Finalizando la década de los sesenta, Venezuela ingresó al Pacto Andino a pesar de la perseverante resistencia de la cúpula empresarial, traducida una posición firme e independiente,

como también tolerante, del primer gobierno de Caldera que acertó con la iniciativa. Aventurando razones endebles que literalmente asestó al país, Chávez Frías optó por la deserción de la Comunidad Andina para cumplir con una larga y tortuosa fase de ingreso a Mercosur, paradójicamente bajo los auspicios y el amparo de Brasil y Argentina.

Ahora, luce demasiado obvia la incomodidad y desconfianza, por decir lo menos, que los integrantes del acuerdo sureño sienten y tienen frente a un régimen como el encabezado por Maduro Moros, reacios – grosso modo – a subsidiarlo política y económicamente, como pretende. Negada la presidencia pro tempore de Mercosur, irresponsablemente nuestra cancillería ha insistido en ella, escudando una incompetencia e inhabilidad que las solas consignas anti-imperialistas de ocasión, no pueden – simplemente – esconder, siéndole imposible una triangulación integradora y equitativa con Nicaragua y, por supuesto, la Cuba de sus sueños frustrados por un realista y desesperado acercamiento político y económico con Estados Unidos.

Faltando poco, los gobiernos de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay anunciaron recientemente la decisión de suspender a Venezuela en el caso de no adecuarse al ordenamiento jurídico del mecanismo de integración. Muy conveniente para el gobierno venezolano, como ocurrió con el consabido decreto de Obama, desea concitar la unidad nacional en nombre del más preclaro patriotismo que le ha hecho falta, objetando el anuncio que, por cierto, luce razonable, como razonables fueron las dificultades de su ingreso y la negación de la presidencia rotativa.

El problema radica fundamentalmente en el gobierno de Maduro Moros que, en lugar de corregir las políticas que nos condujeron a esta crisis humanitaria, cuyas consecuencias son más que evidentes y suficientes, persiste en la renovación de un inconstitucional Estado de Excepción, impuesto sin limitación institucional alguna: medidas temerarias que nos descalifican cada vez más como socios de este o de cualesquiera mecanismos de integración económica que aspira al éxito en el siglo XXI. Por supuesto,  existirán los muy duros inconvenientes para la diáspora venezolana en la región, subrayemos, nada gratuita, en el caso de materializarse la revisión, desafiliación o expulsión, pero lo cierto es que el acontecimiento ha de imputarse a nuestros errores antes que a la malévola intención de los miembros que velan por la preservación de un mecanismo, dispositivo o ensayo. Acotemos, el problema esencial es el de haber concebido una actuación internacional enteramente dependiente de las relaciones personales entre mandatarios, ya que no están Dilma Rousseff o Cristina Kirchner para que nos auxilien, fracasado Fernando Lugo en Paraguay, aunque fueron muchos los esfuerzos que hizo el otrora canciller Maduro Moros para mantenerlo en la presidencia.

Lo más patriótico que puede ocurrir, es el reemplazo constitucional y pacífico de los actuales gobernantes para solventar situaciones como las de Mercosur o la de los exiliados venezolanos, mas no caer en la trampa del oportunismo patriotero haciendo causa común con el origen de nuestros males. Coordinador de la fracción parlamentaria de Vente Venezuela en la Asamblea Nacional, organización que es parte de la Mesa de la Unidad, no compartimos la postura asumida por su secretario de asuntos internacionales, Timoteo Zambrano: por lo menos, debió consultar a todos los miembros para tamaño pronunciamiento, incluida a nuestra coordinadora nacional María Corina Machado.

@LuisBarraganJ


|*|: Pieza: David Mach.