En rueda de prensa se dió a conocer el tercer Informe de la misión internacional independiente de determinación

de los hechos sobre la República de Venezuela de las Naciones Unidas, en relación a la violacion de DDHH desde el 2014 en Venezuela. En este tercer informe se señala que los servicios de inteligencia del Estado, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para “reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”. Estableciendo además que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Por lo que se han cometido graves delitos y violaciones reiteradas de DDHH,  incluidos muy específicamente actos de tortura y violencia sexual. El mencionado informe señala también que "estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley",  situación esta que sabemos los venezolanos no sucederá, ya que estos instrumentos son el medio mediante el cual el régimen criminal  garantiza su permanencia en el poder y la expansión por todo el continente del comunismo junto a sus aliados, por lo tanto seguirán  cometiendo sus infinitas aberraciones en contra de la disidencia venezolana y de otros actores importantes en el hemisferio.

Este informe ratifica lo que hemos denunciado muchísimas veces nacional e internacionalmente en relación al papel que desempeñan personas en distintos niveles de las cadenas de mando de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en la ejecución de un plan orquestado por quién encabeza hoy la tirania criminal Nicolás Maduro y otras "autoridades" de alto nivel para reprimir, perseguir amedrentar, chantajear,  encarcelar, desterrar y asesinar a la disidencia al régimen criminal. 

Según el informe se documentaron 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes del DGCIM , ejecutándose la tortura en su sede Boleíta, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país. Así mismo, el SEBIN también habría torturado o infligido malos tratos a detenidos, entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos, principalmente en el centro de detención El Helicoide, en Caracas. Además añade que las violaciones y los crímenes del SEBIN y LA DIGESIM continúan cometiendose hasta hoy, Ya que se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas en un clima de total impunidad.

El informe también hace referencia a los abusos y violaciones de los derechos humanos en la región del Arco Minero, es decir hace especial referencia a la situación en las zonas mineras remotas, destacando en el estado de Bolívar, al sur del país,  actores estatales y no estatales han cometido una serie de violaciones y crímenes contra las poblaciones locales, en zonas de extracción de oro.

En fin, la misión ha llegado a la conclusión de que las violaciones que se han señalado constituyen crímenes de lesa humanidad, y fueron parte de una política deliberada del Gobierno para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al régimen. Señala muy claramente que  Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel  fueron los principales artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria con el propósito de reprimir la disidencia. 

Muy de acuerdo con lo que dice Maria Corina Machado al señalar: "Es difícil llamar  las cosas por su nombre cuando se vive y se enfrenta a un Estado criminal, y quienes pretenden hacer creer a la comunidad internacional que es factible una convivencia con criminales, están condenando a Venezuela, como Estado, a su desaparición"

Nicolás Maduro y sus compinches tendrán que responder ante la justicia de verdad por tan abominables actos criminales y seguro estoy será más temprano que tarde, ojalá que la claridad de este tercer informe sumado a los dos anteriores de la misión,  llamé de una vez por toda la atención a la comunidad internacional y contribuya a recortar la tardanza de la justicia, para evitar que se sigan cometiendo estos crímenes. Mientras Nicolás Maduro permanezca en el poder seguiran violandose los DDHH. 

Estos informes nos vienen a ratificar que hoy mas que nunca la comunidad internacional debe activar todos los mecanismos necesarios para expulsar los criminales del poder,  no pueden seguir inerte ante este régimen criminal que se instalo en Venezuela,  es el momento de actuar con fundamento en el principio de responsabilidad de proteger de los pueblos, así como también en el tratado de asistencia recíproca TIAR. Eso es justicia y justicia es lo que exijimos los venezolanos. Las sanciones tienen que acentuarse cómo estrategias de fuerza para frenar a estos criminales. 

Son criminales de lesa humanidad, hay que enfrentarlos , combatirlos hasta expulsarlos del PODER. Ya basta.