En prácticamente todos los gobiernos se producen escándalos distintos, con consecuencias políticas según su carácter y su intensidad.

Los afectados siempre tratan de soslayar los hechos, para reducir los efectos negativos sobre la administración de que se trate. Que el gobierno de Maduro lo haga, en el caso escandaloso actual de PDVSA, no tiene por lo tanto nada de extraño. Tampoco lo tienen las diversas explicaciones que surjan sobre el tema. Se pudiera pensar entonces que ya no se pueden permitir corruptelas grandes, y menos en el sector petrolero, pues éstas agravan enormemente la situación actual, entorpecen la recuperación y hacen peligrar la comercialización de crudo. Esto último podría explicar el apoyo del gobierno gringo, a las supuestas medidas de adecentamiento tomadas por Maduro.  

Un gobierno serio, ante dificultades de este tipo, informaría verazmente sobre el caso, señalaría los presuntos responsables y explicaría las medidas inmediatas y mediatas a tomar, para evitar su repetición en el futuro, sin estridencias ni arengas demagógicas. Nada difícil, pese a que la oposición siempre tratará de sacarle provecho a lo ocurrido, lo que tampoco es anormal ni nada para escandalizarse. En Venezuela, el problema es que el gobierno no tiene ninguna credibilidad. Sus engaños de años convirtieron en incrédulos a los venezolanos. Y este hecho, aunque disguste a algún jerarca gubernamental, existe y negarlo no lo hace desaparecer. También ocurre con buena parte de la oposición, cuyas conductas descarriadas han llevado a que su credibilidad sea casi nula. 

Ante la situación ocurrida en PDVSA, el gobierno de Maduro, para minimizar los daños e incluso para aprovecharla y pasar a la ofensiva, lanza un agresivo discurso contra la corrupción y sobre el carácter ético de la pseudorrevolución. Presenta sus acciones como un programa de saneamiento de la administración pública, e incluso toma medidas contra unos jueces y un alcalde de su mismo partido, cuyos delitos no parecen tener conexión con lo ocurrido en PDVSA, ni tener el mismo impacto económico. La única relación es que los jueces son altos jerarcas de la administración de justicia, pero el delito fue haber liberado a un delincuente por dinero. El delito del alcalde es su íntima relación con la banda “El tren de los llanos”, algo por lo cual lo habían denunciado hace meses sin que se le prestara atención a la denuncia. 

Nadie en su sano juicio puede criticar las acciones gubernamentales contra la corrupción, pero sí se puede analizarlas y juzgarlas y llegar a la conclusión de no ser realmente motivadas por la lucha contra la corrupción, ni ser parte de ningún programa coherente elaborado e instrumentado a tal efecto. Parecería que lo principal es una purga interna motivada por la lucha por el control del aparato del Estado, por lo menos en el caso del ex ministro de petróleo Tareck el Aissami. Esto, repito, no significa que no haya actividades delictivas dentro del equipo del ex ministro señalado, sino que las mismas están siendo utilizadas en la lucha interna referida. De hecho, el mismo El Aissami renunció a su cargo y señaló que acompañaba las medidas llevadas adelante.

No debemos dejar de lado que las acciones anticorrupción seguramente van a ser extendidas a dirigentes y grupos opositores, para dejar clara su participación en los casos actualmente en curso. De hecho, ya fue señalado claramente por Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional. Las construcciones faraónicas de Baruta y los cambios de zonificación urbana en Chacao, incluso en El Hatillo, denunciados además por sus comunidades, van a ser investigados. El gobierno gana al presentarse como adalid de la lucha anticorrupción, “caiga quien caiga”. Gana al despejar su patio político interno de competidores incómodos. Gana también al quitar del escenario o poner a sus servicios a líderes y grupos que se le oponen y que hoy se presentan como alternativas de poder. Vivimos un inicio feroz de la campaña para 2024.