En días pasados, cuando conversábamos sobre el éxodo masivo de venezolanos a países del exterior, me decía Luis José Oropeza

que éramos un país en fuga, frase que tomo para titular este artículo. El 25% de la población reside en el exterior. Según ACNUR, la migración venezolana es la segunda crisis de desplazamiento externo (éxodo) de mayor magnitud en el mundo, después de la siria.

La gente se va del país porque aquí no hay democracia y porque las remuneraciones de los empleados públicos y de los trabajadores no alcanzan, según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), para cubrir el costo de la Canasta Básica; y en año 2022 el 48,4% de la población vive (malvive) en pobreza extrema al no poder satisfacer el costo de la Canasta Alimentaria. En el ranking de salarios mínimos (en dólares) en América Latina, Venezuela ocupa el último lugar. De acuerdo con la tabla publicada en Focus Economics sobre el Índice de la Miseria, tomando en cuenta la inflación y la tasa de desempleo, “Venezuela ostenta el dudoso honor de proyectar su economía como ‘la segunda más miserable del mundo en 2023’, solo superada por Cuba, nación con la cual compartimos cabeza a cabeza desde 2016”, como lo recuerda el editorial de El Nacional del 15 de diciembre de 2022.

A fines de diciembre pasado, el director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Antonio Vitorino, declaró y pidió, en entrevista a la agencia EFE, “que la guerra de Ucrania no deje que se olviden otras crisis humanitarias, como la provocada por el éxodo venezolano. Entre otras cosas, afirmó que “claramente” se inscriben “la situación de Venezuela” y el impacto que tiene en casi toda América Latina, que impone “necesidades humanitarias urgentes”. Señaló que, entre otros países, actualmente se estima que hay unos 2,5 millones de migrantes venezolanos en Colombia, unos 1,7 millones en Perú, otros 400.000 en Brasil e igual número en Chile, y cerca de 700.00 en Ecuador.

En las selvas del Darién, un inhóspito territorio que separa a Colombia de Panamá, convertido en ruta para el tráfico de personas, en el año 2021, segúna datos de la OIM, fue atravesado por 133.000 personas, número equivalente al que pasó por esa zona en los diez años anteriores, y que en 2022 esa cifra subió a cerca de 250.000. Según Vitorino, alrededor del 60% de quienes arriesgan sus vidas en el Darién son venezolanos, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Las redes del tráfico de personas “hacen su negocio a costa de la vulnerabilidad humana”. Hay víctimas que quedan dentro de la selva y en el año 2022, “en la región del Caribe fueron hallados 321 migrantes muertos”. Las comunidades de acogida a los venezolanos sufren una presión fuerte, pues “ven llegar un significativo número de personas que tienen derechos y desbordan la capacidad de los servicios sociales”, dijo Vitorino.

Durante la gestión  del expresidente Donald Trump se adoptó la medida, conocida como Título 42, conforme a la cual se deporta inmediatamente a migrantes ilegales. La Corte Suprema de EE.UU. decidió, a finales de diciembre, que seguiría vigente, por lo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) advirtió a “los ciudadanos venezolanos que intenten entrar en EE. UU. por zonas ubicadas  entre los puertos de ingreso también siguen siendo devueltos a México”.

Quienes deben irse del país no son los venezolanos. Es Nicolás Maduro quien debe irse del poder que usurpa.