Una “Gran Consulta Nacional” anunció el mes pasado la Presidenta encargada para atender los problemas en la administración de justicia y a los efectos creó una comisión para dirigirla.

El énfasis declarado es en la justicia penal “para hacerla más rápida y humana” y “fortalecer las garantías procesales”. La idea toca área necesarísima y como venezolano, además de abogado, no quisiera que se quedara como el proyecto de Ley de Reforma del Sistema de Justicia de 2022 encallado en primera discusión.

Lo verdaderamente importante es que esta vez no nos quedemos en las intenciones y tampoco que éstas se desvíen por otros derroteros de reacomodo político que no es lo que interesa al ciudadano que requiere el acceso a la justicia “gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita” que la Constitución le promete garantizar. El país necesita un poder judicial confiable para todos y no jueces “de confianza” de algunos, sea por poder, por plata o por ambas. 

Y es que en la Constitución está la guía, siguiéndola no hay modo de perderse. Precisamente apartarnos de ella nos ha metido en este brete ante el que según me han dicho, está muy inconforme la jefa del Ejecutivo. Y claro que la justicia penal es cuestión preeminente por su relación con la vida y la libertad de las personas, pero lamentablemente el problema es mucho más extenso y más profundo. Es uno de los aspectos más graves de la crisis venezolana. Los mayores retrasos están en la jurisdicción penal y penal de adolescentes y el mayor número de tribunales sin sentencia son los civiles y los de LOPNA que existe para proteger a niños, niñas y adolescentes. Hay casos estremecedores.

En la jurisdicción contencioso-administrativa lo patente, es que el gobierno nunca pierde, así que cada vez menos ciudadanos se deciden a demandar.  Y en otras la gente busca alternativas al proceso judicial.

Será necesario incrementar la inversión pública en la administración de justicia, lo que también requiere una racionalización y control del gasto. Más tribunales, fiscalías y defensorías. Revivir la carrera judicial, a la que se ingresa y asciende mediante concurso de oposición público, según la pauta constitucional. En el imperio de lo provisorio no existe. Emprender un programa de formación de jueces.

Estos son apenas unos datos muy parciales de un cuadro con ramificaciones complejas. La consulta puede y debe ser muy amplia, verdaderamente nacional que implica plural, abierta, más allá de los linderos oficiales o partidistas. Tiene que trascender a los actores actuales. Universidades, Academia, foros de opinión jurídica. También a los colegios de abogados y a partes interesadas como el empresariado, las organizaciones de los trabajadores y de derechos humanos.

La base del Estado de Derecho es la institucionalidad y su pilar es la confianza de los ciudadanos. Una justicia que funcione para todos es el cambio crítico porque si las garantías de la vida, las libertades, el trabajo, la propiedad se sienten seguras, la sociedad será sana y así su desarrollo que es para que toda la persona y todas las personas puedan acceder a un nivel cada vez más humano de vida. Y sería justicia.