Cada cierto tiempo, desde el poder, se enfilan las acusaciones contra José Antonio Páez. Nuestro interés no es hacer un panegírico. Sin embargo, al retratar un par de sus actuaciones tal vez ayude a tener una mirada menos maniquea sobre Páez. Si bien era indiscutible el papel de Páez como caudillo en el lapso 1830-1847, tal vez un ejemplo permita captar cabalmente un retrato de aquellos años, de intenso debate. Como nos recuerda Augusto Mijares, uno de los grandes ensayistas históricos del país, en 1839 el fundador de la Academia de las Matemáticas, Juan Manuel Cajigal, escribió un artículo de prensa que terminó disgustando a Páez. Dada la condición castrense de esta academia y del rango de comandante que poseía Cajigal, el caudillo ordenó que fuese destituido de la cátedra que ocupaba. El afectado apeló ante las autoridades de la universidad, así como ante la Junta de Inspección y Gobierno, sin retractarse de lo publicado. Finalmente se determinó que el desempeño de Cajigal no comprendía carácter militar sino puramente civil, por lo que el propio Páez debió revocar su decisión.

La Constitución de 1830, en su ar- tículo 194, establecía que "todos los venezolanos tienen derecho a publicar sus pensamientos y opiniones de palabra, o por medio de la prensa, sin necesidad de previa censura".

El 27 de abril de 1839 fue sancionada en el Congreso de Venezuela una nueva Ley de Imprenta, con la cual se derogaba la de 17 de septiembre de 1821. Tuvo muy pocas variaciones, una de las disposiciones refrendadas que mayor polémica levantó tenía que ver con la responsabilidad del impresor -además del autor- sobre aquello publicado. La ley se promulgó pese a la objeción del general Páez, presidente de la República en ese entonces, como nos lo recuerda Lucía Raynero. Le resultaba una restricción indebida el castigo de los impresores: "Siendo absolutamente libre a todo venezolano la facultad de publicar sus pensamientos por medio de la prensa, todo obstáculo que se ponga al impresor, bien amedrentándole, bien haciendo recaer sobre él las multas y prisiones, por el hecho de haber llevado a efecto la impresión, es una evidente coartación del derecho amplio de que gozan los venezolanos para publicar por la prensa sus ideas".

El debate planteado tiene plena validez incluso en el contexto actual. Se trata de que cualquier abuso cometido haciendo uso de la libertad de imprenta, no impusiera tales castigos que pusieran fin a las publicaciones, a lo cual podía llevar la ley poniendo parte de la carga en el impresor. Era necesario que se aplicasen penas justas. A fin de cuentas, tal como lo establecen las normas internacionales modernas, Páez planteaba que las responsabilidades fuesen ulteriores a la expresión y que ninguna sanción fuese tan fuerte que implicara el cese de un medio.

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