No. No creo que la cancelación del denominado bono vacacional y recreacional, que por ley corresponde cancelar regularmente cada

período vacacional, a los profesores de educación Primaria, Secundaria y Universitaria en Venezuela, sea por falta de presupuesto (dinero) en las arcas de la Tesorería nacional.

Es una estrategia de un plan que se adelanta desde hace varios años para suplantar el sistema educativo nacional y adecuarlo al Plan de la Patria, como sistema de desarrollo socio político y militar del Estado Comunal, que de hecho funciona desde hace algunos años, con pequeños ensayos a escala menor.

La educación tal como tradicionalmente ha venido funcionando es diametralmente opuesta, en la formación de principios y valores, a la práctica diaria que paulatinamente se viene imponiendo en el devenir del llamado ‘socialismo del siglo XXI’ que desde los tiempos del ex presidente Chávez se pensó y diseñó.

La agenda económico-social que en la actualidad se viene desarrollando, por insólita que parezca, es similar o muy parecida a la propuesta que en su momento fue sugerida por los técnicos del Fondo Monetario Internacional para ser aplicada en Venezuela. Esa agenda neo liberal ha sido impuesta, de hecho, por los técnicos contratados por el régimen totalitario de extrema izquierda.

Esta es la razón por la que todos los derechos que por décadas disfrutaban los trabajadores venezolanos, entre ellos los bonos por vacaciones y recreación, además del apoyo económico del Estado a los ‘primas’ por hospitalización, cirugía y maternidad, escolaridad, beneficios de ahorro y préstamos para adquisición de vivienda y vehículos, entre otros, han sido gradualmente restringidos o eliminados.

No. No es casual que, por estos tiempos, las federaciones, asociaciones, sindicatos y otros entes, legítima y legalmente constituidos por los trabajadores venezolanos, hayan sido sustituidos por organismos paralelos, como ocurre con la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), o la Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela (FAPUV), a quienes les impusieron otras estructuras cuasi jurídicas, (ARBOL y FTUV). Estas y otras estructuras, como en todo régimen totalitario, sirven de mampara para aparentar ante organismos internacionales que en Venezuela se cumple con el ordenamiento jurídico establecido en la Constitución nacional y las leyes.

Como es lógico suponer los organismos inventados responden a los planes que desde el poder central se adelantan para ir gradualmente imponiendo el Estado Comunal que tiene como eje central, un sistema educativo donde el sujeto crítico (sea docente o alumno), sea obediente a la ideología socialista. Por lo tanto, se parte de una historia cuyo centro va a ser la ‘gesta histórica’ de la revolución chavizta del 4 de febrero de 1992; toda una simbología y culto al mesianismo, la superstición, la ortodoxia y el fanatismo de Estado, partido y líder. Lo anterior, procesos de formación y consolidación de la sociedad venezolana, construcción de ciudadanía con la promulgación de la Educación pública, gratuita y obligatoria, en 1870, entre otros grandes rasgos históricos, son vistos como ‘antecedentes de las glorias’ que en la actualidad se viven en el ‘socialismo del siglo XXI’ y la tristemente llamada, ‘Venezuela se arregló’ de este 2022.

La coyuntura actual que ha llevado a los docentes venezolanos a la calle para exigir respeto a las leyes, la norma y que se honren sus derechos adquiridos constitucionalmente, llevará la crisis educativa al ‘combate y a la batalla’ donde el régimen quiere que se desemboque: paralización de todo el sistema educativo venezolano. Esto le permitirá varios escenarios. Uno de ellos es declarar la emergencia educativa. Declarado esto, podrá ‘judicializar’ (abrir expedientes) a quienes se nieguen a acudir a las aulas de clases. Además, podrá intervenir los centros educativos con la excusa de velar por la integridad física de sus instalaciones, y, lo peor (-o mejor para ellos): sustituir (por jubilación y/o expulsión), aquellos docentes que les sean hostiles a sus intereses políticos.

Es falso que el régimen no posea presupuesto en sus arcas. Ocurre que se está ejecutando un plan bien diseñado con otros propósitos. Incluso, esta inicial crisis le permite opacar la sentencia contra 17 dirigentes políticos, a quienes les ha sentenciado a 20, 25 y 30 años de presidio. 

La crisis del sistema educativo venezolano no terminará, incluso, con la cancelación a cuenta gotas de los porcentajes (10+10+10+75%) que, hasta julio de 2023, el régimen ha prometido por boca de sus mandaderos. No olvidemos, además, que una de las políticas de Estado de estos pandilleros, es la mentira. Mentir como política de Estado le ha dado muy buenos resultados a lo largo de estos 22 años de estrategias y tácticas dilatorias para ganar tiempo.

No. No es posible pensar que mientras unos pandilleros, cuyas cabezas tienen precio por narcotráfico, estén en la administración del poder en Venezuela podrá arreglarse nada. Por el contrario, todo seguirá gradualmente empeorando, y quien piense que podrá solventar su vida, con un futuro asegurado, la realidad le seguirá golpeando el rostro cada vez que abra su refrigerador.

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 |*|: Columna "Lecturas de papel"