Un grupo de “líderes cívicos, académicos y económicos de Venezuela, defensores de la democracia”, se dirigió

al presidente Joe Biden y a otras autoridades del gobierno norteamericano, para –en el marco de un brevísimo diagnóstico de la situación nacional- hacerles un llamado “a seguir impulsando negociaciones sustantivas y productivas para resolver la crisis venezolana”. En esas líneas instan “al gobierno de Venezuela, a los partidos políticos de oposición y a la Plataforma de Oposición Unitaria, a retomar sin demoras los procesos de negociación”. 

Una de las claves de la comunicación se encuentra en la evaluación que los firmantes realizan de las sanciones aplicadas por el gobierno de Estados Unidos contra Nicolás Maduro: “Las sanciones económicas y la política de máxima presión no lograron sus objetivos”, dice el documento. Aunque se admite que “las sanciones económicas no son la raíz de la emergencia humanitaria en Venezuela, han exacerbado gravemente las condiciones para el venezolano promedio. La gran mayoría del pueblo vive en la pobreza, con inseguridad alimentaria y expuesta a severas deficiencias de salud. La electricidad, el saneamiento y la calidad del agua presentan un estado de profundo deterioro”.

Este cuadro crítico, además de los acuerdos políticos e institucionales, tiene que convertirse en uno de los temas cruciales de las conversaciones, cuando estas se retomen: “Las negociaciones deben colocar los temas humanitarios al centro y avanzar en su solución con la urgencia que ameritan”. El grupo sugiere “que las negociaciones político-institucionales y económicas se basen en éxitos incrementales, creando confianza y buena voluntad para nuevos acuerdos. Estas deben seguir la ruta de lo posible, sin plantear posiciones extremas que otras partes encuentren imposibles de aceptar”.

En resumen, el documento propone que se levanten las sanciones cuanto antes, porque están ‘exacerbando’ la pobreza, y se retome el diálogo entre el gobierno y la oposición, con el apoyo o acompañamiento de Estados Unidos y otros factores internacionales. Al mandatario venezolano se le ha pedido “que acepte reformas políticas y electorales significativas y que continúe con la liberación de presos políticos”. En tanto que a la oposición se la ha insistido en la “necesidad de unificarse en torno a principios básicos y realistas que sustenten posibles acuerdos”; también, se le ha “instado a no ser rehén de las voces extremistas que sólo perpetúan el doloroso statu quo (actual).”

Hasta aquí resumo el documento firmado por ese grupo de venezolanos, con algunos de los cuales tengo muy buenas relaciones personales y por quienes siento un enorme respeto intelectual.  La comunicación ha sido condenada y descalificada por muchos sectores, en algunos casos sin que se conozca su contenido, lo cual ha impedido dialogar en torno a los temas planteados de  forma racional. 

Aunque comparto el tono conciliador del documento, mis diferencias básicas con ese planteamiento son las siguientes. 

El peso de las sanciones en el agravamiento de la situación nacional y personal de los venezolanos es mínimo. Esa es la verdad y de ese modo lo percibe la gente en las encuestas que conozco. La responsabilidad central de la crisis venezolana la gente la ubica en Nicolás Maduro y su gobierno: más de 60% considera que esa camarilla es la gran responsable de la tragedia que padecen los venezolanos desde hace años. Estamos en presencia de las consecuencias de las expropiaciones, del derroche de los recursos petroleros, del absurdo financiamiento a Cuba, de la corrupción y del proyecto de exportación del socialismo del siglo XXI. El gobierno, a pesar de la hegemonía comunicacional que ejerce en todo el país, no ha podido consolidar la matriz de opinión  de acuerdo con la cual las sanciones norteamericanas, la ‘guerra’ o el ‘saboteo’ económico son las causas del descalabro. Cuando a la gente se le pregunta por qué hay alta inflación, o por qué no hay empleo, electricidad, agua potable, conexión a internet o un buen sistema de transporte público y de salud, no se refiere a las sanciones, sino al pésimo gobierno actual. 

Es cierto que las sanciones han perdido el apoyo popular que lograron hace algunos años. Sin embargo, también según las investigaciones que conozco, el respaldo anda por 40%, muy por encima del precario 10% mencionado en la comunicación.

No es verdad que las sanciones no hayan cumplido los objetivos propuestos. Su severidad obligó a un gobierno tan autoritario y sordo como el de Maduro, a sentarse a dialogar con una oposición a la cual despreciaba, en Oslo, República Dominicana, Barbados y México. De no haber sido por la presión que esas sanciones creaban, el régimen habría apelado al expediente del gobierno de los Castro en Cuba, o de la dupla Ortega-Murillo en Nicaragua. Las sanciones han servido de advertencia para indicarles a Maduro y su gente lo que les esperaba si continuaban violando los derechos humanos como estaban haciéndolo (y continúan). Hay que imaginar la cárcel en la que se habría convertido Venezuela si el régimen no hubiese sido sancionado.

En la actualidad, las sanciones son una carta de negociación para la comunidad internacional y la oposición para obtener elecciones libres, transparentes y supervisadas. Ese castigo se levantará cuando Maduro se comprometa ante la comunidad internacional a restituir el Estado de derecho, el Estado constitucional, no antes. No veo otra opción.