El terrorismo de Estado es una calamidad impuesta por quienes detentan el poder institucional aduciendo la defensa de “verdades absolutas” (por ejemplo el socialismo) que no solo excusarían, sino justificarían la aplicación de medidas coactivas violatorias de derechos humanos. Así lo define el filósofo y politólogo Ernesto Garzón Valdés en uno de sus libros llamado “Calamidades”. El terrorismo de Estado es una calamidad precisamente porque es una desgracia que resulta de acciones humanas intencionales, de esas que generan responsabilidades porque son acción de gobierno y decisiones que se quieren hacer pasar por políticas públicas.

Estamos sometidos por un régimen que nos quiere imponer por la fuerza un comunismo militar en donde se confunden lo peor de las experiencias izquierdistas con lo peor de las prácticas de la ultra derecha. Al fin y al cabo esos extremos se encuentran en la pretensión de invadir totalmente los espacios de autonomía de los individuos, de las familias, de las empresas, de la cultura, de la sociedad, para reducirnos a ser parte de un plan, o peor aún, de las reflexiones delirantes de un militar, supuestamente recogidas en un libro azul. El terrorismo de Estado es libreto que se aplica sin importar el contexto, sin pensar en atenuantes. Es, en suma, intentar alcanzar los objetivos sin tomar en cuenta ni los costos ni las formas; de una manera brutal.

Lo interesante de seguir los argumentos de Ernesto Garzón Valdés es que nos proporcionan sentido de realidad y nos indican que poco de lo que está ocurriendo es inédito o casual. Porque terrorismo de Estado es un tipo de ejercicio del poder estatal practicado en América Latina (en los períodos de dictadura)  que está caracterizado por las siguientes notas, y en todas ellas nos vemos reflejados con una claridad vergonzosa:

1. Afirmación de la existencia de una “guerra vertical” con un enemigo infiltrado en todos los niveles de la sociedad, que suele actuar como agente de una confabulación internacional cuya finalidad es la eliminación de valores aceptados como absolutos por quienes detentan el poder. Y la necesidad de responder con el terror y la movilización general a esa guerra. En eso consiste la invocación recalcitrante a la “guerra económica contra el socialismo y el legado de Chávez”. Esa excusa les concede el permiso de ir “con todos los hierros” contra los supuestos conjurados, a los que hay que acabar, con los cuales no cabe consideración alguna.
2. Delimitación imprecisa de los hechos punibles y eliminación del proceso judicial (y de los derechos humanos concomitantes) para la determinación de un delito. En eso consiste la realización de esas detenciones televisivas, de esas acusaciones de espectáculo, y esas órdenes que exigen vaciar anaqueles por usura. Ninguna de ellas está argumentada en base a la ley pero todas ellas están soportadas por el linchamiento que “merecen” los supuestos enemigos.
3. Imposición clandestina de medidas de sanción estatal prohibidas por el orden jurídico oficialmente proclamado. De eso se tratan los allanamientos, ocupaciones, desapariciones, extorsiones, torturas e imposición de la Fuerza Armada como principio y finalidad que no tiene límites ni éticos ni mucho menos legales.
4. Aplicación difusa de medidas violentas de la privación de la libertad, la propiedad, o la vida, sin importar grado de culpabilidad, porque la aplicación de la violencia indiscriminada y desproporcionada a víctimas inocentes contribuye a reforzar la eficacia del “terror”. No solo nos estamos refiriendo a detenciones, expoliaciones y otras arbitrariedades. También aludimos a la presencia activa e impune de colectivos armados que actúan por cuenta del régimen. Este fin de semana vimos como las bandas motorizadas hicieron el trabajo sucio de amedrentar y de oscurecer la parte final del proceso electoral. Allí están las fotos que corren en las redes sociales, las de los motorizados y las de la violencia y homicidio que lamentablemente provocaron.
5. Infundir en la población el temor fundado de que, en principio, nadie está a salvo de la coacción arbitraria por parte de los órganos gubernamentales y grupos paragubernamentales aliados. Dicen en Venezuela que en ese caso “todos tenemos un número marcado en la frente y en la espalda”. No importa estrato empresarial o condición social. Todos estamos amenazados por la violencia, la exclusión, la persecución, desaparición, involucramiento en procesos viciados, e incluso la muerte. Pregunten a jóvenes periodistas cómo se sienten, cómo viven a partir de una citación en la fiscalía.
6. La arrogancia con la que se imponen las medidas y la forma como transcurren episodios aparentemente republicanos como unas elecciones. La noche del domingo el CNE dio una demostración de esta característica cuando leyó los resultados con el evidente sesgo y desparpajo de quienes sienten que no tienen que negociar con nadie su falta de decoro. Y un poco antes la intervención de Diosdado, claramente articulado con lo que vendría después. Es la misma prepotencia con la que se desconoce a la mitad del país y con las que se impone un proyecto comunista que nadie quiere. Es la misma petulancia con la que se presentan ministros a insultar antes que a informar, a amenazar antes que responder responsablemente por las consecuencias de sus actos. Es la pedantería del que siente que no tiene que rendir cuentas.

Este tipo de gobiernos sabe que debe pagar el costo. Intentan compensarlo con ideología, propaganda y culto a la personalidad. Aquí hay una buena mezcla de todo, pero aliñada con la cooperación de la ignorancia que compra barato el cuento y se resiste a valorar apropiadamente los datos de la realidad. Empero, es bueno saber en qué consiste lo que estamos viviendo y cuál es la valoración ética que sufre este tipo de regímenes, lamentablemente típico de los populismos latinoamericanos. Son, ni más ni menos, una calamidad insufrible que luego de pasar pagan con creces sus desafueros. Ni uno solo ha pasado el juicio de la historia. Ninguno ha sido recordado por los pueblos que los sufrieron. En nuestro caso, ese será su destino.

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