alegatos a esgrimir son enteramente jurídicos, sobrando las sólidas razones que favorecen a Venezuela, pero todo apunta a la evasión de responsabilidades de Miraflores que preventivamente desea trasladarlas al resto de nuestros coterráneos, añadida la consignación o no de la contramemoria para 2024. 

Disculpen por el símil, pero la absurda situación es parecida a la familia que ha de votar por la intervención quirúrgica de la que el cardiólogo es voz autorizada, o los niños pronunciarse por un divorcio que ha de decidir el juez según lo que consta en autos. Los venezolanos sabemos que no está en juego una decisión política y fuere lo que fuere, no encontrará acogida en el estrado; se trata de una decisión judicial que pone a prueba el nivel de competencia, conocimiento y habilidad de las partes representadas. 

Nada casual, vienen los comicios presidenciales y nada inocente luce tamaño referéndum.  Esta vez, las nuevas fronteras se abren para un populismo de movilización que no repara en circunstancias y dramas, probando con un ardid de aparente nacionalismo.

Creímos haber visto todo, pero los socialistas de esta hora hacen de sus tácticas leninistas meta, propósito y programa de una nación.  Apelan a toda suerte de recursos, aun los que se suponen los más sobrios para caricaturizarlos, como el referéndum.