El pasado 20/7/2022 Nicolas Maduro firmó el ejecútese a la ley orgánica de zonas económicas especiales (ZEE)

aprobada por la mayoría gobiernera de la Asamblea Nacional, con la complicidad servil de la bancada opositora. Las zonas económicas especiales (ZEE o SEZ por sus siglas en inglés) se definen como áreas geográficamente delimitadas, con un régimen socioeconómico especial y cuya meta fundamental es atraer la inversión extranjera. La ley orgánica de ZEE constituye un nuevo capítulo de la política antinacional del régimen militarista de Maduro en favor del gran capital internacional y en detrimento de los intereses sociales, económicos e históricos de los trabajadores. 

Aunque en la exposición de motivos de esta nueva ley se establece “Este nuevo modelo está llamado a convertirse en el fundamento de una nación moderna capaz de brindar creciente bienestar a la población” vale acotar que las ZEE no son nada nuevo, tienen un largo historial de esclavitud laboral y violación de los derechos de los trabajadores. Se estima que actualmente existen más 5.400 ZEE, ubicadas en más de 145 países (China, México, Vietnam, Brasil, India, Irlanda, Colombia, Singapur, Costa Rica, Filipinas, Perú, Tailandia, República Dominicana, por mencionar algunas). Enclaves que representan tinieblas de explotación para los trabajadores y paraísos para la acumulación de riquezas por parte de las transnacionales.

La ley de ZEE además de darle el piso jurídico a la política antinacional del chaveco-madurismo al ceder soberanía a intereses económicos transnacionales, reafirma el carácter monárquico-autoritario del régimen al establecer que la creación de estos enclaves económicos-territoriales será de exclusiva competencia de Maduro, así como la designación de sus administradores, sin la previa consulta o asesoramiento de ningún ente de la República. Además, la ley establece que estos enclaves económicos serán establecidos al margen de la organización político territorial existente del país.

Como atractivo para atraer al capital transnacional, las empresas establecidas en las ZEE no pagarán impuesto sobre la renta, ni por conceptos de importación ni tampoco por el valor agregado (IVA). Igualmente, podrán implementar normativas laborales precarias (inseguridad en el empleo, bajos salarios, disminución de derechos laborales, malas condiciones de trabajo, prohibición a la sindicalización, imposición de contrataciones leoninas).  Además, disfrutarán de un régimen cambiario de libre convertibilidad y de una infraestructura tecnológica, de comunicaciones y de seguridad financiada por el Estado.

Vaya ironía, el social-autoritarismo bolivariano despotricó del capitalismo hasta la saciedad, condenó una y mil veces al neoliberalismo, juró defender “rodilla en tierra” la soberanía nacional, censuró la tortura, reivindicó una democracia social, para terminar en un proyecto autoritario-militarizado, violador de los derechos humanos, que impulsa un modelo de explotación neoliberal antinacional y que violenta los intereses sociales e históricos de los trabajadores. Tanto nadar para morir ahogados en esta orilla.

Aun cuando en el papel, el neoliberalismo y el social-autoritarismo bolivariano lucen como contrapuestos y excluyentes, en realidad ambos constituyen expresiones del proyecto hegemónico dominante. Proyectos, que por su impronta autoritaria y explotadora conducen al empobrecimiento de las grandes mayorías y al enriquecimiento de elites civiles y militares.

El establecimiento de las ZEE al igual que la polémica Ley Antibloqueo solo favorecen a los grandes capitales extranjeros que seguirán expoliando a Venezuela.