Nicolás Maduro se convirtió en uno de los promotores y facilitadores fundamentales del diálogo entre el Gobierno de Gustavo Petro

y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Como parte de ese esfuerzo, prestó La Casona, habitación oficial del presidente de la República, para que se produjeran los primeros encuentros entre los guerrilleros que se negaron a participar en los Acuerdos de Paz promovidos por el expresidente Juan Manuel Santos y algunos grupos irregulares colombianos, el más importante de los cuales eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC). Esa labor de facilitación ha contado con  el apoyo del Gobierno cubano y el reconocimiento de varios países que apoyan el esfuerzo de Petro por lograr la paz total en la vecina nación. Hasta aquí todo está muy bien.

El problema surge cuando se examina el contraste entre la actitud de Maduro con Petro y los insurgentes colombianos, por una parte, y, del otro lado, su comportamiento con los sectores democráticos venezolanos  e internacionales que piden un diálogo sincero del Gobierno con la oposición con el fin de restablecer la normalidad democrática, fracturada hace más de dos décadas, especialmente a partir de 2018, cuando Maduro y Diosdado Cabello se coaligaron para convocar unas elecciones presidenciales ilegitimas que empotraron a Maduro en Miraflores. El mandatario nacional se siente muy cómodo y complacido de operar como un puente entre los irregulares y el Gobierno del vecino país, pero se niega a volver a la mesa de diálogo con las fuerzas democráticas venezolanas. 

Esta aparente incongruencia se explica porque respaldar a Gustavo Petro en su política de inclusión y paz en nada compromete la permanencia de Maduro como gobernante. Al contrario, le otorga una cierta aureola de estadista y conciliador. En cambio, sentarse con la Plataforma Unitaria y otros grupos opositores lo compromete a abordar los espinosos temas relacionados con la convocatoria de elecciones transparentes y equilibradas bajo la supervisión internacional, tales como las que se han realizado durante los años recientes en Perú, Chile, Ecuador, Brasil y Colombia, para solo citar a nuestros vecinos suramericanos. En todos esos comicios, por cierto, han triunfado las opciones de izquierda. Salvo el descocado de Jair Bolsonaro, a ninguno de los perdedores se le ha ocurrido hablar de fraude y desconocer la victoria del contrincante.

Durante los meses recientes, por fortuna, algunos gobiernos y organismos internacionales han renovado la campaña para intentar sentar a Nicolás Maduro alrededor de la mesa de negociaciones. Esta iniciativa ha sido impulsada por Emmanuel Macron, Gustavo Petro, Alberto Fernández, Gabriel Boric, Pedro Sánchez y la Unión Europea, a través de su Parlamento. Todos convergen en la necesidad e importancia de que Venezuela retorne al modelo democrático, cuyo epicentro se encuentra en la realización de comicios libres y en el acatamiento de la voluntad popular expresada a través del voto. 

El respaldo de Maduro a los eventuales acuerdos de paz entre Petro y el ELN puede servir para presionarlo a que acepte medirse en 2024 en unos comicios con supervisión de organismos internacionales. 

El ELN es un grupo  guerrillero autodefinido como marxista leninista. Ha sido calificado por el Gobierno colombiano y otras instancias internacionales de terrorista, insurgente, narcotraficante y depredador del ambiente, entre  otros azotes que llenan su largo prontuario. Los acuerdos con esos sujetos por parte del Gobierno de Colombia tendrán que incluir una ley de amnistía que atenúe los numerosos crímenes y delitos que han cometido. Deberán, también, definir algunos canales que les permitan incorporarse a la vida institucional, tal como sucedió con el sector de las FARC que se acogió a los acuerdos de paz. 

Maduro debe saber que Gustavo Petro tendrá que ceder en aspectos difíciles de aceptar en un Estado democrático constitucional en el cual prevalece el Estado de derecho. Tendrá que lidiar con la amplia franja de la sociedad colombiana que ha sido agredida por el ELN y que muestra enormes reservas acerca de la justicia transicional y la amnistía con delincuentes que le han causado grandes daños a la sociedad. Sin embargo, esos son los retos inevitables que deberá enfrentar si pretende acabar con la carga explosiva que porta ese grupo tan peligroso, que, además, vive entre Colombia y Venezuela, donde se mueve con entera libertad.

Para Maduro, la tarea resulta mucho más sencilla. Con quienes debe conversar y llegar a pactos no son violadores de los derechos humanos, ni terroristas, ni guerrilleros, ni nada por el estilo. Son dirigentes que aspiran a recuperar la democracia, promover la alternancia pacífica en el poder, someterse a la voluntad soberana de los ciudadanos y concurrir a unas votaciones sin presos políticos, ni inhabilitados, ni líderes sociales detenidos injustamente, como Javier Tarazona, promotor de  Fundaredes, organización encargada de defender a los ciudadano de los desmanes del Estado venezolano en la zona fronteriza y de guerrilleros como los del ELN.

Si Maduro quiere mostrase como pacifista ante el mundo, no puede fomentar el diálogo con los terroristas y sacar el hacha frente a los demócratas.

@trinomarquezc